LA SUPRESIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA O EL BLINDAJE DEL CASTELLANO

El Consejo de Estado vapulea nueve aspectos claves de la reforma educativa de Wert

Si ya de por sí eran pocos los problemas del ministro José Ignacio Wert, enfrentado con las comunidades ajenas al PP a causa de los rectores
Foto: El Consejo de Estado vapulea nueve aspectos claves de la reforma educativa de Wert
El Consejo de Estado vapulea nueve aspectos claves de la reforma educativa de Wert

Si ya de por sí eran pocos los problemas del ministro José Ignacio Wert, enfrentado con las comunidades ajenas al PP a causa de los rectores universitarios y con buena parte de la comunidad educativa, el Consejo de Estado acaba de asestar un duro varapalo a la reforma educativa que pretende impulsar cuestionando aspectos claves de la nueva ley. Entre los apartados señalados se encuentran el pretendido blindaje del castellano en Cataluña, la desaparición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, los nuevos criterios de división entre asignaturas troncales y de especialidad o incluso que un alumno pueda presentarse a la reválida final de la ESO con tres asignaturas suspendidas.

El varapalo político para el ministro que encierra el informe, de 181 páginas, es especialmente llamativo si se tiene en cuenta que el Consejo de Estado, cuyos dictámenes no son vinculantes, está controlado en la actualidad por el Partido Popular a través de su presidente, Romay Beccaría, exministro de Sanidad con Aznar y extesorero del Partido Popular. El dictamen, que fue aprobado por la Comisión Permanente del órgano el pasado jueves, no tiene ningún voto particular discrepante y está suscrito, entre otros, por Landelino Lavilla, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñon; Alberto Aza, exjefe de la Casa Real, y por los socialistas Fernando Ledesma y María Teresa Fernández de la Vega.

Eliminar el blindaje del castellano

Quizá una de las conclusiones más sorprendentes del dictamen es aquella en la que el Consejo de Estado aconseja eliminar del articulado de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) lo que Wert siempre ha defendido como un mecanismo para blindar la enseñanza del castellano ante aquellos padres que quieran matricular a sus hijos sólo en esta lengua

Según la actual redacción de la LOMCE, la comunidades deberán pagar la matrícula en centros privados de aquellos alumnos que no encuentren garantizado en el sistema público una educación en castellano como lengua vehicular. Este punto originó una importante batalla política con la consejera catalana del ramo, Irene Rigau, y movilizó a buena parte de la sociedad civil catalana, incluido el Barça, en defensa de su actual modelo de inmersión.

El dictamen recomienda ahora suprimir esta regla en el anteproyecto de ley. “Más allá de las dificultades técnico-jurídicas que podría conllevar su aplicación –destaca el informe-, no debería figurar en la ley, por afectar al ámbito de decisión de las comunidades autónomas con lengua propia, debiendo quedar en el marco de las medidas en su caso a adoptar por las Administraciones educativas cuando estas así lo decidan, en el supuesto de no disponer de otros medios o recursos para garantizar en la red pública el uso del castellano como lengua vehicular”.

Sin consenso

El Consejo, que es el máximo órgano asesor del Gobierno, cuestiona también la pertinencia de una nueva reforma educativa, la quinta en los últimos 40 años, que corre el peligro de nacer sin el consenso adecuado para que perviva más allá del actual Gobierno del PP. En este sentido, los consejeros hacen una clara admonición a Wert para que procure este clima de consenso si de verdad persigue una mejora de la calidad educativa. “El panorama descrito revela una falta de estabilidad en la regulación de las enseñanzas no universitarias durante las últimas décadas que no parece beneficiar a la consecución de una educación de calidad en España”, señala el dictamen. “Sería muy deseable que con motivo de esta reforma se tratara de alcanzar un acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales a fin de buscar un texto que pueda dar mayor estabilidad al sistema”.

Distinción entre troncales y específicas sin un claro sentido

El anteproyecto de la LOMCE establece una nueva diferencia entre las asignaturas consideradas troncales y de especialidad en función de criterios que carecen de suficiente justificación para el Consejo de Estado. Según se prevé actualmente en el articulado, se llaman 'troncales' aquellas cuya competencia en la regulación es estatal y de 'especialidad', aquellas cuya competencia cae en manos de las comunidades autónomas. Para el órgano consultivo, la distinción tiene sentido cuando existe un itinerario común para todos los alumnos e itinerarios específicos en función de la opción elegida. Y en este sentido, concluye que “la lectura del anteproyecto no permite deducir con claridad cuál es el criterio definidor, ni tampoco cuál es el sentido de la distinción entre asignaturas troncales y asignaturas específicas”.

Educación para la Ciudadanía, obligatoria

Este punto es, quizá, el segundo gran golpe moral asestado por el Consejo de Estado al borrador de la LOMCE, pues carga de argumentos al PSOE de cara a la futura tramitación parlamentaria de la norma. El Consejo cree que Educación para la Ciudadanía debería ser una asignatura obligatoria y no ofertarse, aun con diferente nombre, como alternativa a la Religión.

“Se prevé una asignatura llamada “valores culturales y sociales” (en ningún caso deberían ser valores culturales y sociales, sino éticos y sociales) en Educación Primaria y “valores éticos” en cada curso de ESO y, en todo caso, como específica obligatoria, aunque alternativa, a la asignatura de Religión. Ello significa que a lo largo de toda su formación obligatoria y posobligatoria los alumnos pueden no haberla cursado. “Acaso procedería imponerla como obligatoria en algún momento, pues han sido numerosos los acuerdos y recomendaciones, suscritos por España, del Consejo de Europa y de la Unión Europea desde 1997 en el sentido de propugnar como objetivos de los sistemas educativos de la Unión el velar por el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa”.

No promocionar con tres suspensos

Una de las principales novedades que incluye la nueva reforma educativa es la previsión de llevar dos reválidas, una al final de la ESO y otra al término del Bachillerato, cuya superación es necesaria para obtener el título de grado. El órgano que preside Romay Beccaría considera, sin embargo, que es incoherente con el objetivo que la ley persigue, el de mejorar la calidad de la educación, que un alumno pueda presentarse a esta prueba, en la ESO, con tres asignaturas suspendidas.

 “No es coherente con el objetivo de esta prueba que puedan presentarse a esta evaluación aquellos alumnos que hayan obtenido evaluación negativa en un máximo de tres materias. Esta regla, ya prevista en la Ley Orgánica 2/2006, no constituye precisamente un estímulo para el estudio de los alumnos y, por tal razón, el departamento ministerial proponente debería replantearse su mantenimiento”.

A favor de no dividir Humanidades y Ciencias Sociales

El dictamen también propone la posibilidad de que el Ministerio se replantee la división del actual Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales en dos modalidades distintas, tal y como prevé el anteproyecto de ley. Una división que, en todo caso, según el Consejo, iría en detrimento de la formación de los estudiantes y de las propias Humanidades. 

“Ante todo debería sopesarse este desdoblamiento ya que, en realidad, la única diferencia que existe entre el bachillerato de Humanidades y de Ciencias Sociales es la asignatura Matemáticas/Latín. No parece tener demasiado sentido al obligar a una opción entre modalidades tan interconectadas o cercanas, privándose así además de una formación humanística a los alumnos, que probablemente, por razones prácticas, opten por ciencias sociales. Debería, por tanto, pensarse si mantener la modalidad única de Ciencias Sociales y Humanidades y establecer como materias troncales tanto las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales como el Latín”.

Dudas sobre las pruebas propias de las universidades

La LOMCE también prevé que las universidades puedan realizar pruebas propias diferentes a la Selectividad para seleccionar a sus alumnos. Esto, según el Consejo, introduciría “un elemento de discrecionalidad que podría perjudicar el tratamiento uniforme de los alumnos”. “Este riesgo se hace patente de manera especial con las denominadas evaluaciones específicas de conocimientos y/o competencias que, aun de forma excepcional, podrán realizar las universidades, máxime teniendo en cuenta la dificultad e imposibilidad que pueden tener algunos alumnos para acudir a estas pruebas cuando exista una coincidencia o cercanía de fechas entre las realizadas por los centros de preferencia”.

Asignaturas que no deben desaparecer

Los consejeros creen también que las Administraciones educativas deben ofertar, de forma obligatoria, algunas materias optativas que, con la actual redacción del proyecto, no estarían plenamente garantizadas tanto en Primaria y Secundaria como en Bachillerato.

“Parece aconsejable que, aun cuando estas áreas sean optativas para los alumnos, su oferta siga siendo obligatoria. Lo mismo puede decirse de las áreas de Cultura Clásica y Segunda Lengua Extranjera, que el anteproyecto también contempla como materias optativas de oferta voluntaria por las Administraciones educativas. La trascendencia de estas áreas justificaría que, aun siendo optativas para los alumnos, se mantenga el carácter obligatorio de su oferta”.

Mejorar la memoria económica

El informe advierte, por último, que la memoria económica que acompaña a la ley es insuficiente. “Entiende el Consejo de Estado que la clarificación por el Gobierno de los costes efectivos del anteproyecto de ley y la fijación, siquiera sea sumaria, de los compromisos en el tiempo para su financiación, contribuirán a enriquecer el debate desde el punto de vista social e institucional”. Por ello, recomienda que la ley dedique el título VIII al régimen de recursos económicos. 

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