Los nuevos votantes exiliados del País Vasco

La propuesta de Antonio Basagoiti, presidente de los populares vascos, para que los exiliados por amenazas de ETA tengan derecho al voto en Euskadi, no es nueva. Lleva seis años en los cajones de los principales partidos españoles y vascos. Su articulado, que reformaría la Ley del Régimen Electoral General, está redactado al completo por un equipo de juristas del Foro Ermua desde el año 2006.

En esencia, se trata de añadir un artículo 31 bis a la citada ley orgánica cuya esencia se concentra en el segundo punto: “La inscripción como residente-ausente con domicilio en otra Comunidad Autónoma permitirá al elector su participación en las elecciones autonómicas, municipales y, en su caso, forales, del lugar de donde sea residente-ausente. Asimismo permitirá la participación en los referéndum  y consultas populares de ámbito autonómico, local o foral. En caso de ejercer ese derecho de participación en las elecciones autonómicas, municipales y forales, el residente-ausente no podrá ejercitar esa misma clase de derechos en los procesos electorales de idéntico signo que se convoquen dentro de la Comunidad Autónoma en que aquél tenga su domicilio”.

Cristina Cuesta, criminóloga especializada en victimología, sería una de las beneficiarias de esta propuesta. Dejó Euskadi en enero del año 2000, el día que le asignaron un escolta. Su padre, Enrique Cuesta Jiménez, había sido asesinado en San Sebastián el 26 de marzo de 1982. Su delito, ser delegado provincial de Telefónica en Guipúzcoa. “Me pusieron el escolta y me marché. A mi padre lo habían matado también junto a su escolta”.

Cristina Cuesta está de acuerdo con la proposición de Basagoiti, aunque admite que puede tener dificultades técnicas: “Te vas por miedo. Es complicado… ¿Cómo se valora este derecho? ¿Quién decide quiénes somos exiliados y quién se ha ido por propia voluntad?”.

Hay casos irrefutables como el de Cristina Cuesta o la cincuentena de ediles populares amenazados a los que Basagoiti aludió en una reciente entrevista en Televisión Española: “El PP tiene 50 concejales exiliados en Madrid, Barcelona, La Rioja o Cantabria, porque han tenido que irse fuera por la presión”.

“Pero la gente conocida, la gente mediática, no son la mayoría de estos exiliados. Hay otra mucha gente muy anónima que tuvo que cambiar de vida y lo hizo en silencio. En mi barrio de Bilbao, durante los años de plomo, un estanquero se tuvo que ir por las constantes amenazas. Malvendió el estanco y malvendió su piso. El trauma de este tipo de gente es tan enorme que trabajan más el olvido que la vindicación”, resume Antxón Urrusolo, escritor y documentalista, director de la película El silencio roto (2002) sobre la vida y el asesinato de Gregorio Ordóñez, parlamentario popular vasco abatido por ETA en enero de 1995.

“Hemos vivido una anomalía”, continúa Urrusolo. “La gente que se iba interiorizaba que había hecho algo, como si fueran ellos los culpables. Y no hablo de políticos o profesores universitarios. Hablo de taxistas, de estanqueros, de administrativos, de comerciantes, de gente que no estaba dispuesta a pagar el impuesto revolucionario…”.

“Las respuestas negativas a la propuesta de Basagoiti están llenas de cinismo”, prosigue. “Dicen: si quieres votar en Euskadi, vuélvete a vivir a Euskadi. No es así. Eso es un engaño. Esta gente no va ahora a renunciar a su casa, a su trabajo, no va a cambiar de entorno a sus hijos otra vez. Sin embargo, sí tienen derecho a corregir ese censo adulterado en Euskadi por ETA durante todos estos años”.

Entre esos exiliados no mediáticos, anónimos, incuantificables, está el padre del abogado Fernando García Capelo. Era un operario en una fábrica de Barakaldo que sufrió varios ataques terroristas: la explosión de una bomba y la quema de un almacén a principio de los años 80. “Entonces recibió una amenaza directa. Lo denunció. Le dijeron que la amenaza era falsa, pero cogió a su mujer, a sus cinco hijos, lo abandonó todo y nos trasladamos a Madrid”, recuerda el abogado.

García Capelo es, precisamente, uno de los letrados del Foro Ermua que redactó en 2006 el texto de la reforma de ley electoral que pretende devolver el derecho a voto a los exiliados. “Hay varios tipos de exiliados. Hay los obvios, los que se han tenido que ir porque les han puesto la pistola en la cabeza. Pero también están los que se han ido porque consideraban irrespirable la atmósfera de Euskadi”.

Ahora el problema está en racionalizar quién tendría ese derecho a voto y quién no. Se habla de entre 150.000 y 300.000 exiliados a causa de la presión o la amenaza directa de ETA. En todo caso, una población que puede alterar significativamente las elecciones de una comunidad de menos de 2,2 millones de habitantes.