El Gobierno hace la vista gorda con la eutanasia: decenas de médicos la practican a domicilio de forma clandestina

La eutanasia y el suicidio asistido siguen estando castigados penalmente en España, pero decenas de médicos bordean cada día la delgada línea que separa la legalidad del delito para ayudar a morir en sus domicilios, de forma altruista y clandestina, a enfermos terminales que no quieren seguir viviendo. El Gobierno lo sabe, pero prefiere hacer la vista gorda hasta que llegue el momento de regular su práctica, un compromiso anunciado por sorpresa hace unos días por el ministro de Sanidad, Bernat Soria, y que podría entrar en vigor antes del final de esta legislatura. Por eso, asociaciones como Derecho a Morir Dignamente (DMD) aprovechan los "espacios de impunidad" que deja la actual legislación para asistir a enfermos con enfermedades irreversibles, según admite un portavoz de la misma.

La clave de la actual tolerancia, que el Gobierno no reconoce de manera oficial, reside en la ambigüedad del artículo 143.4 del Código Penal, que impone penas de entre seis meses y seis años a quien "causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar". Pero, ¿qué ocurre cuando esa cooperación se considera no necesaria o indirecta? Que la ley no la penaliza. "Es lo que se denomina complicidad, es decir, los actos que no son imprescindibles para provocar la muerte de otro. Y este es el quid de la cuestión, el factor que, dependiendo de dónde movamos la raya, nos permitirá llegar más o menos lejos", afirma César Caballero, portavoz de DMD en Madrid.

Informar a un enfermo terminal de las sustancias que debe tomar para acabar con su vida, acompañarle en el suicidio, ayudarle a elaborar un plan o incluso la negligencia de dejar a su alcance determinados fármacos son actos considerados no imprescindibles, y, por lo tanto, no penalizados por la ley. ¿Y si se suministran directamente esas sustancias al enfermo? "En este caso la pregunta sería si es imprescindible ese suministro para el suicidio de la persona, y la respuesta es sí y no. No, porque esa persona podría haberse suicidado de otra manera, lo que se denomina teoría abstracta; y sí, porque la única forma de suicidarse de la manera en que lo hizo fue a través de esas sustancias, lo que llamamos teoría concreta", opina Caballero.

"Si la sustancia suministrada no está al alcance del suicida, por ejemplo, barbitúricos, se consideraría cooperación necesaria y penada por la ley, pero si es fácil de obtener estaríamos ante una complicidad simple y, por lo tanto, impune", añade Caballero. "Se puede dar la paradoja de que proporcionar 500 aspirinas, que producen una muerte lenta y atroz, sea impune, mientras que suministrar nembutal, que causa la muerte de forma rápida e indolora, puede ser delictivo".

Asumir los riesgos

La asociación DMD cuenta con 2.300 socios en toda España, entre ellos más de un centenar de médicos que colaboran de forma desinteresada y que asumen los riesgos de traspasar los límites que marca la actual legislación. "El límite entre eutanasia y cuidados paliativos está en la conciencia del médico. Si lo que pretendes es aliviar el dolor insoportable o el tormento psicológico de un enfermo que padece tetraplejia o esclerosis múltiple, aunque ello suponga acelerar su muerte, eso no es eutanasia", sostiene un médico que ha ayudado a varios enfermos irreversibles a lo que él llama su "autoliberación", y que prefiere mantener el anonimato.

Algunos colaboradores de DMD se limitan a dar información a los enfermos que la solicitan. Otros facilitan a los familiares el cóctel de fármacos que acelerará su muerte y las instrucciones sobre su dosificación, pero sin participar directamente en el suicidio asistido. Y unos cuantos más acuden al domicilio del enfermo para administrarle lo que se conoce como sedación terminal: una combinación de fármacos -desde midazolam a haloperidol, pasando por pentobarbital o fenobarbital- que disminuye progresivamente su conciencia hasta que la vida se apaga definitivamente. Pero, en todos los casos, los pacientes deben pasar previamente un exhaustivo examen médico y psicológico que determine que su enfermedad es irreversible y que su deseo de morir no es pasajero o fruto de un estado depresivo. 

"La palabra eutanasia tiene tanta carga de ambigüedad como el propio Código Penal, y son muchos los resquicios que nos quedan para ayudar a enfermos que quieren acabar con una vida que ya no es vida, y que no están dispuestos a perder su dignidad. Jamás ha habido un solo caso en España de condena a un médico por aplicación del artículo 143, y está claro que el Gobierno va a seguir mirando hacia otro lado, porque no tendría sentido anunciar la despenalización de la eutanasia y, al mismo tiempo, perseguir su práctica", apunta un médico que también prefiere preservar su identidad.

Pero, pese al compromiso del Gobierno de legalizar la eutanasia y el suicidio asistido en esta legislatura, en la asociación DMD no quieren bajar la guardia. Por eso, siguen recomendando a los familiares, una vez que su ser querido ha fallecido, que incineren el cuerpo en lugar de enterrarlo. De esta forma, ante la eventualidad de una denuncia, no quedaría rastro de los fármacos suministrados.