El Gobierno quitará a los jueces el poder para nombrar administradores concursales

La regulación de los administradores concursales anunciada la semana pasada tendrá como eje la eliminación de la capacidad de los jueces de nombrarlos discrecionalmente, como hacen en la actualidad. Se trata de una merma del poder de los magistrados que el Ejecutivo considera imprescindible para poner fin al oscurantismo y al negocio que se ha creado en torno a esta figura. La modificación se introducirá en una enmienda a la Ley de Refinanciación y Reestructuración de empresas que se encuentra en tramitación parlamentaria, en la que se establecerán requisitos nuevos y específicos para poder ser designado administrador.

Hasta ahora, existen unas listas de candidatos a ser designados administradores concursales en los colegios de abogados, pero los jueces escogen a los que ellos quieren de forma discrecional, sin aplicar ningún criterio ni turno. La intención de esta enmienda es crear una especie de registro o colegio de administradores –algo que solicita PwC en un informe titulado 'Temas candentes de las reestructuraciones financieras'– con unos requisitos concretos para poder acceder a esta figura, así como unos procedimientos sobre cómo se deben seleccionar en cada caso dentro de dicho registro.

"Se trata de que dejen de ser administradores judiciales al servicio de un juez y que pasen a ejercer como verdaderos administradores concursales que velen por los intereses de la empresa", explica una fuente conocedora de la nueva norma. El Gobierno ve con gran preocupación la falta de transparencia y la arbitrariedad en la selección de una figura que se ha convertido en clave con el aluvión de concursos de acreedores que ha traído la crisis. Según las fuentes, el Ejecutivo considera que hay casos en que se ha constituido un verdadero negocio con estas designaciones, lo que da pie a prácticas 'singulares' y a unos honorarios desorbitados en algunos casos que quiere cortar de raíz.

Esta preocupación coincide con las quejas generalizadas de la empresas concursadas y sus acreedores, que acusan a los administradores de alargar los procesos innecesariamente –cuanto más largos, más cobran–, de preferir siempre la liquidación antes que reflotar las compañías y, sobre todo, de ponerse ellos los primeros a la hora de cobrar, con lo que se dan casos en que los damnificados por la suspensión de pagos no ven un euro pero los administradores sí cobran. Todo ello conduce a la idea generalizada de que ser administrador judicial es un "chollo".

El portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, coincidió la semana pasada con estas críticas al afirmar que, "ahora mismo, la forma de maximizar el beneficio del administrador es que el concurso se alargue todo lo posible". "O que acabe en liquidación", añadió su homónimo en el PSOE, Valeriano Gómez, que anunció el apoyo de su grupo a esta medida. "El problema es que deben coincidir los intereses del administrador concursal con los de la empresa, cosa que no siempre sucede", se sumó a las críticas el subsecretario de Economía, Miguel Temboury.

Apoyo mayoritario de los jueces

Uno de los riesgos que corre el Gobierno con esta medida es provocar un enfrentamiento con la judicatura por la posible oposición a esta pérdida de privilegios. Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que la mayoría de los jueces mercantiles están a favor de regular estos procedimientos. "Es cierto que esta medida va a sentar mal en algunos juzgados, pero la gran mayoría está de acuerdo en poner coto a ciertas prácticas y establecer un sistema objetivo de elección de los administradores", explican.

Esta mayoría de la judicatura considera que el sistema actual daña la imagen de la Justicia y que las prácticas de unos pocos pesan sobre el conjunto, máxime cuando los jueces de lo mercantil se han convertido en un foco de atención mediática por culpa de la situación de muchas empresas conocidas. Además, la ley en la que se va a introducir la enmienda pretende precisamente evitar los concursos y que estos no acaben masivamente en liquidación, como hasta ahora, lo que se contradice con la operativa habitual de los administradores.