La norma limita derecHos fundamentales

El Congreso aprueba hoy la 'ley mordaza' con el rechazo unánime de toda la oposición

El Congreso de los Diputados aprueba hoy definitivamente, tras su paso sin pena ni gloria por el Senado y con los únicos votos a favor del PP, la polémica Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana
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    El Congreso aprueba hoy definitivamente, tras su paso sin pena ni gloria por el Senado y con los únicos votos a favor del PP, la polémica Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza. La norma, que entrará en vigor de forma inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha suscitado el rechazo unánime de toda la oposición, encabezada por el PSOE, que considera que la nueva ley limita derechos fundamentales, como el de manifestación y reunión, y constituye un ataque frontal a las libertades individuales.

    Tras su paso inicial por la Cámara Baja, donde ya salió adelante en diciembre con el único apoyo del PP, el proyecto de ley fue enviado al Senado para una segunda lectura, y de nuevo fue aprobado, el pasado día 12, gracias a la mayoría absoluta de los populares, que se limitaron a introducir media docena de enmiendas, casi todas meramente cosméticas. La más relevante es la que abre la puerta a la regulación del registro de pasajeros en los aviones, una propuesta defendida por varios países de la UE para hacer frente a la llegada o retorno de terroristas yihadistas.

    La ley mordaza vuelve hoy al Congreso, y esta vez tampoco habrá sorpresas. El PP no ha logrado sumar un solo apoyo del resto de grupos parlamentarios a su sólida mayoría absoluta, que le bastará para sacar adelante el proyecto. Este prevé sanciones de hasta 600.000 euros para infracciones muy graves, como por ejemplo participar en "reuniones o manifestaciones, no comunicadas, en instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones". Eso significa que una concentración de protesta frente a un hospital o en un campus universitario estará prohibida a partir de ahora si no se comunica previamente.

    También se sancionará con 600.000 euros "la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso, el Senado y las asambleas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal". Además, a partir de ahora se concederá mayor valor probatorio a las denuncias formuladas por los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado: "Las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda".

    Con la entrada en vigor de la nueva ley, las faltas que hasta ahora se incluían en el Código Penal, y que por tanto se sometían a control judicial previo, serán castigadas con una mera multa administrativa. De esta forma, la última palabra no la tendrá ya el juez, sino la autoridad administrativa correspondiente, lo que podría colisionar con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. El PSOE ya ha anunciado que revocará la ley mordaza cuando vuelva a gobernar.

    "Esta ley es exactamente lo que parece: una ley mordaza que considera un peligro a todo ciudadano libre y crítico, y que no pretende castigar más, sino con menos garantías", afirma el diputado Ignacio Sánchez Amor, ponente socialista del proyecto de ley. "Esta ley recuerda a la vieja legislación franquista de orden público, y entre libertad y seguridad, opta claramente por la segunda", añade.

    Uno de los aspectos más polémicos de la nueva legislación que ha provocado el rechazo no sólo de la oposición parlamentaria, sino también de amplios colectivos sociales y de defensa de los derechos humanos, es el de las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes ilegales en las vallas fronterizas con Marruecos: "Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". Esta disposición se introdujo en la ley pese al criterio en contra del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.

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