Estrasburgo, más escandalizado por la liberación de violadores que de etarras

El Gobierno confía en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acabe dándole la razón en el caso de la etarra Inés del Río, que será decisivo para el futuro de la doctrina Parot. Las sensaciones en el Ejecutivo son positivas, tras la vista celebrada por la Gran Sala del TEDH el pasado 20 de marzo, para analizar el recurso interpuesto contra una primera decisión de este órgano que dio la razón a Del Río. Fuentes oficiales del Ministerio del Interior aseguran que la Abogacía del Estado considera que existen muchas posibilidades de revertir el dictamen inicial de Estrasburgo.

La posición del Gobierno sigue siendo de prudencia, pero la estrategia de los departamentos de Interior y Justicia para concienciar a los 17 magistrados que componen la Gran Sala de Estrasburgo de los efectos que tendría la derogación de la doctrina Parot podría haber dado resultado. Los abogados del Estado recordaron a los magistrados que su decisión puede dejar automáticamente en libertad a 77 peligrosos criminales, entre los que figuran etarras, violadores y otros atroces asesinos.

Los representantes del Estado en la vista hicieron hincapié en que este cambio legal ha permitido alargar la estancia en prisión de 54 sanguinarios etarras, entre los que se encuentra la propia Inés del Río, histórica militante del comando Madrid, y también otros miembros de la banda con decenas de muertes en su trayectoria, como Domingo Troitiño, José Antonio López Ruiz, Kubati, y José Carlos Arruti Azpitarte, Paterra.

Inquietud por la oleada de excacerlaciones

Pero los abogados del Estado también advirtieron a la Gran Sala de Estrasburgo que de su decisión final depende la liberación masiva de salvajes violadores y otros asesinos, entre ellos, el violador del ascensor de Valladolid, Pedro Luis Gallego, el asesino de la niña de nueve años Olga Sangrador, Valentín Tejero, y el único condenado por la muerte de las niñas de Alcasser, Miguel Ricart. Pablo Manuel García Ribado, que violó a más de 80 mujeres en sólo tres años, también quedaría libre. Sólo la aplicación de la doctrina Parot ha permitido que todos ellos sigan encarcelados.

Jorge Fernández Díaz, ya ha adelantado que, en caso de una sentencia desfavorable, el Gobierno recurrirá a “ingeniería jurídica” para tratar de mantener a estos delincuentes en prisión durante todo el tiempo que sea posible

El Gobierno confía en que este mensaje y la advertencia sobre la alarma social que causaría en España una oleada de liberaciones de estos criminales haya calado entre los miembros del TEDH. Según las fuentes consultadas, Interior cree que Estrasburgo será especialmente sensible con el efecto de su decisión en el caso de los violadores, incluso más que con su incidencia en la situación penal de los 54 etarras a quienes se les ha aplicado este cálculo de penas.

La doctrina es fruto de una sentencia del Tribunal Supremo de 2006 que fue ratificada posteriormente por el Tribunal Constitucional. El dictamen modificó el cómputo de las penas de los delincuentes más peligrosos. En lugar de aplicar los beneficios penitenciarios sobre el máximo total que en España un criminal puede permanecer en la cárcel, 30 años hasta 2003, el Supremo consideró que las ventajas penitenciarias debían contabilizarse sobre el total de la pena impuesta por los jueces. En la práctica, la doctrina ha permitido prolongar la pena de prisión de peligrosos delincuentes con condenas incluso milenarias que, con la jurisprudencia anterior, estarían durmiendo en su casa sin llegar a cumplir los 20 años de cárcel.

El Gobierno defiende su encaje en la Convención Europea

El TEDH tiene la última palabra. La sentencia definitiva sobre el caso Inés del Río aún se demorará varias semanas. El dictamen podría suponer el fin de la doctrina porque la legislación española se encuentra adherida a la Convención Europea de Derechos Humanos desde 1978. Las resoluciones del TEDH deben tener, en principio, una traslación directa en las decisiones de los tribunales españoles.

Interior cree que Estrasburgo será especialmente sensible con el efecto de su decisión en el caso de los violadores, incluso más que con su incidencia en la situación penal de los 54 etarras a quienes se les ha aplicado este cálculo de penas

En la primera sentencia sobre el caso, los jueces de Estrasburgo consideraron que esta interpretación de las penas suponía un cálculo retroactivo de las condenas que generaba indefensión a los criminales, contraviniendo así los artículos 5.1 y 7 de la Convención Europea. Pero el Gobierno espera que los magistrados tengan en cuenta los nuevos argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado. En la vista defendieron que la jurisprudencia del Supremo no afecta a la pena impuesta en origen por los tribunales  correspondientes y que se trata de una doctrina que respeta los principios fundamentales de la Constitución Española, enmarcada a su vez en la Convención Europea. Para los abogados del Estado, derogar la doctrina Parot sería una incongruencia, por el respeto jerárquico que se les presupone a estas normas.

En el caso de que el TEDH se reafirme en su dictamen inicial y dé la razón de forma definitiva a Inés del Río, el Ejecutivo espera que al menos la sentencia se circunscriba únicamente a este caso para evitar que tenga un efecto inmediato en la situación del resto de delincuentes a quienes se ha aplicado este cómputo de los beneficios penitenciarios. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya ha adelantado que, en caso de una sentencia desfavorable, el Gobierno recurrirá a “ingeniería jurídica” para tratar de mantener a estos delincuentes en prisión durante todo el tiempo que sea posible. Otros expertos también han cuestionado que la resolución de Estrasburgo deba tener un efecto inmediato en las resoluciones de los tribunales españoles.