División en el PP por la enmienda del PSOE para eliminar los blindajes corporativos

La oposición duda. El Partido Popular no tiene claro cómo articular su discurso frente a la enmienda presentada por el PSOE para modificar la Ley de Sociedades Anónimas, cuya principal novedad pasa por eliminar la limitación del voto a los accionistas a partir de un determinado porcentaje. Según las opiniones recabas entre distintos dirigentes y diputados populares, como en ha ocurrido con otros temas recientes, la cúpula de Génova no ha cerrado aún una decisión común.

 

Durante este pasado fin de semana, después de la información publicada por El País, las primeras reacciones de los dirigentes populares con voz en asuntos económicos fueron de rechazo. La coincidencia en el tiempo de la tramitación de esta enmienda con el conflicto que tienen abierto las constructoras Sacyr y ACS en Repsol e Iberdrola, respectivamente, desató una reacción crítica y de rechazo a la iniciativa del PSOE, que en realidad venía servida desde Moncloa a espaladas del Gobierno.

Igual que el impulso de la enmienda se atribuye a la capacidad de presión ejercida por Luis del Rivero y Florentino Pérez, la potencial oposición abanderada por el PP ha sido nutrida de argumentos por las eventuales víctimas, en este caso Repsol e Iberdrola. Sin embargo, a lo largo del lunes, los populares sometieron a debate interno su posicionamiento y, en más de un grupo de trabajo, la conclusión fue a favor de la enmienda que eliminaría la limitación de voto para los accionistas.

“Esta propuesta comenzó a trabajarse en el PSOE hace tiempo, probablemente impulsada por algún empresario conocido”, afirma un destacado diputado popular que prefiere guardar el anonimato. “Al margen de los intereses concretos a los que pueda servir, desde el punto de vista de la libertad de mercado no tiene ningún sentido que existan limitaciones de voto. Es un contrasentido que el poder de una compañía quede en manos de unos ejecutivos y no en las de sus accionistas”.

Al contrario que cuando gobernaba el PP, entonces estos temas los resolvían José María Aznar y Rodrigo Rato, ahora “hay muchas opiniones diferentes”, bien sea la de Rajoy, Cospedal, Montoro o la propia Esperanza, “y cada uno trata de informarse por su cuenta”, explica otro dirigente popular. Dos fuerzas políticas que sí parecen estar en contra de la enmienda son CiU y PNV, que ven con recelo la posible situación de vulnerabilidad ante terceros en la que podrían quedar Gas Natural/Fenosa y Repsol/Petronor.

Los principales argumentos de resistencia manejados por el PP tienen que ver con una cuestión de formas. Primero, como en otros asuntos relevantes, porque el PSOE les ha mantenido al margen de esta deliberación. En segundo lugar, por la sospechosa sensación de urgencia que rodea a la presentación de la enmienda, que tendría que haber ido en la Ley de Acompañamiento y que se depositó sin embargo, el último día posible, sin el membrete del grupo parlamentario socialista, según las fuentes consultadas.

Paradójicamente, ayer lunes Iberdrola anunció el nombramiento de dos nuevos consejeros en la eléctrica, María Helena Antolín Raybaud y a Santiago Martínez Lage, en este caso independientes procedente de la filial de Renovables. Una renovación parcial que no sirvió de oportunidad para dar entrada a algún representante del principal accionista de la compañía, la constructora ACS (12,6%), que hace pocos días reiteró su interés en ocupar un sillón del consejo de administración.

El consejo de Iberdrola decidió también reelegir a otros siete de los quince miembros del órgano rector, que este año concluyen el mandato de cinco años para el que fueron designados, dentro de la ‘normalidad institucional’. Entre los consejeros renovados figura el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, y los vocales externos independientes Víctor Urrutia, Ricardo Álvarez Isasi, José Ignacio Berroeta, Juan Luis Arregui, Julio de Miguel y Sebastián Battaner.