El Gobierno dará incentivos económicos a las empresas que cierren sus instalaciones renovables

El Gobierno establecerá incentivos económicos para el cierre definitivo de determinadas instalaciones de energías renovables que tuvieran derecho a la percepción de retribución dentro del denominado régimen especial. Esta opción forma parte del real decreto enviado por el Ministerio de Industria a la Comisión Nacional de Energía dentro del nuevo marco de la reforma eléctrica aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros.

El cierre pactado se extiende también a las plantas de cogeneración de alta eficiencia y residuos, y tiene por objeto asegurar una reestructuración del mapa de las energías renovables que permita rentabilizar el nuevo régimen de subvenciones establecido por el Gobierno. Las futuras primas se pagarán en función de la vida útil de las centrales de producción con un máximo de 300 puntos básicos sobre el tipo de interés de las obligaciones del Estado a diez años. Al cambio, las primas no podrán superar el 7,5% anual.

De acuerdo con la memoria económica que acompaña al real decreto sobre renovables, el impacto económico y presupuestario de la nueva metodología supondrá un ahorro de 750 millones de euros en 2013, año en el que su aplicación se reduce lógicamente a la segunda mitad del ejercicio. El ajuste equivale en todo caso a poco más del 8% del régimen especial, estimado para este ejercicio en 9.100 millones de euros.

El cierre incentivado de instalaciones de energías renovables y cogeneración sólo se hará efectivo cuando el coste del régimen retributivo de tales tecnologías “sea excesivo” en relación con los ingresos para el sistema en un escenario de estancamiento que afecte a la situación de las economías domésticas y a la competitividad de las empresas. Además, es preciso que no exista riesgo para la seguridad de suministro y que tampoco se vean comprometidos los objetivos en materia de energías renovables y ahorro y eficiencia energética.

Nuevas instalaciones, pero sólo por concurso 

Además del nuevo marco retributivo de las instalaciones ya existentes, el real decreto establece también la remuneración específica para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas, si bien el Ministerio de Industria deja claro que la asignación de dicho régimen se realizará mediante un mecanismo de concurso. Este sistema no será obligatorio en el caso de los futuros parques eólicos en tierra que se puedan poner en marcha en Canarias.

La intención no es otra que optimizar la implantación de una tecnología cuyo desarrollo peninsular ha superado todas las previsiones, tanto en el número de megavatios como en el coste que dicha potencia instalada ha supuesto para el erario público. A partir de ahora, la retribución a pagar por el Estado deberá fijarse teniendo en cuenta la totalidad de la inversión, los costes de actividad y la energía que cada instalación va a generar. Acto seguido, el regulador procederá a calcular la aportación que corresponde a cada unidad de energía generada.

La reforma eléctrica supone un cambio radical del sistema de primas a las renovables que incluye también nuevos procedimientos administrativos de carácter unitario. De esta forma se pretende acabar con la disfuncionalidad de un mecanismo que atribuía a las comunidades la autorización de las instalaciones dejando al Estado central la responsabilidad de la retribución a pagar. El Gobierno quiere evitar interferencias y discrepancias entre los actos dictados por las diferentes Administraciones, lo que traducido en pocas palabras supondrá el recorte de competencias a las autonomías.