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La Comisión Europea propone que las ayudas a astilleros se devuelvan desde abril de 2007
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LA XUNTA CONSIDERA QUE "SIGUE SIENDO INSUFICIENTE"

La Comisión Europea propone que las ayudas a astilleros se devuelvan desde abril de 2007

La Comisión Europea propone que las bonificaciones derivadas del tax lease se devuelvan desde el 17 de abril de 2007, coincidiendo con la resolución del expediente

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La Comisión Europea propone que las ayudas a astilleros se devuelvan desde abril de 2007

La Comisión Europea propone que las bonificaciones derivadas del tax lease se devuelvan desde el 17 de abril de 2007, coincidiendo con la resolución del expediente francés por un sistema similar, lo que supone dos años menos de la fecha inicialmente propuesta, según fuentes gubernamentales. Esta nueva fecha todavía dista cuatro años de la que el frente conformado por Gobierno central y presidentes autonómicos ha pedido y que se sitúa en 2011, cuando se declaró ilegal este sistema fiscal por parte de Europa.

De hecho, la Xunta "no está de acuerdo" con esta propuesta que ha salido de la reunión de jefes de gabinete de los comisarios europeos, preparatoria de la que tendrá lugar el próximo miércoles. "Nos sigue pareciendo insuficiente", aseguraron fuentes del Gobierno gallego, que seguirá manteniendo su postura para que no se exija la devolución de estas ayudas.

Por su parte, el consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, manifiesta que si bien no se logra el objetivo de evitar la devolución previa a la apertura del expediente a España, abierto en 2011, "supone un avance respecto a las anteriores posiciones por parte del responsable de la Competencia. No obstante, precisa que el Principado no renuncia a que las bonificaciones sólo se devuelvan de 2011 en adelante".

Además, el Gobierno asturiano ha acordado la exoneración de cualquier devolución de las ayudas recibidas por parte de los astilleros y los armadores, y que la cuantía de la devolución irá referenciada a las posibles ventajas competitivas, es decir, la diferencia entre lo que los inversores debían haber pagado y lo que pagaron de forma efectiva. 

En este sentido, Torre subraya la importancia que han tenido en este cambio los esfuerzos realizados tanto por el Gobierno de España como por las tres comunidades autónomas especialmente afectadas -Galicia, Asturias y País Vasco-, así como por parte de los sindicatos, de la Sociedad de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar), ayuntamientos y partidos políticos con representación parlamentaria.

Asimismo, el consejero destaca la "comprensión, el esfuerzo y la defensa para lograr esta modificación por parte del vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Industria, Antonio Tajani, así como de su jefe de gabinete, Diego Canga, "que cuando el 10 de abril se reunieron con el presidente del Principado, Javier Fernández, ya pusieron de manifiesto lo razonable de la postura española y asturiana defendida entonces por el presidente de Asturias respecto a la investigación abierta sobre el tax lease".

Por ello, el Gobierno del Principado quiere expresar públicamente su agradecimiento por la especial comprensión y defensa que, con respecto a este asunto, han realizado ambos a lo largo de todo este período de tiempo.

Por su parte, desde el Ejecutivo vasco han indicado que, al parecer, se habría decidido que la devolución de las ayudas sería desde 2007 a 2011, lo que supondría una variación respecto al último planteamiento dado a conocer por el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, quien, en una reciente visita a San Sebastián, aseguró que la devolución de las ayudas sería desde 2005.

Las mismas fuentes han precisado que ni los astilleros ni los armadores deberían devolver ninguna cuantía y que serían una parte de los inversores (transformadores) los que deberían afrontar la devolución de las ayudas.

La Comisión Europea propone que las bonificaciones derivadas del tax lease se devuelvan desde el 17 de abril de 2007, coincidiendo con la resolución del expediente francés por un sistema similar, lo que supone dos años menos de la fecha inicialmente propuesta, según fuentes gubernamentales. Esta nueva fecha todavía dista cuatro años de la que el frente conformado por Gobierno central y presidentes autonómicos ha pedido y que se sitúa en 2011, cuando se declaró ilegal este sistema fiscal por parte de Europa.

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