La Audiencia Provincial de Madrid reactiva la investigación del “caso Interligare”

Tras diez meses de idas y venidas, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que la investigación sobre la presunta existencia de una red corrupta con conexiones en el Ministerio del Interior, conocido como “caso Interligare”, sea dirigida por la magistrada Cristina García, titular del juzgado de instrucción número 3 de Aranjuez, que se negaba a hacerse cargo de esta “patata caliente”.

El caso arranca el 3 de noviembre de 2011, cuando dos policías a las órdenes del comisario Jaime Barrado, jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), presentaron en el citado juzgado una diligencia informe que acusaba a los consejeros de Interligare Gabriel Fuentes, excomisario general de Información, y Miguel Ángel Fernández Rancaño, exjefe superior de Policía de Madrid, de haber falseado documentos oficiales de Hacienda y de la Seguridad Social para ocultar las deudas que la empresa tenía con ambos organismos y poder así contratar con Interior aprovechando sus relaciones en el departamento. Su contacto en el ministerio era, según los investigadores, el comisario Luis Luengo, director de Infraestructuras, cuyos dos hijos trabajaban en la compañía.

Los agentes a las órdenes de Jaime Barrado pidieron a la jueza la detención de los citados exaltos cargos, pero ésta se quitó la causa de encima inhibiéndose a favor de los juzgados de Madrid con la excusa de que la investigación no solo afectaba a Interligare, que tiene su sede en Aranjuez, sino también a otras dos empresas vinculadas a la misma: JMJ Compexsystem Lab S.L y Garabo Sic Group S.L., con domicilio social en la calle Génova de Madrid, frente a la sede del PP. Barrado sostenía como hipótesis sin contrastar que desde dichas compañías se podía haber espiado a los dirigentes populares. 

Fraude a la Seguridad Social

La magistrada rechazó el recurso del fiscal contra su inhibición y éste recurrió a la Audiencia Provincial, que ahora le ha dado la razón. En un auto fechado el pasado día 6, la Sección Segunda dice que del informe pericial de la UDEF (la denuncia) se desprende que el delito más grave de todos los que se imputan a los acusados es el de fraude a la Seguridad Social (no especifica cuáles son los otros), cuya competencia corresponde a los juzgados de la localidad en la que la empresa defraudadora tenga su sede social.

El impago atribuido a Interligare es de 3.185,59, 4.129,24 y 472.140,90 euros, respectivamente, aunque la Audiencia dice que hay que determinar si dicho impago se ha intentado ocultar con la manipulación de documentos oficiales o, por el contrario, “existe el impago pero la deuda está reconocida, lo que constituiría un hecho impune”. Para aclararlo se ha solicitado un informe a la Tesorería General de la Seguridad Social.  

Uno de los acusados, el comisario Gabriel Fuentes, manifestó semanas atrás a este diario que estuvo en la compañía solo el año 2009, y que para entonces Interligare ya tenía contratos con Interior. Luis Luengo, por su parte, afirmó que cuándo él se hizo cargo dirección de Infraestructura, en julio de 2007, el ministerio ya trabajaba con dicha firma. 

La investigación policial sobre Interligare se conoció después de que el Jaime Barrado fuese cesado de su cargo por el nuevo equipo del ministerio. El pasado julio el comisario se entrevistó con el inspector Pedro Agudo, jefe de gabinete de Ignacio Cosidó, director de la Policía, a quien trasladó que quería ser repuesto en su destino porque estaba a punto de concluir una investigación muy importante, y que si no era así haría la “guerra” por su cuenta.  

La Unidad de Asuntos Internos, que investiga los casos de corrupción en el Cuerpo, denunció a Barrado por amenazas y coacciones en el juzgado de instrucción número 25 de Madrid y días después el diario El Mundo desveló las investigaciones sobre Interligare.