La Generalitat deberá recortar todavía más el sector público para recibir la ayuda del Gobierno

El Fondo de Liquidez Autonómico al que ahora recurre la Generalitat de Cataluña es un mecanismo de intervención ideado por el Ministerio de Hacienda y aprobado por el Gobierno el pasado 20 de julio precisamente para acabar con el déficit de los gobiernos regionales más endeudados. Supone el control directo, mensual y constante de las cuentas y condiciona la inyección de dinero a recortes de gasto concretos. Hacienda se ocupa de que la autonomía intervenida pueda pagar a sus funcionarios, pero obliga a liquidar o reducir el sector público dependiente del gobierno autonómico de turno.

El Gobierno aprobó primero la ley de estabilidad presupuestaria para desarrollar la reforma constitucional pactada el pasado agosto entre el PP y el PSOE que consagraba el principio de que el Estado no vuelva a incurrir en déficit (gastar lo que no tiene) como ocurrió desde 2008 hasta el pasado ejercicio con el resultado conocido. Después, a través de créditos del ICO y con el plan de proveedores, el Gobierno ha tenido que socorrer a las autonomías que no podían hacerse cargo de sus facturas atrasadas ni del salario de sus empleados. Pero desde julio toda ayuda está condicionada a recortes constatables para garantizar que los gobiernos regionales cumplen su objetivo de déficit para este año: un 1,5%.

Cataluña presenta los mayores desequilibrios financieros y de deuda, pero también es la comunidad autónoma con un aparato político, burocrático y de intervención económica más caro. Esto es, tiene más de dónde recortar porque está concebido como un germen de Estado independiente que cuenta hasta con un servicio diplomático propio en el exterior.

Lo que en otra autonomía serían medidas de ajuste económico para los nacionalistas catalanes pueden ser exigencias 'políticas' si se ven obligados a suprimir organismos, fundaciones, entes, observatorios y demás fórmulas de extensión del sector público paralelo o tutelado desde la Generalitat. De hecho, el gobierno de Artur Mas se ha inclinado por tomar las medidas más drásticas que se han tomado en España para reducir el gasto sanitario (el euro por receta) en vez de reducir aparato político o propagandístico.

Los ‘hombres de Montoro’

Como hace la 'troika' con los países de la UE intervenidos, el Ministerio de Hacienda fijará condiciones financieras, fiscales y presupuestarias una vez que el gobierno autonómico catalán, como el murciano o el de la Comunidad Valenciana, empiece a recibir inyecciones de liquidez. De entrada, los planes de ajuste en marcha serán revisados y pactados con los representantes del Gobierno central que podrá, además, enviar equipos de funcionarios e inspectores a vigilar sobre el terreno las cuentas. Hacienda decidirá sobre las partidas de gasto que se reducen o eliminan así como sobre posibles subidas de impuestos y tasas.

La comunidad autónoma que recurra al fondo de liquidez tampoco podrá emitir valores ni pedir créditos (salvo permiso expreso de Hacienda), deberá comunicar todas las operaciones de crédito a corto y largo plazo y cederá a la Administración Central, con cargo al crédito concedido, la gestión del pago de sus vencimientos de deuda. Los recursos de su sistema de financiación responderán de la devolución del rescate.

Pero el problema, sobre todo con Cataluña, provendrá del requisito de reducir el peso del sector público tutelado por los gobiernos autonómicos que llevan años acumulando organismos de intervención sobre la economía y la sociedad, por la vía directa o de las subvenciones. Es el capítulo que el Gobierno de Rajoy considera de más urgente liquidación para cumplir con los objetivos de déficit público sin tocar los servicios esenciales para el ciudadano: sanidad, justicia, educación y seguridad.

El ejemplo de Valencia

En fuentes del PP ponen como ejemplo de saber discriminar entre los gastos imprescindibles y los prescindibles la gestión de Alberto Fabra en la Comunidad Valenciana, que no ha dudado en meter la tijera a fondo en la televisión autonómica para ajustar su déficit.

Las comunidades autónomas 'rescatadas' tendrán que tomar decisiones de ese tipo (prescindir de empresas y empleados públicos no funcionarios) para cuadrar sus cuentas a cambio de esa inyección de liquidez que les permita hacer frente a sus pagos y gastos ordinarios. Si no cumplen con sus compromisos, Hacienda puede imponer correctivos económicos o intervenir toda la gestión económica del gobierno regional incumplidor.