La cadena perpetua ya existe en España de forma encubierta

Más de 800.000 firmas y en aumento. Cada día más voces secundan la campaña lanzada por la plataforma ‘Todos somos Marta’, una iniciativa en favor de la convocatoria de un referéndum sobre la cadena perpetua. La sensación de injusticia generalizada ante los asesinatos de la joven Marta del Castillo y la niña Mari Luz Cortes ha puesto sobre la mesa la posibilidad de introducir la condena a perpetuidad en el Código Penal, por tratarse éstos de crímenes especialmente crueles. Crueles, pero también muy mediáticos.

Las familias de ambas menores han logrado movilizar a miles de personas e, incluso, han mantenido encuentros con los principales líderes políticos para exigir un castigo ejemplar. El pasado miércoles, el líder de los populares, Mariano Rajoy, se entrevistó durante más de una hora con los padres de la joven sevillana asesinada por su ex novio, Miguel Carcaño. Fue una reunión íntima, sobre la que nada trascendió. No obstante, el presidente del Partido Popular aprovechó el encuentro para defender ante la Comisión Ejecutiva del PP de Andalucía la apertura de un debate sobre el aumento de las penas y el cumplimiento íntegro de las mismas.

Carcaño y Santiago del Valle, presunto responsable de la muerte de Mari Luz, son las dianas a las que apuntan todos los dardos, las cabezas visibles de un debate complejo. El único punto en el que coinciden expertos y representantes sociales es en la idoneidad de tratar el asunto en otro momento, cuando la presión social no perturbe la racionalidad en la controversia.

No hay un consenso entre los expertos en cuanto a la conveniencia de instaurar en España la cadena perpetua. Carolina González de la Fuente, abogada penalista, habla de una “cadena perpetua encubierta” en nuestro país derivada de la Doctrina Parot, por la cual los beneficios penitenciarios se aplican por cada una de las penas de forma individual y no sobre el máximo legal de permanencia en prisión (30 años). De esta manera, en caso de acumular varios delitos, las penas han de cumplirse una por una de forma que al llegar a los 2/3 del cumplimiento de la primera, entra la siguiente, anulando cualquier posibilidad de atenuante y haciendo la estancia en la cárcel más prolongada. Por esta razón, el pequeño delincuente es el que sale peor parado ya que si se ve con un conjunto de penas pequeñas como pueden ser varios robos con fuerza, éstas se irán superponiendo aumentando el tiempo del reo entre rejas, siempre y cuando se aplique la doctrina de esta sentencia. “La cadena perpetua en España ya existe. Hay personas que se pasan toda la vida en prisión”, afirma.

Para algunos expertos la implantación de la cadena perpetua en el sistema español plantea problemas de anticonstitucionalidad, al tratarse de un sistema cuya función es la reinserción social. A este respecto, el Colegio de Abogados de Barcelona argumentó la pasada semana que, aunque en otros países de la UE existe nominalmente la condena a perpetuidad (Francia, Holanda o Reino Unido), se trata de penas que son revisadas –cada quince años en el caso de Alemania y EEUU- y en las que “difícilmente se llega al cumplimiento real, mientras que en España estas penas acaban siendo de mayor duración”, porque aquí no hay revisión posible de la condena impuesta. Asimismo, advirtió sobre el peligro de endurecer “otra vez el Código Penal a raíz de un suceso concreto”.

Opinión pública y legislación

Pese a la creencia contraria de gran parte de la opinión pública, las leyes penales llevan endureciéndose desde principios de los noventa. El Código de 1995 prevé actualmente penas muy largas: 30 años si el preso ha sido condenado por dos o más delitos, y alguno de ellos, como el asesinato, conlleva una pena de más de dos décadas; o 40 años si al menos dos de las infracciones tienen una pena de más de 20. Igualmente, dos o más delitos de terrorismo se pueden castigar con 40 años de prisión. En este sentido, González de la Fuente es tajante al afirmar que “la ley no la puede cambiar la opinión pública”. Según la penalista, una modificación en la Constitución que afecta a uno de los derechos fundamentales, como es el caso, no se puede hacer así como así porque requiere un cambio legislativo descomunal. “El Derecho Penal se mueve últimamente en función del bombo que den los medios de comunicación y la opinión pública juega con el derecho que más repercusión tiene sobre las personas”, sostiene.

Pero, ¿y el cumplimiento de las penas? La cifra de personas encarceladas aumentó entre 1996 y 2006 hasta un 43%. El dato no supone que entren más personas en la cárcel, sino que los delincuentes pasan más tiempo en prisión, según declaró el profesor de Derecho Penal José Cid –autor de El incremento de la población reclusa en España entre 1996 y 2006- a El País. Desde la entrada en vigor del nuevo Código Penal el tiempo medio de estancia en la cárcel se ha duplicado debido al incremento de la duración de las condenas, la derogación de la redención de penas por trabajo o la cada vez más escasa aplicación de mecanismos de reinserción como la libertad condicional.

No todos comparten la opinión del profesor José Cid. Poco después del asesinato de la pequeña Mari Luz, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, opinó que deben plantearse conceptos como el de la “peligrosidad social”, que pueda conducir a medidas “postdelictuales” que eviten reincidencias. Para López, “sin lugar a dudas” es necesario abrir el debate sobre la cadena perpetua, que es “perfectamente constitucional”. En este sentido, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, afirmó que a López “no le falta en absoluto razón”. “Lo que sea replantearse situaciones nuevas a nivel legislativo tiene todo el sentido, máxime cuando se trata de delitos tan graves” como crímenes sexuales contra menores.

Y es que el tirón mediático de estos dos sucesos, en los que el proceso de desaparición y búsqueda de la víctima fue seguido por los medios de comunicación, parece que eclipsa tantos otros crímenes acaecidos de forma igualmente trágica y violenta. Ninguno de los 114 casos de violencia de género registrados en 2008 y recogidos en elinforme anual de de Víctimas Mortales por Violencia Doméstica y Violencia de Género que elabora el Consejo General del Poder Judicial hizo plantear tal reforma. De las 121 víctimas, 90 eran mujeres, seis de ellas menores de edad, y 31 eran hombres, de los que 9 eran menores.