Adiós a los pactos de Estado: el PP aprueba en solitario la reforma judicial

El Gobierno ha encarrilado en las Cortes otra reforma institucional, la del Consejo General del Poder Judicial, destinada a simplificar, agilizar y ahorrar en su funcionamiento, pero lo ha tenido que hacer con toda la oposición en contra. El PSOE, IU y los nacionalistas rechazan que la mayoría de los miembros del órgano de gobierno de los jueces no tengan sueldo fijo, que se "amortice políticamente" la institución o que no se troceen sus competencias en consejos autonómicos. Pese a la exigencia de "pactos de Estado" en los últimos días, el PP ha hecho valer su mayoría absoluta y los socialistas han desechado los acuerdos en la materia y amenazan con recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional.

A las 24 horas del último llamamiento de Alfredo Pérez Rubalcaba a suscribir grandes acuerdos nacionales, el grupo socialista ha roto las conversaciones con el Gobierno sobre la reforma del Consejo del Poder Judicial pese a que el proyecto incorpora 38 enmiendas de la oposición, 25 de ellas del PSOE. En el debate previo a su votación, todos los portavoces de los distintos grupos excepto el popular han descalificado con dureza la iniciativa del Gobierno que entró en la Cámara en marzo, ahora sólo le resta pasar por el Senado y tiene que estar en vigor antes del verano para que la próxima renovación del CGPJ, ya más 'económico', se pueda acometer en septiembre.

El Consejo General del Poder Judicial se ha convertido desde hace casi 30 años en una especie de Parlamento paralelo, con sus 21 miembros repartidos por cuotas de partido poa la vía de asociaciones judiciales que disfrutan de un estatus de altos sueldos y dedicación exclusiva. El Gobierno intentó con el PSOE un acuerdo para su reforma admitiendo mayores cuotas de vocales de elección 'política' y no directamente entre los jueces (como había defendido tradicionalmente por el PP), pero las negociaciones se han estirado sin acuerdo alguno.

El Ejecutivo ha preferido al final centrarse en el ahorro y la simplificación del nuevo CGPJ para sacar adelante la reforma. En el texto aprobado ayer por el pleno del Congreso se incluye la propuesta del PP para que la Comisión Permanente esté compuesta por el presidente y por cinco vocales vocales, y no seis, como proponía en origen el Ministerio. Tres de ellos serán nombrados por el turno judicial y dos serán juristas de reconocida competencia. Serán los únicos que tengan dedicación exclusiva y "se procurará" su rotación anual. Se quedan sin sueldo fijo de vocales los otros 14 miembros del Consejo. 

Además, habrá una única vicepresidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, a diferencia de la primera intención del Gobierno para que cada órgano tuviera su propio vicepresidente. El funcionamiento del CGPJ en materia de acuerdos y nombramientos se agilizará con el sistema de mayoría absoluta en vez de con el de mayorías cualificadas.

El Gobierno no satisface con su reforma a ningún partido de la oposición, ni a las asociaciones de jueces, ni tampoco a la mayoritaria asociación de jueces (APM), decepcionadas porque se las tenga menos en cuenta que en el actual sistema de elección. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ausentó ayer en el Congreso durante el debate y en nombre del Grupo Popular fue su portavoz, José Miguel Castillo, el encargado de defender las virtudes de la nueva ley, que permitirá que el órgano de los jueces sea "más competitivo, plural y transparente”.

El diputado del PP acusó a los socialistas de estar siempre en contra del "consenso". "Tanto si proponemos un sistema de elección de vocales judiciales designados por los jueces como si ofrecemos un sistema de designación parlamentaria, no les gusta y nos acusan de contrarreforma e involución", remachó.

Por el PSOE, su portavoz en materia de Justicia, Julio Villarrubia, anunció un recurso de inconstitucionalidad en contra de la reforma por "asestar un golpe mortal" a la independencia del poder judicial y conllevar la "ocupación política" del órgano. Se refería a la decisión de poner fin al sistema de mayorías cualificadas.