Gómez Bermúdez deja en libertad a los activistas de Greenpeace que se colgaron del Congreso

El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha dejado en libertad a los ocho detenidos por encaramarse al Congreso de los Diputados este jueves, después de tomarles declaración durante una hora. El magistrado evita fijar un delito por el que se les imputa y lo deja abierto.

Según fuentes jurídicas, va a esperar a que el presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, le conteste al oficio que le ha remitido para que le especifique si esta actuación ha podido alterar el normal funcionamiento de la institución el Estado.

El instructor les ha fijado la obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado para controlarlos y los mantiene imputados, aunque se desconoce todavía por qué delito. Aun así, los ocho activistas de Greenpeace fueron detenidos por cometer presuntamente un delito contra las altas instituciones del Estado, que lleva aparejadas penas de hasta cinco años de prisión, tal y como viene recogido en el artículo 494 del Código Penal, que reza así: “Los que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años”.

Los ecologistas decidieron colgarse del Congreso de los Diputados para protestar contra la nueva Ley de Costas. Greenpeace ha denunciado la “falta de rigor” de esta reforma legislativa porque, a su juicio, una docena de núcleos costeros quedarán exentos de cumplir la ley, mientras que se reducirá la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos y se dejarán sin protección a algunos de los más importantes humedales costeros y dunas. Durante la acción, desplegaron una pancarta en la que se podía leer "El PP vende nuestras costas".

Cinco de los activistas intentaron acceder al perímetro interior del Congreso, actualmente protegido por las obras que se están realizando en la zona. Pretendían acceder a la puerta principal del edificio, habitualmente cerrada, para lo que llegaron a subirse a las vallas que actualmente rodean el perímetro. Los agentes reaccionaron con velocidad para bajarlos de ellas, pero al menos dos de ellos consiguieron burlar la acción de la policía y llegaron a encaramarse a lo alto del edificio aprovechando el andamiaje que hay en torno al mismo por las citadas obras.

Una ley con falta de rigor

"Otra prueba de la falta de rigor de la reforma es que desde el Ministerio de Medio Ambiente se reconoció a Greenpeace que no se habían dado cuenta de que el PP había incluido una enmienda según la cual hubiese sido posible legalizar el hotel de el Algarrobico", alerta la organización ecologista, aunque reconoce que la enmienda se corrigió en el último momento.

"Hoy es un día negro para el medio ambiente. El Congreso va a aprobar no sólo que el Ministerio de Medio Ambiente regale a unos pocos intereses privados la costa española, sino que actúe con imprudencia al no tener en cuenta, por ejemplo, la subida del nivel del mar. Es la culminación de las barbaridades de la burbuja inmobiliaria", según ha sentenciado la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.

La organización ecologista tampoco comprende cómo se puede aprobar una reforma que carece de una memoria económica que analice con rigor el coste económico de lo que va a suponer la reforma, dada la inseguridad jurídica que provocará, ya que dejará sin efecto cientos de sentencias firmes de los tribunales de Justicia que había ganado el Estado.

"Provocará un grave quebranto económico al erario público si ha de indemnizar a todos aquellos que perdieron sus casos durante los 25 años de aplicación de la ley", ha sentenciado.

Greenpeace presentará una queja ante la Comisión Europea para que estime si se han vulnerado la directiva europea sobre evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, la también directiva europea relativa a evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, o la directiva relativa a la conservación de aves silvestres, la directiva Hábitat, relativas a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, el convenio de Aarhus, la directiva de 2003 de medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.