Las nuevas ayudas del Estado a la banca no contarán como déficit público

El Gobierno ha encontrado la fórmula para que las nuevas ayudas públicas imprescindibles para completar la reforma financiera no incrementen más el déficit ni la deuda públicos: otorgarlas en forma de préstamos al 8% de interés y con un plazo de cinco años. Un sistema parecido al del FROB 1 y que Bruselas permite contabilizar como "pasivo financiero", ya que se realiza a precios de mercado y no supone un coste para el contribuyente, sino que éste recuperará el dinero -se supone- con intereses.

Estas ayudas se circunscribirán a las nuevas fusiones que se realicen a raíz de la reforma, es decir, no podrán entregarse a entidades en solitario para que se mantengan vivas artificialmente (lo que se conoce como "entidades zombies"). Estas fusiones son uno de los objetivos de la reforma junto al restablecimiento de la confianza y forzar una rebaja real del precio de la vivienda.

Según fuentes cercanas a Economía, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, a la espera de saber si contará con dinero del fondo de rescate europeo, ha buscado esta fórmula para poder llevar a cabo la reforma sin esperar y sin deteriorar aún más las maltrechas finanzas del Estado, aunque para conseguir estos fondos tendrá que emitir más deuda. El 'truco' reside en que, aunque se trate de préstamos, computan como capital de primera calidad tanto para las normas españolas como para las de la EBA (Autoridad bancaria Europea).

Este dinero público es imprescindible porque, como explicaba ayer el presidente del Banco Popular, Ángel Ron, el sector entero genera un margen de explotación anual de sólo 23.000 millones frente a los 50.000 en que el ministro De Guindos cifra la necesidad de nuevas provisiones para ajustar el valor de los activos inmobiliarios. No se sabe aún cómo se inyectará ese dinero público, aunque pierde fuerza una opción planteada inicialmente: las convertibles contingentes (cocos), un nuevo instrumento que introduce Basilea III.

Con estos 50.000 millones, sumados a los 105.000 millones que ya han provisionado las entidades desde el inicio de la reestructuración del sector en 2009, los 18.000 de dinero público inyectados hasta la fecha y los 5.250 que ha puesto el Fondo de Garantía de Depósitos en la CAM, se alcanzan grosso modo los 176.000 millones de exposición inmobiliaria problemática (activos tóxicos) reconocidos por el sector: crédito moroso, subestándar e inmuebles adjudicados