Guindos y Montoro se enfrentan por los límites a la deuda autonómica

La guerra está servida. A un lado, el ministro de Economía, Luis de Guindos. Al otro, Cristóbal Montoro. Y en medio, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular más solventes: Madrid, Galicia o Extremadura, que no quieren saber nada del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y que se resisten a la propuesta lanzada por Hacienda de penalizar sus emisiones de deuda pública por la vía de decreto ley.

Según fuentes de toda solvencia, el Gobierno tiene previsto aprobar una norma destinada a penalizar las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas que han rechazado entrar en el FLA, pero no está claro que la norma vaya a ver la luz este viernes en el Consejo de Ministros.

Fuentes no oficiales han apuntado a El Confidencial que el ministro de Economía quiere frenar su entrada en vigor debido a que teme que obligar a todas las comunidades a entrar en el FLA  -incluso a las que se han podido financiar en las últimas semanas- penalice las propias emisiones del Tesoro, y de ahí que se haya traslado el debate al propio jefe de Gobierno.

La intención de Hacienda es aprobar una modificación de la ley de prudencia financiera que impida a las regiones endeudarse por encima del tipo de interés que paga hoy el Tesoro más allá de un diferencial que se situaría en el entorno de los 100 puntos básicos (un punto porcentual). Eso significaría, sin embargo, expulsar del mercado a regiones como Madrid, que recientemente emitió al tipo del Tesoro Público más dos puntos en operaciones a largo plazo. En la misma situación se encuentran Aragón, Galicia o Extremadura, que no quieren saber nada del FLA pese a las presiones de Montoro, que quiere que todas las regiones entren en el Fondo para tener más controladas sus finanzas.

La actual legislación, publicada el pasado mes de octubre, establece que el coste total máximo de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y otros gastos, no podrá superar en 250 puntos básicos el rendimiento de la Deuda Pública del Estado al plazo equivalente.

Un control casi total

Recurrir al FLA, de hecho, supondría sacarlas de los mercados financieros, mientras que, por el contrario, deberían remitir periódicamente a Hacienda información sobre su situación económico-financiera, presupuestaria, de tesorería y endeudamiento. Es decir, un control casi total.

Las comunidades adheridas al Fondo de Liquidez correspondiente a 2012 son: Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Canarias, que lograron 12.600 millones. El resto continúa fuera del paraguas de Montoro, y así quieren seguir.

El revuelo es de tal dimensión que recientemente se entrevistaron de forma ‘discreta’, y en medio de la marea soberanista. Los consejeros de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, y de Cataluña, Andreu Mas-Colell se vieron en la capital de España para hablar de financiación autonómica.

Los argumentos que esgrimen los Gobiernos autonómicos enfrentados a Montoro son de peso. Entienden que si se les expulsa de los mercados por la vía de los hechos, al fijarse un nivel concreto de "prudencia financiera" inalcanzable, se estaría invadiendo de plano la competencia en financiación de las comunidades autónomas.

Incluso algunas comunidades están ya estudiando seriamente llevar al Tribunal Constitucional al propio Gobierno central -como primera medida se presentaría un recurso ante lo contencioso-administrativo- si se aprueba la norma como ahora se presume, con el argumento de que vulneraría sus competencias. De ahí que la última palabra la vaya a tener el propio Mariano Rajoy, que tiene que sopesar que frente a los planes de Hacienda se encuentran regiones tan significativas para el PP como Madrid, Galicia o Aragón, donde los barones regionales discrepan de forma radical.

Se argumenta, además, que la entrada de todas las CCAA en el FLA proyectaría una impresión de quiebra generalizada que dañaría la propia imagen de España, cuya prima de riesgo no baja de los 350 puntos básicos. Además, esa ley obligaría a las comunidades autónomas que no quieran entrar en el FLA a endeudarse a plazo muy cortos (entre un año y medio y tres años), con lo que perjudicaría la actual estructura de vencimientos con que cuentan ahora.

Las CCAA rebeldes están convencidas de que si se les expulsa del mercado de manera artificial y si se las obliga a ir al FLA, al estar este instrumento estigmatizado, el mercado consideraría que todas las regiones están al borde de la suspensión de pagos, con lo que la incertidumbre de la economía española aumentaría y el propio Tesoro vería cómo se encarece su financiación al tener que aumentar su rentabilidad por ese repunte del descrédito.