Madrid acumula ya impagos de cinco meses con sus principales contratas

Entre las afectadas están FCC, ACS, Ferrovial y Sacyr Vallehermoso, las cuales se encargan a través de distintas filiales de la recogida de basuras, del mantenimiento de las calles, de la limpieza y y de la conservación de los jardines. Fuentes de varias de estas empresas han confirmado que ya tienen demoras considerables. “Vuelven a las andadas”, sentencian.

Fuentes oficiales del consistorio dirigido por Ana Botella han confirmado que el pasado mes de junio se abonaron los servicios de enero y que confían en que antes de acabar julio se finiquite la factura de febrero. Se trata, según la explicación oficial, de cumplir con el plan de ajuste presentado por el equipo de la mujer de Aznar, cuya prioridad principal es de pagar un recibo al mes.

Por tanto, el aplazamiento es de 150 días, una cifra que desde el Ayuntamiento de la capital se considera aceptable si se compara con los más de 365 días de dilación que habían antes de la entrada en vigor del Plan de Pago a Proveedores. Sin embargo, el atraso contrasta con la determinación, por ejemplo, del consistorio de Barcelona, que está haciendo frente a sus obligaciones a los 30 días.

Fuentes de la patronal de las empresas de residuos aseguran que la situación aún es peor en determinadas ciudades de Andalucía y, especialmente en Valencia. “Varias capitales se pusieron al día con la línea de crédito del Gobierno, pero después no han pagado ni una factura”, aseveran con gran preocupación porque temen que a final de año el problema alcance una dimensión insoportable para las empresas.

Huelgas por el circulante

FCC, que presentó  sus resultados semestrales el pasado viernes, dijo con alegría que su deuda neta se había rebajado en 744 millones, un 10%, hasta los 6.646 millones. El motivo era que había recibido 1.217 millones de euros gracias a la puesta en marcha del Fondo de Pago a Proveedores de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Ni ACS ni Sacyr han dado cuenta de sus números a junio. Junto con Ferrovial y otras empresas de menor tamaño facturan unos 650 millones por este tipo de servicios.

Para estas compañías es vital cobrar en un plazo determinado de tiempo puesto que de lo contrario se convierten en financiadores de las administraciones. El problema es doble. Por una parte, al no ingresar, los adeudos le generan una salida de caja significativa, que estrangula su circulante. Por otra parte, al debilitarse su situación financiera, tienen más obstáculos para obtener recursos en los mercados de capitales, ahora cerrados a cal y canto.

Por si fuera poco, al no cobrar a tiempo, las empresas dejan de pagar a sus trabajadores, los cuales suelen convocar huelgas, con el consiguiente conflicto social.  Así ha pasado en varios municipios de la provincia de Cádiz, como Rota y el Puerto de Santa María, en Segovia o en Albacete recientemente.