El PP desafía al PSOE con medidas que Zapatero no se atrevió a tomar

Mariano Rajoy ha comenzado su mandato con duros paquetes de ajustes y una contestada reforma laboral, pero ha combinado sus esperados tijeretazos con una batería de medidas de textura socialdemócrata. Un cóctel de iniciativas que buscan neutralizar el relato del PSOE y dejar un regusto a “equidad” en el electorado. El límite a los sueldos de los banqueros, la subida del IRPF, la dación en pago, la revalorización de la pensiones, la revitalización del Senado o la ley de transparencia conforman esta estrategia del PP para intentar desarmar a la izquierda. Sin embargo, la letra pequeña de estas propuestas también conlleva un riesgo para los populares.

“Alguna de las cosas que ha hecho el Partido Popular, yo lamento que no las haya hecho antes el Gobierno socialista. ¿Por qué no decirlo?”, afirmó el vierners el exministro Josep Borrell, quien, durante una entrevista en RNE lamentó que “desgraciadamente” ha sido un Ejecutivo del PP el que ha “limitado el sueldo de los banqueros”. Se trata de una sensación fácil de detectar en el PSOE, especialmente en los sectores situados más a la izquierda, donde se observa con decepción cómo los populares se permiten tomar medidas que parecían vetadas por los mercados para José Luis Rodríguez Zapatero.

A esta opinión se sumó el sábado José Bono, quien aseguró que coincidía “plenamente” con Borrell al deplorar que haya sido el PP quien se preocupara de cuestiones como las retribuciones que pagan las entidades bancarias a sus ejecutivos o la dación en pago. Por su parte, el partido de Rajoy no ha perdido la oportunidad de hurgar en estas críticas. “Unos dirigentes del PSOE se preguntan por qué el Gobierno de Zapatero no adoptó algunas de las medidas que ha adoptado el PP y otros, los actuales dirigentes, se ponen en contra”, sostuvo ayer Carlos Floriano, vicesecretario de organización popular.

La subida proporcional del IRPF y de la presión fiscal sobre las rentas del capital también está siendo exhibida por el Gobierno como una muestra de su sensibilidad a la hora de repartir esfuerzos. Fue la decisión estrella del primer consejo de ministros y se matizó con el incremento de un 1% de las pensiones. “Es obligado que los Gobiernos expliquemos el porqué de nuestras decisiones. No habrá reacción social si las medidas son percibidas por la gente como justas”, aseguró Rajoy el jueves desde Roma. Ese mismo día, Luis de Guindos anunció la dación en pago para las familias más desfavorecidas: “La vivienda es, sin duda, el único activo que tienen estas familias y exigirles más es a todas luces excesivo”.

El presidente y sus ministros han incorporado a su discurso conceptos como justicia y equidad con el objetivo de calmar la reacción social ante los recortes. No obstante, las recientes movilizaciones sindicales y estudiantiles ya han demostrado que el barniz social del Ejecutivo de Rajoy puede no ser suficiente, especialmente tras la presentación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. El PSOE acusa al PP de cálculo electoral al postergar los peores recortes hasta justo después de las elecciones en Andalucía y Asturias. Será entonces cuando se vislumbre el verdadero alcance del ajuste, así como la capacidad de respuesta de la izquierda, incluyendo a fuerzas parlamentarias, sindicatos y otros colectivos como los indignados.

La decepción de la letra pequeña

La incursión ideológica en terreno de juego contrario, denominada “triangulación” en el argot, procede de los estrategas progresistas que, aconsejando a líderes como Bill Clinton o Tony Blair, lograron arrebatar determinados valores a sus rivales conservadores. Ahora, la ley de transparencia, una de las promesas de Zapatero que se quedó en el tintero, verá probablemente la luz con el sello de Soraya Sáenz de Santamaría, al igual que los cambios en el Senado para dotarle de mayor influencia.

No obstante, algunas de las iniciativas que el PP ha vendido como progresistas para desconcertar a la oposición se han traducido en decepción tras conocerse la letra pequeña. Es cierto que quien más gane pagará más impuestos, pero también que la clase media asalariada soporta casi el 60% del sacrificio de la subida. Por su parte, la dación en pago de la vivienda no deja de ser un código de buenas prácticas voluntario para las entidades bancarias. Además, estas medidas contrastan con la agenda del Gobierno en materias como la interrupción voluntaria del embarazo o el matrimonio homosexual, donde el electorado progresista no detecta ningún cambio en el ideario popular.