Las comunidades con más déficit deberán recortar en sanidad o educación

El Gobierno se aplica el principio de la responsabilidad institucional (“No vamos a dejar caer a nadie”), está dispuesto a escuchar a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, pero no a conceder margen de negociación alguna sobre el objetivo de déficit para las administraciones regionales y locales: el 1,5% que sólo Madrid podrá alcanzar sin recortes demasiado traumáticos. Ante la reunión hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera, María Dolores de Cospedal reúne primero a los consejeros de Hacienda de las Autonomías gobernadas por el PP (casi todas) y bajo la tutela del secretario de Estado, Antonio Beteta, para aunar criterios (disciplina).

Mariano Rajoy lo dejó ayer muy claro (“ya hemos pasado del 1,3% al 1,5”) al responder a las peticiones de flexibilidad lanzadas desde dos de las comunidades autónomas con más déficit como son Cataluña y Andalucía y hoy será el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien se lo explique en persona a los responsables de las correspondientes consejerías de los gobiernos regionales. En conjunto, tienen que dejar su déficit en la mitad del que tienen y el problema es que algunas Autonomías multiplican por tres o por cuatro ese objetivo, cada una parte de una situación muy distinta y pueden apelar a la situación heredada para reclamar flexibilidad.

Según fuentes gubernamentales, no pueden caber excepciones, ni por razón del partido en el poder en cada gobierno regional ni por el grado de déficit heredado de anteriores etapas. Además, desde Hacienda insisten en que a los propios responsables autonómicos no les interesa pedir moratorias ni sostener que no pueden arreglar sus cuentas porque serían penalizados a la hora de buscar financiación. Y es el Gobierno en última instancia quien tiene que autorizar o denegar esas operaciones. El aviso o amenaza queda sobre la mesa. “Escucharles, sí; margen de negociación, ninguno”, concluyen en el Ejecutivo.

Las Autonomías se enfrentan a los problemas de su propia viabilidad como administración independiente. Los gobiernos regionales tendrán que elegir este año para cumplir el objetivo de déficit entre un recorte drástico de sus gastos en aparato político, burocrático y propagandístico o entrar en el capítulo de los servicios básicos y directos al ciudadano: sanidad y educación.

Los gobiernos regionales en manos del PP aseguran que ya han tomado el camino de desmontar y abaratar instituciones para salvar el llamado “gasto social”, pero los ejecutivos nacionalistas como el catalán insisten en hacer equilibrios para mantener las estructuras institucionales que consideran básicas para su “proyecto nacional” de levantar un estado propio, con servicio diplomático incluido.

Desde CiU, Oriol Pujol ya ha adelantado que la Generalitat no quiere compararse con el resto de las Comunidades autónomas ni en el objetivo de déficit y aspira a que se asimile su esfuerzo en la materia con el que hará Rajoy “en el Estado” (por la Administración central). Según apuntan en fuentes del Ejecutivo, es en las regiones con más peso económico donde es más importante la disciplina presupuestaria. Es más grave en el conjunto de la contabilidad nacional el déficit de los gobiernos autonómicos de Cataluña (3,72), Andalucía (3,22) y la Comunidad Valenciana (3,68) que el resto de los demás ejecutivos aunque lleguen, como en el caso de Castilla-La Mancha, al 7,3%.

La presidenta del gobierno autonómico aragonés, Luisa Fernanda Rudi, explicó ayer desde la Moncloa su receta para “aprobar” la obligación del déficit en los presupuestos ya en marcha para este año: recortes de hasta un 25% en la consejería y los organismos dependientes de la Presidencia para poder aumentar hasta un 1% el capítulo dedicado a Sanidad y reducir sólo un 3% en Educación sin limitar las prestaciones.

El ejemplo de cumplimiento del objetivo de déficit es Madrid. Es la única Autonomía que cumplió el pasado año al quedarse con el 1,13%, aunque ahora tendrá que seguir por la senda de los recortes. En el caso de Esperanza Aguirre ya está demostrado que no le tiembla la mano a la hora de eliminar el gasto burocrático o superfluo.