Los pueblos que no querían una mina de oro

El proyecto de instalación de una mina de oro en el Occidente asturiano ha puesto en pie de guerra a los vecinos de tres municipios de la zona que consideran que la explotación del yacimiento no solo no va a suponer efectos benéficos para el empleo, sino que acarreará perjuicios considerables para un territorio rico en producción láctea y agroganadera.

Según ellos, el área sería objeto de una agresión medioambiental traumática por ser la minería de oro "la industria más contaminante y peligrosa del mundo", según los integrantes de la plataforma Oro no, que desde que se iniciaron los trámites para legalizar la mina se han opuesto a ella de manera radical. Por otra parte, el plan de la empresa canadiense Kimberlay, a través de su filial para Asturias AsturGold, ha provocado una tensa situación política en el concejo de Tapia (uno de los tres más afectados junto a Castropol y El Franco), hasta el punto de que su alcalde fue recusado para poder tomar decisiones sobre el expediente de la mina, a propuesta de la propia compañía.

Los primeros intentos de poner en marcha el yacimiento de oro de Salave, situado en la zona occidental de Asturias, datan de 2005. Desde esa fecha varias compañías mineras llevaron a cabo prospecciones para evaluar la posibilidad de su explotación. La mayoría no fueron viables, pero en los últimos tiempos, aprovechando la crisis económica y el alza de los precios del oro, AsturGold presentó un proyecto, que los vecinos y el ayuntamiento consideran confuso, para desarrollar la explotación.

Según la plataforma Oro no, el proyecto, que aún está sometido al trámite de evaluación de impacto ambiental, no aclara si el tipo de mina que quiere desarrollar la compañía canadiense es a cielo abierto o subterránea, teniendo en cuenta que una propuesta sobre explotación a cielo abierto ya fue denegada en su día. Al parecer, el nuevo proyecto se combina con una explotación bajo tierra. Esta indefinición tiene inquietos a los vecinos y a los ecologistas, ya que podría poner en peligro, de no ponerse en marcha suficientes medidas cautelares, la zona de especial protección de aves de Barayo. Por otra parte, los habitantes de la zona temen que un depósito de lodos de 53 hectáreas, del que se habla en el proyecto ocasionaría "otro desastre ambiental".

Para reafirmar sus argumentos, los opositores a la mina de oro recuerdan las consecuencias que una explotación similar produjo en Asturias la compañía Rio Narcea Gold Mines, que gestionó los yacimientos situados en los municipios de Belmonte y Salas con un bagaje medioambiental "descorazonador" y cuyos efectos en el empleo y el desarrollo fueron muy escasos si se compara, además, con otros municipios limítrofes, que apostaron por el desarrollo ganadero y el turismo rural. Los miembros de Oro no recuerdan que la mina de Belmonte fue origen de varios accidentes mortales, para poner énfasis en la peligrosidad de este tipo de industria.

Otra de las causas de rechazo de esta instalación es su ubicación en un entorno densamente poblado, muy superior al de emplazamientos tradicionales, y que expondría a los habitantes de la zona a "la amenaza de forma indefinida de balsas de lodos que quedarían allí, incluso una vez acabada la vida útil de la mina".

Pero el motivo más firme para rechazar la instalación minera es la dedicación de la zona a la producción láctea y ganadera y la enorme pujanza de su sector primario, desde el forestal a la pesca y el marisqueo, pasando por la agricultura y ganadería. Es así hasta el punto de que un informe de la Unión Europea, que esgrimen los opositores a la mina, la considera una zona de alto valor estratégico para el desarrollo sostenible del medio rural. En ese informe se dice que de los 78 municipios asturianos, solo 11 son idóneos para la producción lechera, entre ellos Tapia, donde se quiere desarrollar el proyecto. Por otra parte, más de 30 familias viven de la extracción de percebe en la zona, que quedarían en paro si la mina se pone en marcha, porque "toda el agua utilizada en los procesos industriales de la mina de oro, así como la filtrada desde el mar a las galerías acabaría en el río que desemboca en la playa de Tapia".

Pero el argumento central de AsturGold para convencer a los vecinos que es la creación de empleo tampoco convence a sus habitantes, por cierto una de las de menor tasa de paro que tiene la región. Según afirma la plataforma, que ha compulsado sus informaciones con las que divulga la página web de la empresa canadiense, el número de puestos de trabajo que oferta no solo es muy inferior a los dos centenares que predica, sino que "sería muy poco empleo, de baja cualificación y por un período muy corto de tiempo que, a cambio dejaría un gran impacto a todos los niveles por un largo plazo, mientras los beneficios se van fuera". Los puestos de mayor cualificación vendrán de fuera.

Rechazo popular

"La mejor encuesta para mostrar el rechazo popular a la mina es la existencia de más de 500 alegaciones particulares", aseguran los integrantes de Oro no para responder a las críticas de que el rechazo a la mina procede de un sector minoritario y muy ideologizado. Aprovechando esta marea popular opositora, la plataforma se ha puesto ya en contacto con diputados nacionales y europarlamentarios para presentar los correspondientes recursos legales que frenen la explotación. Especialmente optimistas se muestran ante las instancias europeas, dada la sensibilidad medioambiental que en varias disposiciones ha demostrado la Unión.

Pero si los miembros de la plataforma en contra no cejan en su batalla, la compañía mueve toda clase de hilos para obtener el permiso que le abra las puertas de Salave. La beligerancia mostrada por el alcalde de Tapia en contra de la mina le ha valido una recusación plenaria, a instancias de AsturGold, que impide que el primer edil resuelva aspectos relacionados con el expediente del yacimiento. El alcalde de Tapia, Manuel Jesús González, encabezó una lista en 2011 denominada Alternativa para Tapia, que aglutinaba a los descontentos con el proyecto de explotación y obtuvo el mayor número de concejales, si bien no consiguió el respaldo de la mayoría absoluta. Merced a un pacto con el PSOE se hizo con la Alcaldía, pero la deserción de un concejal socialista, unida a los votos del PP y de Foro Asturias, le hizo perder la votación de la recusación, que ha sido recurrida a instancias judiciales y que aún está en trámite.

Manuel Jesús González es consciente de que tiene solo 5 de los 11 votos necesarios para impedir desde el Ayuntamiento que el proyecto salga adelante, pero también sabe que, por el momento, la oposición "no se atreve" a presentar una moción de censura, porque la respuesta de los vecinos podría ser muy airada. De momento, tanto él como los miembros de la plataforma, se preparan para una batalla en varios frentes, que saben larga y complicada, pero que tiene fe en superar porque defienden una forma de vida y de desarrollo económico, que da riqueza a los pueblos de la zona.