Los funcionarios acusan al Gobierno socialista asturiano de ser “más papista que el PP”

Los sindicatos de funcionarios asturianos echan pestes del Gobierno regional socialista tras su primera reunión para aplicar el decreto de Mariano Rajoy sobre el incremento de horarios de 35 a 37,5 horas semanales. Las centrales amenazan con tomar las calles y aseguran que el Ejecutivo asturiano “es más papista que el PP” a la hora de aplicar el decreto, sin margen alguna de negociación, sobre todo, en Sanidad y Educación.

Si los sindicatos hubieran conocido el 25 de marzo las dificultades para llegar a un acuerdo con el Gobierno socialista del Principado en materia de incremento horario, posiblemente no hubieran recibido con tanto alivio la victoria de Javier Fernández en las elecciones anticipadas de la pasada primavera.

Ayer, las reuniones de las mesas de la función pública en Educación y Sanidad arrojaron un balance desolador y una ruptura casi total. Los sindicatos entienden que la obligatoriedad de ampliar la jornada sin posibilidad de margen de maniobra para hacerlo de forma discrecional, es una interpretación de la ley del Gobierno central "muy restrictiva" y alejada de cualquier intención negociadora. Además, supondría, según las centrales, pérdidas de más puestos de trabajo todavía.

El prólogo de la negociación de este incremento horario apuntaba a un acuerdo satisfactorio para las partes e, incluso, llegó a plantearse la posibilidad de que el decreto no se materializara en la línea que el Gobierno de la nación había ordenado. Los sindicatos llegaron a reclamar al Ejecutivo que se mostrara insumiso a la ley de la Administración central y no aplicara el aumento horario, lo que llegó a ser considerado por representantes del partido en el Gobierno en algunas declaraciones a los medios de comunicación.

Pero fue a la hora de llevar la teoría a la práctica cuando las propuestas del Gobierno asturiano chocaron de frente con las perspectivas de los sindicatos, que se confiesan desconcertados por este aparente cambio de actitud que sólo irrita a los trabajadores y provocan, según sus portavoces, más interinos sin trabajo y más despidos en el sector público. Los sindicatos calculan que el número de suplentes que podrían quedar desempleados llegarán a varios centenares.

Especialmente insatisfactorio es para los empleados públicos que trabajan en Sanidad. Es aquí donde parece que las condiciones exigidas son más duras, ya que el trabajo nocturno se ve penalizado al no reconocer sus pluses. Hasta ahora, el turno de noche contaba con unos especiales coeficientes reductores que paliaban la incomodidad de este servicio. Con la propuesta de la Administración sanitaria, no solamente se van a trabajar más horas, sino que el coeficiente que mide esa penosidad es inferior, lo que es considerado por los afectados como una burla añadida.

También las propuestas del Gobierno asturiano sobre la realización de operaciones quirúrgicas en horario de tarde, lo que en el argot laboral eran conocidas como 'peonadas', han caído como un jarro de agua fría en los sindicatos médicos, que ven cómo por esta vía dejan de percibir otra importante fuente de ingresos, en un momento en que las reducciones de los salarios a los trabajadores públicos se han incrementado notablemente.

También han sentado mal entre los trabajadores del sector de la Enseñanza las propuestas de la Administración asturiana para ajustar horarios. Además de las restricciones comunes al resto de funcionarios, desde la Consejería de Educación y Cultura se ha informado que se eliminarán tres centros de profesores y recursos, lo que representa una pérdida mayor de puestos de trabajo.

Los sindicatos barajan estos días la posibilidad de poner en marcha movilizaciones específicas en Asturias contra estas resoluciones del Principado, independientemente de las convocadas en todo el territorio nacional, si en las próximas citas entre las partes no se produce un cambio de actitud en el Gobierno socialista.

Algunos no pierden la esperanza de retomar un diálogo menos tenso aduciendo que en una de las mesas de negociación, la relativa a la función pública, la Consejería correspondiente retiró la propuesta de obligatoriedad del incremento de jornada en una franja horaria determinada. Sin embargo, la mayoría de los afectados, viendo cómo se desarrollaron los acontecimientos, dice tener pocos motivos para fiarse.