Las grandes cotizadas se rebelan contra el nuevo código de buen gobierno

"Creemos en la autorregulación y en la transparencia, no tiene sentido la regulación cuando se habla de ética. Si la nueva regulación es más intrusiva, perderemos competitividad". Estas palabras de Ángel Ron, presidente del Banco Popular, resumen la rebelión de las grandes empresas cotizadas españolas contra la CNMV por su intención de endurecer las normas de buen gobierno. De hecho, si por ellas fuera, incluso eliminarían algunas de las normas actualmente en vigor que consideran excesivas. Sin embargo, la presidenta del supervisor, Elvira Rodríguez, ha dejado claro que no se va a dejar nada a la autorregulación y que las compañías deben prepararse para "un nuevo entramado regulatorio".

Este debate se vivió ayer en unas jornadas organizadas por IESE, KPMG y el diario El País, donde las tesis de Ron también fueron defendidas por el presidente de Enagás, Antonio Llardén, el consejero delegado de Ferrovial, Íñigo Meirás, y el presidente de Indra, Javier Monzón, que fue el que más duramente se opuso a la nueva regulación.

Los cuatro admitieron que tiene que haber una mínima regulación para evitar abusos, pero consideran que esos casos son raros; ni siquiera detectan irregularidades en el de Pescanova , porque "todo el capital estaba representado en el consejo", según Meirás. A su juicio, "España no va tan retrasada en temas de buen gobierno, porque los inversores extranjeros tienen muchos países para elegir, y si están aquí es porque cumpliremos sus mínimos". A este respecto, Ron argumentó que sólo el 15% de los 700 inversores institucionales con que habló el Popular en su ampliación preguntaron sobre el gobierno corporativo.

Según Monzón, "no se sabe qué impulsa ahora esta nueva regulación, no aprecio ninguna preocupación por este tema en la comunidad inversora". Ron fue más allá y aseguró que "los inversores piden cambios porque benefician a sus intereses a corto plazo, pero eso va contra una visión más social de la empresa, que prima su permanencia en el tiempo". Por su parte, Llardén dijo que "ya es bastante complicado gestionar una empresa en la situación actual como para tener cambios constantes de este tipo cada tres o cuatro años".

 

A favor de la pensión de Sáenz

Los cuatro gestores hicieron también causa común contra la idea de limitar las retribuciones por la crisis que atraviesa el país: "El nivel de retribuciones de un alto ejecutivo no se puede juzgar por lo que opine alguien debido a la crisis", señaló el presidente de Indra, quien recordó que el dinero que cobran estos ejecutivos "no se le quita a nadie" y que estos sueldos han de ser aprobados por los accionistas. "Hay mucho que avanzar y hablar, pero no debemos olvidar que la retribución es algo esencial para atraer el mejor talento. Es mejor retribuir en función del interés de la empresa, no del contexto social", concluyó.

Tanto Monzón como Meirás defendieron los compromisos por pensiones devengados por el exconsejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz (88,1 millones), porque esta partida ya venía reflejada en la memoria del banco desde hacía años. "Esto pasa por la Junta de Accionistas y está aprobado por mayoría. Entiendo que genere escándalo, pero no se ha cometido ninguna ilegalidad", según el CEO de Ferrovial.

Meirás también mostró su oposición a la norma que entrará en vigor en 2020 por la que el 40% de los consejeros deberán ser mujeres: "Se debería tener en cuenta en primer lugar la meritocracia". Ferrovial sólo tiene una mujer en su consejo, la hija del fundador, María del Pino. Monzón también criticó la intención de la CNMV de relanzar el papel de las Juntas de Accionistas, adelantada por El Confidencial. A su parecer, "hay una tendencia preocupante a que las Juntas Generales asuman competencias que son propias del consejo, por ejemplo, la Junta no debería fijar las retribuciones", y añadió que "es deseable que el consejo eche atrás pocas de las propuestas del presidente", opinión con la que coincidió el presidente de Enagás: "Un consejo que funciona bien vota poco".

La CNMV, inflexible

Todas estas demandas tuvieron cumplida respuesta en la intervención de Elvira Rodríguez, en la que rechazó de plano cualquier pretensión de autorregulación. A su juicio, el gobierno corporativo es necesario para recuperar la confianza y la integridad, y "la crisis ha demostrado que hace falta un mayor entramado regulatorio porque el descontrol no nos lleva a ninguna parte". La presidenta de la CNMV recordó que la OCDE ha emitido un informe en el que se considera insuficiente la normativa sobre retribuciones, gestión del riesgo, prácticas del consejo e implicación de los accionistas en la gestión. En concreto, respecto a la remuneración criticó que "los sistemas de incentivos suelen ser incoherentes porque no penalizan bien los fracasos".

También aseguró que el sistema actual de "cumplir o explicar" del Código Conthe se ha demostrado insuficiente porque "cuando no se cumplen las normas de buen gobierno, las explicaciones muchas veces son peregrinas, por ejemplo, para justificar la ausencia de mujeres en los consejos". Por todo ello, "esto no debe dejarse en el congelador", por lo que se ha creado una comisión que, en un plazo de cuatro meses, emitirá un informe sobre qué puntos deben ser obligatorios y se incluirán en una norma legal, y cuáles conformarán el nuevo código voluntario de buen gobierno.