Iberdrola y Endesa amenazan con dejar Garoña ante el 'impuestazo' de Soria

Garoña afronta un futuro incierto. La pelea de años mantenida por Iberdrola y Endesa para evitar su cierre podría encallar con la tasa que maneja el Ministerio de Industria para las centrales nucleares y hidráulicas. Según aseguran fuentes del sector, los impuestos en ciernes hacen que los números ya no salgan tan claramente para la instalación. Al punto, ambas eléctricas –que comparten la titularidad de la planta- se plantean no solicitar la ampliación de su vida útil hasta 2019, como preveía una reciente orden ministerial. Si ese requerimiento no se produce, Garoña dejará de producir electricidad en julio de 2013.

“Endesa e Iberdrola se plantean no solicitar la prórroga si se aprueba el paquete fiscal. Piensan que sería una iniciativa no rentable, casi ruinosa”, aseguran estas fuentes. La decisión supondría una irónica –y última- vuelta de tuerca para la central. No en vano Garoña, desahuciada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, afrontaba una segunda vida con el cambio de gobierno. El Partido Popular, tradicional partidario de la energía nuclear, se manifestaba a favor de prolongar la vida útil de la instalación al menos hasta 2019, en línea con las recomendaciones lanzadas en su día por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Las buenas intenciones se plasmaban en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 3 de julio, cuando el Ministerio de Industria revocaba el cierre de Santa María de Garoña el 6 de julio de 2013. Eso sí, dejaba claro que los titulares de la central era quienes debía mover ficha. Y le daba de plazo hasta el 6 de septiembre para tomar la decisión. “La cuestión está sobre la mesa, pero todavía tienen tiempo para pronunciarse. No está cerrado”, añaden estas fuentes. La solicitud de renovación debe ir acompañadas de numerosos documentos, entre ellos un programa de inversiones relacionado como las mejoras derivas del accidente de la Central nuclear de Fukushima, en Japón.

Sin embargo, el paquete fiscal que prepara el Ministerio de Industria para atajar el déficit de tarifa podría echar por tierra esa ampliación. Y es que para las eléctricas, con la mayor parte de su negocio en el régimen ordinario, el impacto de las nuevas tasas es cuestión de fuerza mayor. Incluso han apuntado que vislumbran los números rojos. El tándem Montoro-Soria no sólo planea colocarles un gravamen del 4% a su facturación. También plantea una tasa específica para la nuclear y la hidráulica de 10 y 15 céntimos el megavatio hora, respectivamente. Una apuesta por la que el Gobierno prevé recaudar 950 millones extra, pero con daños colaterales. “Es un palo gordo para todos. Las nucleares y las hidráulicas podrían entrar directamente en pérdidas”, analizan fuentes del sector.

Más doloroso, la decisión del departamento de José Manuel Soria parece venir a zanjar en su contra un debate en el que las eléctricas se han empleado a fondo en los últimos años. ¿Están las centrales hidráulicas y nucleares amortizadas y se benefician de los llamados windfall profits o beneficios caídos del cielo? El debate arranca en mayo de 2008, cuando la Comisión Nacional de la Energía (CNE) cuestionó abiertamente el mercado mayorista de la electricidad, al advertir que las energías nuclear e hidráulica se pagaban al precio más caro del ‘pool’ -fijado por el carbón y el gas-, cuando en realidad afrontan costes muy inferiores al estar ya amortizadas. La diferencia les reportaría pingües beneficios. Las eléctricas niegan la mayor y recuerdan las inversiones efectuadas en estas centrales en los últimos años.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, no ha sido pacato en estos últimos años a la hora de defender la necesidad de que se ampliara la vida útil de la central nuclear, argumentado que se encuentra en un estado “excelente” y que cerrarla sería un “lujo” para el país en plena crisis económica. El presidente de Iberdrola resaltaba incluso antes de que el CSN emitiera su informe que la compañía llevaba 20 años invirtiendo en la instalación –en total más de 300 millones de euros- para lograr que pudiera funcionar el mismo tiempo que centrales de otros países como Japón, Suiza, Holanda o EEUU.