El futuro de Torrespaña, los juzgados de Plaza de Castilla o el Registro, en el aire

Cinco meses antes de las próximas elecciones municipales, Ana Botella anuncia que no aprobará el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que promocionó su antecesor en el Palacio de Cibeles, Alberto Ruiz-Gallardón, por falta de tiempo. El Ayuntamiento de Madrid se había propuesto aprobar un nuevo plan urbanístico que marcara el crecimiento de la capital de la próxima década, pero ayer los dirigentes municipales dieron un paso atrás porque "los plazos van a estar muy ajustados". La revisión del Plan General no se ha retirado, y la alcaldesa de la capital emplaza a su sucesor –ella ya comunicó en septiembre que no repetiría– a que siga trabajando en la aprobación inicial del proyecto.

Fue Gallardón quien se comprometió en la campaña electoral de 2011 a aprobar en esta legislatura un nuevo Plan General que sustituyera el proyecto actual, aprobado en 1997. Tras su marcha al ministerio de Justicia, Botella nunca ratificó ese plazo y continuó avanzando en el desarrollo del citado proyecto. Entre otros cambios, el Ayuntamiento planteó una "red de naturaleza o ambiental" que incluía la creación de una red de "corredores o ejes urbano-ambientales" que unirían y darían continuidad a los espacios verdes de la ciudad.

Entre las actuaciones singulares que se planteó, figuraban un plan para la recuperación de bulevares, la renovación y rehabilitación urbana en el entorno del Madrid Río, un ámbito estructurante denominado Villaverde Tecnológico y la nueva centralidad Sur: Delicias-Méndez Álvaro-Abroñigal. Botella calificó entonces el proyecto de "liberalizador y flexibilizador" de todos los trámites de la planificación urbanística que actualmente "atenazan y retraen la inversión" en la ciudad.

El plan ahora paralizado, como adelantó ayer El País, también preveía dar a un centenar de unidades urbanísticas –parcelas y edificios– que ahora son dotaciones públicas –equipamientos administrativos, sanitarios, educativos...– un nuevo uso económico lucrativo para convertirlos en oficinas, hoteles o comercios. Se pretendía sacar rédito a un suelo destinado al servicio público, en una época en la que la crisis azota principalmente al mercado inmobiliario.

Entre los edificios públicos que planearon cambiar de destino estaban los juzgados de Plaza de Castilla, las instalaciones de Radio Televisión Española. Entre los inmuebles propiedad de la Comunidad de Madrid que se verían afectados están los de varias consejerías, como Presidencia, Sanidad, Transportes, Asuntos Sociales y hasta la Agencia de Calidad de las Universidades. (Ver Gráfico).

Otros inmuebles propiedad del Ejecutivo central que también estaban llamados a cambiar de uso eran: el palacio de Santa Cruz, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores; el Registro Civil; un edificio de Renfe; la Escuela Politécnica del Ejército; una librería de la UNED y hasta el parque móvil de los Ministerios en Cea Bermúdez.

Los vecinos aplauden la retirada

En este traspaso, se preveía que los empleados de estas instalaciones pasaran a otras instalaciones que estuvieran ubicadas en la periferia de la ciudad u otros inmuebles más económicos. De momento, los únicos que aplauden la medida anunciada ayer por Botella es la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), que ha expresado su alegría por que el Plan General "finalmente sea retirado, aunque las razones para hacerlo sean que no da tiempo para cumplir el trámite administrativo de su aprobación".

La FRAVM recordó ayer que exigió al Ayuntamiento de Madrid desde hace justo un año la retirada de la revisión del Plan, al considerarlo "unilateral", porque entendían que "no contaba con el consenso social y político que este tipo de normas requiere". Con el paso atrás de Botella, el futuro alcalde que la suceda ya tiene el primer fuego que apagar sobre su despacho del Palacio de Cibeles.