Empresarios se reúnen con Gallardón y le exigen medidas urgentes contra los robos

La oleada de robos en los comercios no cesa, y los comerciantes están desesperados ante la ineficacia de las leyes actuales, que dejan en la calle a los ladrones. Empresarios españoles alertan de que en 2012 los robos, hurtos y atracos en los comercios especializados, es decir, joyerías, perfumerías, gasolineras, farmacias o tiendas de telefonía móvil, han provocado unas pérdidas de entre 600 y 800 millones de euros. Policía y Guardia Civil están preocupados por el ascenso de estos delitos y han lanzado una advertencia al ministro de Justicia. O se toman medidas para paliar esta situación o denunciarán a España ante la Unión Europea.

Responsables de comercios y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantuvieron ayer una reunión con Alberto Ruiz-Gallardón, su secretario de Estado, Fernando Román, y responsables de su gabinete técnico. El asunto es urgente porque con la legislación vigente existen muchas trabas para enviar a prisión a los miembros de grupos organizados de criminales responsables de estos robos.

Las asociaciones policiales han propuesto soluciones de parcheo hasta que la reforma del Código Penal entre en vigor. Una pieza clave también va a ser la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El ministro de Justicia les ha prometido, según fuentes presentes en la reunión, hacerles partícipe en la elaboración del texto.

En asuntos de delincuencia patrimonial organizada es complejo que un juez envíe a los autores a prisión provisional. Según las mismas fuentes, el delincuente queda en libertad al día siguiente de ser arrestado. Durante el tiempo de espera hasta el día del juicio, el delincuente sigue atacando los comercios. Da igual que sea detenido de nuevo porque, al no existir una coordinación entre juzgados, no se puede saber el número de hechos delictivos que los miembros de estas organizaciones pueden llegar a cometer.

Entre los comerciantes existe una “auténtica” desesperación ante esta situación que, lejos de mejorar, cada vez va a peor y está provocando el cierre de comercios. Sólo en Madrid se produjeron en tiendas especializadas el pasado año 1.300 robos, sin tener en cuenta los hurtos en centros comerciales y supermercados.

Las fuerzas de seguridad han propuesto una serie de medidas para parchear esta lacra hasta que las reformas legislativas endurezcan las penas a este tipo de delincuentes. Entre otros puntos, consideran esencial que entre en vigor el registro de faltas para conocer los antecedentes penales y las causas pendientes de los arrestados, así como la aprobación de medidas cautelares más duras que eviten que los implicados sigan cometiendo delitos.

La advertencia a Gallardón es clara. Si no se ataja este problema de manera inmediata y se toman medidas contundentes denunciarán ante Europa la indefensión que produce el sistema judicial español a sus ciudadanos.

Esta reunión se produce pocos días después de que la Guardia Civil haya desarticulado una red criminal en Madrid, compuesta por miembros de nacionalidad rumana, dedicada a robos en joyerías y otros establecimientos comerciales en diversas provincias del territorio nacional. La organización se dedicaba a la comisión de robos con fuerza en joyerías, estancos y otros establecimientos comerciales ubicados en pequeñas poblaciones. Para ello, neutralizaban los sistemas de alarma mediante inhibidores de frecuencia, forzaban las puertas o ventanas con gatos hidráulicos y, provistos de pasamontañas, linternas y trasmisiones portátiles, se apropiaban de objetos de valor y de fácil salida en el mercado clandestino como joyas, dinero, material informático o tabaco.