Hacienda estudia crear una autoridad “independiente” para vigilar las cuentas públicas

El control de las cuentas públicas se ha convertido en el eje de la política económica. Y en este contexto hay que situar la intención del Gobierno de nombrar una autoridad independiente para vigilar el gasto público.

La propuesta no está cerrada, y, según se asegura desde el Ejecutivo, aún queda por conocer de qué forma se articulará.  “Estamos estudiando cómo hacerlo”, afirma una fuente oficial. Entre otras cosas porque esta figura no existe de forma homogénea en la UE, donde cada país que cuenta con una Oficina de estas características ha realizado su propio modelo.

La creación de una autoridad independiente en materia presupuestaria es una de las recientes recomendaciones que ha hecho el Consejo Europeo a España tras analizar el Plan Nacional de Reformas. Y no es, desde luego, una propuesta nueva. La Unión Europea lo ha recomendado de forma sistemática desde hace años, pero hasta ahora ha recibido la callada por respuesta.

Lo único que se ha puesto en marcha es una Oficina Presupuestaria dependiente del Congreso que hoy sólo existe sobre el papel pese a que se creó formalmente hace casi dos años. La ley hace depender la Oficina Presupuestaria de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, pero el nuevo Gobierno todavía no ha decidido si este esquema se ajusta a la recomendación europea.

Lo que se aprobó en la anterior legislatura -con mayoría socialista- concede a la Oficina Presupuestaria competencias para el “asesoramiento técnico en materia de seguimiento y control de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado”. Es, en realidad, un departamento para asesorar a los diputados y senadores más que un órgano de control y vigilancia de las cuentas públicas.

Escaso contenido

Posteriormente, y apenas dos semanas antes de que se disolvieran las Cortes, las Mesas del Congreso y del Senado aprobaron una Resolución que desarrollaba la ley, aunque en términos muy sucintos y con escaso contenido.

La Resolución impide, por ejemplo, que la Oficina Presupuestaria pueda intervenir de forma discrecional en sus desempeños, obligándola a una “selección predeterminada de sus actuaciones”. Igualmente, se la obliga a que en sus informes no pueda emitir propuestas. Se dice textualmente que “los informes de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales no contendrán propuestas de ningún tipo y harán referencia a la metodología empleada”.

Incluso se deja bien claro que  los empleados de la Oficina Presupuestaria “serán fundamentalmente funcionarios de las Cortes Generales”. El director -elegido entre personas de “reconocido prestigio profesional”-  sería nombrado por las Mesas de ambas cámaras a propuesta del presidente del Congreso de los Diputados.

El Ministerio de Cristóbal Montoro, por el momento, todavía no sabe si este esquema de funcionamiento servirá para contentar a la UE, pero lo que está claro es que el papel de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) continuará como hasta ahora. La Intervención fiscalizará las cuentas públicas, pero sin hacer un análisis cualitativo, salvo en su papel de auditor de los entes públicos.

Entre las opciones que debe decidir Hacienda es si este nuevo mecanismo de control del gasto público tiene algún tipo de competencias respecto de las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

La existencia de oficinas presupuestarias independientes del Gobierno forma parte de la tradición parlamentaria de países anglosajones, en particular en EEUU y Reino Unido. Pero también en Europa continental naciones como Alemania o Suecia cuentan con un departamento encargado de controlar el gasto público.