El alcalde 'popular' de Santander busca salidas a la revuelta municipal contra Montoro

Por ahora, los alcaldes de los 8.114 municipios de España pueden respirar tranquilos. El Gobierno ha paralizado la Reforma Local que tanto critican en privado la mayoría de los ediles, que no quiere ceder parte de su soberanía a las diputaciones, como pide el ministerio de Hacienda. El recién nombrado presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, ha conseguido retrasar la negociación hasta encontrar una solución “lo más consensuada posible” entre todos los afectados: gobierno, partidos políticos y ayuntamientos. Una tarea que no va a ser nada fácil.

En menos de un mes en el cargo, De la Serna vaticina que no será fácil llegar a un consenso absoluto que convenza a todos debido a la “enorme diversidad” que existe en el municipalismo. En cualquier caso, valora que en seis meses la Comisión Nacional de Administración Local se haya reunido tres veces y confía en que ediles y Gobierno se pongan de acuerdo para evitar la duplicidad de funciones en las tres administraciones.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro ha mantenido en los últimos meses varios encuentros con dirigentes de la oposición para tratar de pactar las líneas generales de la reforma de la administración local que el Gobierno pretendía aprobar a finales de julio, pero que al final  ha tenido que retrasar básicamente por la oposición de la mayoría de los alcaldes a las intenciones del Gobierno. El objetivo de Hacienda es redefinir las competencias de todos los municipios para eliminar duplicidades y asegurar la financiación que prestan. Con la supresión de competencias impropias en el ámbito local, el Ejecutivo pretende ahorrar unos 3.500 millones de euros. Sin embargo, la gran mayoría de los ediles de los municipios con menos de 20.000 habitantes no aceptan las nuevas normas del Gobierno.

El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, afirmó ayer que el PP es “consciente” de que la reforma de la administración local tal y como está planteada “tiene difícil encaje” salvo que se le quiera dar “un hachazo de muerte a los ayuntamientos españoles”. Zarrías asegura que el “malestar generalizado” entre los alcaldes de todos los partidos se ha extendido porque el Gobierno “les quiere hacer responsables de la deuda y el déficit del país”.

El alcalde de Vigo y vicepresidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, también se mostró “satisfecho” por la decisión del Gobierno de “paralizar” la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local por considerar que esta normativa es “equivocada” por “potenciar” las diputaciones y “disminuir” la actividad de los ayuntamientos. “Aquella ley iba en dirección contraria de lo que la administración local necesita”, manifestó, al mismo tiempo que subrayaba que los ayuntamientos han sido los “únicos capaces” de disminuir su deuda.

El documento que el ministerio de Hacienda envió a los alcaldes pretende que las diputaciones asuman competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes. “La diputación podrá elegir la forma de gestión que mejor garantice el cumplimiento de los principios de eficiencia y sostenibilidad”, cita textualmente el documento diseñado por Hacienda. Según el PSOE, un “ataque brutal a la democracia local” que es la “espina dorsal de la democracia española”. Otra de las novedades de la reforma consiste en suprimir las competencias de Sanidad y Educación que hasta ahora ejercían algunos municipios, además de limitar el sueldo de los ediles y reducir un 30% el número de concejales. Muchos consistorios, sobre todo los más pequeños, han dejado constancia de que "nuestros ediles trabajan por amor a su tierra a su pueblo, completamente gratis". 

Oposición frontal

Caballero ha dejado claro que el anteproyecto de reforma local aprobado por el Gobierno provoca “una oposición frontal” por una parte “importantísima” del municipalismo, “ya que solo significa una intervención de los ayuntamientos por parte de las diputaciones” que provocará “una deficiencia” en la prestación de los servicios públicos. “No resuelve ninguno de los problemas que tenemos los ayuntamientos, hace una visión restrictiva y elimina la capacidad de los alcaldes y de los gobiernos de actuar, privatiza servicios y, por tanto, va a dejar a millones de españoles con servicios municipales inexistentes o de peor calidad”, denunció. Por su parte, Zarrías asegura que la voluntad del PSOE es "el acuerdo y pruebo de ello es que no hemos dicho que no a la reforma, sino a esa modificación parcial de quince artículos, y hemos planteado una alternativa".