Detenido un ex consejero socialista de Asturias por una trama de contrataciones ilegales

El ex consejero socialista de Educación del Gobierno del Principado de Asturias, José Luis Iglesias Riopedre, es una de las cinco personas detenidas por su presunta vinculación a una trama de contrataciones ilegales. El ex consejero se puso enfermo cuando fueron a detenerle ayer por la noche. En estos momentos se encuentra ingresado bajo arresto en el "calabozo" de un hospital asturiano debido a su delicado estado.

“Era un secreto a voces, el pasado mes de agosto el consejero socialista dimitió alegando motivos de salud. Aparte de sus achaques de corazón, las pugnas internas con la despedida de la Presidencia de su amigo Vicente Álvarez Areces y las habladurías sobre sus presuntos trapicheos obligaron a Riopedre a presentar su dimisión”, informan fuentes socialistas. Por lo visto, la investigación partió de una denuncia del propio Gobierno que preside Areces ante la Fiscalía Superior del Principado en marzo de 2010 por presunto desvío de fondos públicos.

Los arrestos que ahora tienen lugar constituyen el tramo final de una investigación abierta por una juez de Gijón que mantiene el secreto de las diligencias desde hace casi un año. La denuncia se centra en la actuación de la alta funcionaria Marta Renedo, a quien se acusa de haber imitado la firma del director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, José Alberto Pérez Cueto, para la adjudicación de contrataciones de forma irregular. Junto al ex consejero fue detenida la ex directora general de Planificación y Centros de la Consejería de Educación, María Jesús Otero.

Casualmente, la ex directora general fue destituida por Riopedre minutos antes de cesar él mismo. El resto de implicados que permanecen detenidos en la Comisaría de Gijón son los empresarios Víctor Manuel Muñiz Menéndez, propietario de la empresa Igrafo, dedicada al suministro de material de oficina y escolar, y Alfonso Sánchez, propietario de Almacenes Pumarín, también suministrador oficial de material a las Administraciones Públicas, así como la funcionaria Marta Renedo.

Ambas empresas implicadas son las principales proveedoras de los centros educativos y de una gran parte de los ayuntamientos asturianos. Entre los clientes de Igrafo, según su web institucional, figuran: Principado de Asturias; la Universidad de Oviedo; el Instituto Nacional de la Seguridad Social; Insalud; los Ayuntamientos de León, Gijón, Oviedo, Mieres, Siero, Langreo; las entidades financieras Caja España y Cajastur; Confederación Hidrográfica; Agencia Estatal Tributaria; INEM; Autoridad Portuarias de Gijón y Avilés, y distintos hospitales, entre otros.

El Gobierno isabelino contra los chiringuitos socialistas

Hace escasos días, la candidata del PP a la presidencia de Asturias, Isabel Pérez-Espinosa, destapaba en unas declaraciones concedidas en exclusiva a este diario la existencia de una Administración paralela en el Principado. “Tenemos localizados más de 60 instituciones que se crearon paralelas a la Administración oficial. Fundaciones, sociedades mixtas donde lo público y lo privado se entremezclan para sortear cualquier control. Con un Gobierno del PP todas las actuaciones estarán controladas por el Parlamento regional igual que una consejería. Hay proyectos que sólo se ponen en marcha para percibir subvenciones”, reseña la rival de Cascos al Principado.

Asimismo deja entrever irregularidades en las cuentas públicas: “Me voy a encontrar con una situación peor que las cifras oficiales maquilladas por la ingeniería político-financiera”. También criticó obras ya ejecutadas como el superpuerto de El Musel en Gijón: “Una obra licitada en 300 millones de euros con un sobrecoste de casi el 50 % y aún nadie ha dado explicaciones. Hasta las propias autoridades europeas se han visto obligadas a cerrar el grifo”, argumenta la candidata popular.