Mas sigue su larga marcha sin freno hacia la independencia

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, tiene una hoja de ruta clarísima en su larga marcha hacia la independencia. Se apoyará, para ello, en la consulta independentista, en los instrumentos para poder realizarla y en “estructuras de Estado” que va creando poco a poco. “No queremos ni podemos renunciar al derecho a decidir y a la consulta soberanista”, dijo ayer, cuando hizo balance de los primeros cien días de Gobierno de esta legislatura.

Para sus reivindicaciones, Mas se basa en un informe de 59 páginas, elaborado este mes de marzo por el Instituto de Estudios Autonómicos, que detalla que la exigencia del “derecho a decidir no es una reivindicación creada artificiosamente por unas minorías políticas o sociales ni responde a motivos coyunturales” -como la crisis económica actual, a pesar de que este factor, sin duda, pudo haber incidido en esta reivindicación-.

Señala también el texto que tanto el principio del Estado de Derecho y el principio democrático, al estar amparados por la Constitución, obligan a “realizar la consulta a través de alguno de los procedimientos previstos legalmente”. Y es concluyente al afirmar que “una hipotética negativa del Estado a convocar la consulta, a autorizarla o a permitir que se realice situaría la cuestión en el ámbito puramente político y abriría a la Generalitat la posibilidad de utilizar legítimamente las vías alternativas de convocatoria de consultas (a través de consultas ‘no oficiales’, elecciones ‘plebiscitarias’, etcétera), que podrían ser implementadas, entre otras cosas, a través de declaraciones unilaterales del Parlamento autonómico”.

La principal herramienta: controlar el dinero

El camino de Mas, pues, no tiene marcha atrás y, por ello, ha comenzado a forjar las estructuras que necesita para que Cataluña funcione autónomamente. La primera y principal herramienta es el control del dinero público. En esta legislatura, el Gobierno catalán ha creado, por primera vez, la Secretaría de Hacienda. El propio president reconoce que es “la principal herramienta” con la que cuenta. Su prioridad será organizar la futura Agencia Tributaria Catalana (ATC), al frente de la cual pondrá en breve a un economista de peso “para enfocar el proceso soberanista”.

En su balance de los 100 días de gobierno, lo dejó muy claro: “Próximamente, se nombrará al responsable del programa de lo que ha de ser la ATC para enfocar el proceso”. No lo dijo en su comparecencia, pero en los documentos del balance realizado por el Gobierno se prevé también iniciar “los procesos de convocatoria de inspectores tributarios”.

No es el único elemento. Mas tiene ya listo un organismo público encargado de controlar los derechos de propiedad, “que será el embrión de la sociedad de los derechos de autor de Cataluña”, al margen de España. Para ello, el Gobierno utilizará el decreto de registro de entidades que gestionan los derechos de propiedad intelectual.

Los consejos asesores

El presidente catalán contará también con el Consejo Asesor para la Transición Nacional, órgano de consulta creado recientemente que tiene 12 miembros, además de su presidente, Carles Viver i Pi-Sunyer. “Se constituyó hace poco [el pasado 28 de marzo se publicó en el diario oficial su composición] y, dentro de pocos días, se oficializará en una reunión solemne aquí en el Palau de la Generalitat. Este Consejo Asesor es el que ha de estar al lado del Gobierno para ir aconsejándonos sobre la mejor manera de enfocar la futura consulta. Y nos ha de aportar ideas, datos, luz, sobre cómo llevar este tipo de procesos desde el punto de vista del marco legal, de la incidencia económica, de las relaciones internacionales y de la creación de una mayoría social en Cataluña a favor de este proceso”.

No es el único Consejo Asesor, ya que durante el mes de abril quiere constituir la Comisión Nacional del Derecho a Decidir. “No es un Consejo Asesor del Gobierno, sino la gran comisión nacional donde estarán todos los partidos políticos que están a favor del derecho a decidir y todos los representantes significativos de las entidades de la sociedad catalana a nivel de entidades que quieran participar para crear un gran órgano de país que vaya conduciendo este proceso”.

En el área de Exteriores, la Generalitat cuenta con un secretario de Asuntos Exteriores que convirtió el Patronato Catalunya Món en el organismo PCM-Diplocat, una entidad que, según los documentos del Gobierno, “desarrolla una estrategia pública dirigida a la sociedad civil internacional”. Esto es, realizar una actividad diplomática paralela a la española no sólo para atraer inversiones, sino para encontrar aliados del proceso soberanista más allá de las fronteras nacionales. Mas detalló ayer que a nadie le ha de extrañar que “cualquier territorio, no sólo Cataluña”, necesite representación en el extranjero, por lo que “ha de tener herramientas para desarrollar su acción exterior”.

Estas son sólo algunas de las estructuras de Estado de Mas. Además, dentro de la actividad  legislativa normal, prepara una segunda Ley Ómnibus de simplificación de la Administración que afectará especialmente a los Gobiernos municipales, prepara la modificación del Código de Consumo, la Ley de Formación Profesional y negocia dos leyes básicas: la del Acceso a la Información y Transparencia y la Ley Electoral Catalana. No hay que olvidar que esta es la única autonomía que no tiene una ley electoral propia.

La más mimada por el Gobierno catalán, sin embargo, es la Ley de Consultas no Referendarias, con la que quiere establecer un marco legislativo propio a través del que dará cobertura legal al referéndum independentista del 2014.