Fomento ‘readmite’ por un mes a los despedidos de la Sociedad de Alquiler

Traspiés en los tribunales. El Ministerio de Fomento ha tenido que readmitir a los 19 empleados despedidos de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) antes del verano. La sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado a favor de los trabajadores, aunque por una mera cuestión de forma, según fuentes oficiales, por lo que bastará con la subsanación del error para que el despido sea considerado procedente.

La SPA se creó en 2005 para dinamizar el mercado del alquiler. Fue una de las medidas estrella del inventado Ministerio de la Vivienda. Sin embargo, durante sus siete años de existencia, la empresa pública, que pasó a depender de Fomento tras desaparecer su ministerio original, acumuló una deuda de más de 45 millones de euros, argumento esgrimido por el actual Gobierno ha procedido a su liquidación ordenada, que deberá estar resuelta para fin de año.

En esta sociedad, aún en funcionamiento, trabajaban un total de 59 empleados de carácter laboral fijo, afectados por un ajuste de plantilla puesto en marcha por Fomento. Tras la primera fase del ERE, los despidos que se han hecho efectivos alcanzan a 19 trabajadores, aunque el proceso estaba paralizado tras la denuncia interpuesta por los sindicatos, dado que los despidos se resolvieron sin acuerdo, lo que dio pie a un conflicto colectivo que terminó en magistratura.

El pasado mes de junio, Fomento explicó los planes que el Gobierno tenía para ejecutar una disolución ordenada de la entidad. A partir de ese momento, la cartera de la ministra Ana Pastor informó a sindicatos y trabajadores del expediente de regulación de empleo, así como sobre la sucesión de los contratos que mantenía, que se subrogarán a las administraciones locales para que se garanticen los compromisos adquiridos con los propietarios.

En una comparecencia del pasado mes de julio, Pastor descubrió parte de las cuentas de la SPA, de manera que sirviera como justificación ante la opinión pública de la decisión. Entre los datos más llamativos, la ministra señaló que cada vivienda arrendada por la sociedad pública de alquiler costaba a los españoles 5.000 euros.