Las CCAA sabotean la reforma sanitaria de Mato a menos de 24 horas de su entrada en vigor

A menos de 24 horas de que entre en vigor la reforma sanitaria impulsada por Ana Mato en el Real Decreto de medidas urgentes aprobado el pasado 20 de abril, la normativa hace agua por el boicot de buena parte de las comunidades autónomas rebeldes, tanto del PP como del PSOE, para no aplicar la exclusión a los 'sin papeles' del aseguramiento. El Sistema Nacional de Salud comenzará el mes de septiembre convertido en un reino de taifas en el que unas regiones aplicarán la normativa a su antojo, mientras que otras optarán, directamente, como es el caso del País Vasco, por “desobedecer” al Ministerio.

“Es un reflejo de cómo va este país”, explican con indignación fuentes del PP, ante la proliferación, en las últimas horas, de los diversos criterios que piensan aplicar las comunidades autónomas para sortear la exclusión de los ‘sin papeles’. “Tenemos un Gobierno que no puede imponer un sistema único en todo el país y que ha salido escaldado en el tema del aseguramiento”, reconocen. En total, ocho comunidades, entre ellas Galicia y Castilla y León, gobernadas por el PP, han confirmado que seguirán atendiendo a los inmigrantes irregulares, algunas de ellas sin especificar cómo. Castilla y Léon, por ejemplo, avisó ayer que intentará cobrar el servicio a quienes pueda asumiendo, sin embargo, que buena parte de esos casos caerán en “el cajón de los impagados”, tal y como reconoció el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

El presidente de la Xunta, el popular Alberto Núñez Feijóo, se comprometió ayer a que su región continúe asistiendo, tanto en urgencias como en los centros de salud, a los inmigrantes que acrediten que carecen de recursos y que estén empadronados antes del 1 de septiembre, lo que beneficiará a unas 9.000 personas. Galicia lo hará a través de un documento expedido por el Servicio Gallego de Salud solo para quienes estén censados en su comunidad y tengan ingresos no superiores a 532 euros, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

El Real Decreto que mañana entra en vigor establece que  los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España  solo recibirán asistencia sanitaria de urgencia por accidente o enfermedad grave y de asistencia en el embarazo, parto y postparto. Los extranjeros menores de 18 años, sin embargo, recibirán asistencia en las mismas condiciones que el resto de los españoles.

Aquellas personas que pierdan su condición de asegurado podrán obtener la prestación de asistencia sanitaria mediante el pago de la contraprestación o a través de la cuota derivada de la suscripción de un convenio especial. Los extranjeros entre 18 y 64 años abonarán, en este sentido, 710,40 euros al año (unos 59 euros al mes, aproximadamente), y los de más edad, 1.864 euros.

Sin especificar cómo

Las comunidades socialistas de Andalucía, País Vasco y Asturias mantendrán la atención a los inmigrantes indocumentados, aunque no han aclarado todavía cómo. La que más lejos ha llevado su boicot a los recortes de Mato ha sido el País Vasco que, por boca de su consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, anunció ayer que va a “desobedecer” la ley para que  los ‘sin papeles’ sigan “siendo atendidos como debe ser”.

Cataluña, por su parte, especificó ayer que garantizará la misma atención sanitaria que hasta ahora a las 180.000 extranjeros que se calcula van a perder su condición de asegurados a partir de mañana. Para ellos, la Generalitat abrirá un plazo de seis meses para regulen su situación. Los que tengan tarjeta sanitaria deberán acreditar que hace más de tres meses que están empadronados y se les proporcionará un documento únicamente válido en Cataluña. Los inmigrantes recién llegados, por su parte, solo tendrán acceso a lo que garantiza el real decreto, aunque cuando acrediten más de dos años de residencia en Cataluña podrán tener acceso a la atención especializada hospitalaria no urgente siempre que se compruebe que no se trata de casos de turismo sanitario.

Solo el Ministerio puede otorgar tarjetas sanitarias, por lo que las comunidades que quieran seguir prestando servicios a los inmigrantes tendrán que hacerlo a través de otras medidas solo válidas en sus respectivas regiones. El resto de las comunidades gobernadas por el PP han decido seguir al pie de la letra el decreto y atenderán a los inmigrantes, pero les cobrará. Navarra, regida por Unión del Pueblo Navarro (UPN), ha habilitado, por su parte, ayudas para cubrir el coste de quienes acrediten no poder pagar la tasa requerida. Para ello no podrán ganar más de los 532 euros fijados por el Iprem y deberán tener, como mínimo, un año de empadronamiento y carecer de antecedentes penales.