El TS tiene 6 días para evitar que el fallo de la Gürtel se solape con el del franquismo

El Tribunal Supremo dispone de una semana para decidir si Baltasar Garzón cometió o no un delito de prevaricación en el caso de las escuchas del “caso Gürtel” si no quiere que el fallo coincida con la reanudación el día 31 de la vista contra el magistrado por los crímenes del franquismo, salvo que la Sala decida el archivo de la causa como pide la defensa. Garzón se enfrenta en ambos casos a sendas peticiones de inhabilitación de 17 y 20 años por prevaricación.

El juicio contra el magistrado por haber intervenido las conversaciones en prisión entre los responsables de la trama Gürtel y sus abogados quedó visto para sentencia el pasado jueves 19. Esa misma tarde el tribunal intercambió impresiones y ante el rumor de que el fallo podía hacerse público esa misma noche el presidente de la Sala anunció que el mismo se demoraría unos días.

El inicio ayer de la vista oral contra Garzón por los crímenes del franquismo estuvo dedicado a la exposición de las cuestiones previas por las partes, y no se reanudará hasta el próximo martes 31 con la declaración del magistrado. Tras él está previsto que comparezcan 20 testigos de la defensa, la mayoría de ellos miembros de asociaciones de recuperación de la memoria histórica de toda España, durante al menos dos semanas.

Las fuentes jurídicas consultadas sostienen que el Supremo no quiere que el fallo del primer caso se solape con la celebración de la vista oral del segundo, lo que otorga una semana de plazo al tribunal para resolver. Si no lo hace, tendría que demorar la resolución hasta la segunda quincena de febrero.  

Garzón pide que le apliquen la "doctrina Botín".

Baltasar Garzón llegó ayer al tribunal acompañado de su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda. A la puerta del Supremo se concentraban en ese momento numerosas personas en apoyo al magistrado. Un grupo de ellas desplegó una pancarta de once metros de longitud con la fotografía a tamaño real de la exhumación de una fosa común.

Una vez en la Sala, la vista se inició con la exposición de las cuestiones previas por las partes. Martínez Fresneda pidió al tribunal que aplique a Garzón la  “doctrina Botín”, según la cual en los procedimientos abreviados no puede abrirse juicio oral cuando solo acusa la acción popular, como es el caso. El letrado recordó al tribunal que el Supremo archivó en 2007 la causa seguida contra Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, y otros directivos de la entidad por haber ofrecido a sus clientes productos financieros fiscalmente opacos, al haber sido acusados únicamente por la acción popular. “Mi defendido tiene derecho a que se aplique la doctrina Botín”, dijo la defensa. “El delito de prevaricación –continuó- necesita de una acusación particular, exige la existencia de perjudicados” por la  actuación del juez, que en este caso no existen.

La defensa no olvidó que por la misma razón por la que el Supremo archivó la causa contra el presidente del Santander condenó un año después al ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, por negarse a disolver Sozialista Abertzaleak, el grupo parlamentario de Batasuna. Manos Limpias ejerció también entonces la acusación popular, que el tribunal consideró suficiente al tratarse de un delito, el de desobediencia, en el que no puede haber un concreto perjudicado. El fallo fue recurrido al Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado.

Martínez Fresneda dijo que el “caso Atutxa” es una excepción que se justifica porque la desobediencia del expresidente del Parlamento vasco no perjudicó a nadie, y la acusación se justificaba en defensa de los intereses sociales, circunstancia que no se da en la causa contra Garzón. El abogado aprovechó para recordar al tribunal que el instructor de la causa, Luciano Varela, formó parte de la sala que entendió de este caso y emitió un voto particular contra la condena invocando el “criterio de igualdad” y, en cambio, ahora ha promovido la apertura de juicio oral.

Graves acusaciones a Luciano Varela.

El letrado acusó a Varela de  haber orientado a las acusaciones para que subsanaran los errores de sus escritos, cuando debía haberlos rechazado. “No hay una acusación autónoma  (…) – dijo Fresneda- el instructor ha sido parcial, ha reorientado a las acusaciones y tomó partido”. Martínez Fresneda sostiene que Varela actuó así para justificar la apertura de juicio oral, que sirvió para suspender a Baltasar Garzón de sus funciones y obligarle a abandonar la Audiencia Nacional. Una acusación muy grave porque presupone que Varela adoptó resoluciones a sabiendas de que eran injusta; es decir, que prevaricó.

Igual de duro con el instructor se mostró el fiscal Luis Navajas, cuya actuación calificó de “insólita” e “insostenible”, entre otras cosas por haber aceptado un escrito de acusación que era un “corta y pega” de un auto del propio Varela. Navajas dijo que en sus 35 años de carrera no había visto nada igual.  

La defensa expuso también que tanto el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias como la Asociación Libertad y Justicia, que reclaman 20 años de inhabilitación para Garzón por prevaricación, carecen de “legitimidad” para ejercer la acusación popular al no haber acusación particular y considerar el Ministerio Público que el magistrado no ha incurrido en ningún delito.

Martínez Fresneda criticó a partes iguales al instructor y a la Sala por no haber admitido la mayoría de las pruebas propuestas, como la declaración como testigos de varios magistrados internacionales. “Se nos dice que Garzón está tomando medidas que no toma nadie, y no es verdad, porque lo que él ha hecho se defiende por el ancho mundo” y, pese a ello, “se impide que comparezcan otros magistrados que han actuado de la misma manera que mi defendido.

Las acusaciones rebatieron la posición de la defensa argumentando que la sentencia del “caso Atutxa” no es contradictoria con la del “caso Botín”, sino “una aclaración, una evolución de la primera”, e insistió en que no se puede condicionar el interés público a la existencia de un perjudicado.