'El Enterrador' llega a La Vanguardia
La dirección de La Vanguardia y el comité de empresa se vieron ayer las caras en los servicios territoriales de Trabajo para intentar llegar a un
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La dirección de La Vanguardia y el comité de empresa se vieron ayer las caras en los servicios territoriales de Trabajo para intentar llegar a un acuerdo ante el expediente de regulación de empleo (ERE) que el rotativo barcelonés ha presentado y que significa el despido de 90 de las 131 personas que pertenecen a los servicios de administración y publicidad. Para pilotar la operación, el Grupo Godó ha contratado a un experto en estas cuestiones: Rafael Ortiz, a quien en los ambientes laborales se conoce como El Enterrador o El Sepulturero.
Ortiz había sido director general de Empleo desde 1984 a 1999 en sucesivos gobiernos de Jordi Pujol y conoce al dedillo el mundo del trabajo. Desde su salida de la Administración, presta sus servicios en el bufete Garrigues y ha sido el representante de multitud de compañías en los expedientes que éstas han presentado durante los últimos años.
“Sabes que, cuando llega, la empresa va a por todas. Es un negociador muy duro al que le importa poco el costo social que pueda haber en cada expediente”, dice una fuente que le conoce desde hace dos décadas. Otra fuente subraya que “se sabe todos los recovecos de la ley y de la administración y es muy hábil. Su estrategia pasa por hacer llegar todos los asuntos al máximo nivel, el más alejado de los trabajadores y donde él se mueve como pez en el agua”.
En los círculos sindicales se afirma que los expedientes que pasan por sus manos siempre hacen daño. “Algunas de las deslocalizaciones que ha habido en Cataluña fueron asesoradas por Ortiz y siempre han salido adelante, más pronto o más tarde, aunque luego el coste social quedase minimizado por la intermediación de la Administración y las condiciones pactadas con las empresas”, señala un veterano sindicalista.
Su intervención más conocida fue cuando la multinacional Lear quiso abandonar Cataluña y cerrar la planta de Cervera, que era uno de los motores industriales de la comarca donde se ubicaba. En aquel momento, el secretario de Industria era Oriol Pujol y Lear estaba asesorada por una empresa de la que era accionista su hermano Josep Pujol Ferrusola y por el bufete Garrigues, donde compartían responsabilidades Rafael Ortiz y el hasta hacía poco consejero de Presidencia, Joaquim Triadú.
Cesado en Nissan
Otro de los temas que pasó por sus manos fue el conflicto que la automovilística Nissan abrió a principios del otoño pasado. Ortiz fue el elegido para pilotar el expediente que habría de acabar con el despido de 1.680 trabajadores. El planteamiento de la compañía, a principios de noviembre, provocó una revuelta de los empleados con movilizaciones ante la posición intransigente de la multinacional.
Un mes más tarde, Ortiz fue apartado de sus responsabilidades y Nissan contrató a otro negociador, Jordi Degà, lo que permitió alcanzar un acuerdo temporal para solventar el problema y firmar la paz con los sindicatos. “La postura intransigente de Ortiz hacía prever que no se podría llegar a ningún acuerdo”, recuerda una de las personas que intervino en las negociaciones.
Rafael Ortiz se ha labrado fama de ultraliberal. En mayo del año pasado, en un debate organizado por Garrigues y Exeller Search & Coach, Ortiz sentó cátedra con sus premisas: abogó por el Plan CEOE 2008 y por la reforma de la estructura de la negociación colectiva, de manera que permita una mayor flexibilidad laboral. Además, apostaba por el aumento de la productividad con medidas como la externalización de servicios, la doble escala salarial, la absorción de los pluses salariales o el uso del contrato fijo discontinuo. Paralelamente, era partidario de eliminar las restricciones al empleo temporal y de potenciar las ETT porque “las limitaciones que sufren afectan directamente al principio de libertad de empresa”.
Los beneficios del Grupo Godó
Su aterrizaje en La Vanguardia augura una dura batalla en el buque insignia de Javier Godó. “No vamos a permitir que planteen un expediente basado en datos falsos, puesto que, si bien se han presentado unos números -no auditados todavía- en los que se dice que el periódico ha tenido unas pérdidas de 12,7 millones el año pasado, el Grupo Godó en su conjunto ha tenido beneficios. Sabemos que Ortiz es un experto y que el Grupo Godó puede presionar, pero vamos a plantar cara al expediente con todas las armas a nuestro alcance. Ese tándem entre Ortiz y el Grupo Godó no nos asusta”, asegura a El Confidencial una fuente del comité de empresa.
Esta misma fuente asegura que en La Vanguardia rechazarán de plano los argumentos dados por la dirección del holding. “Tenemos un antecedente de la poca honestidad del grupo -añade la misma fuente-: a finales de abril, después de recibir 300.000 euros de subvención para potenciar los informativos de la cadena de televisión, 8TV, estos servicios fueron externalizados y fueron despedidas 8 personas. Cuatro de ellas fueron al paro y otras cuatro pasaron a una empresa de Mediapro, que se hace cargo ahora de la producción de estos informativos. Pero, sin embargo, el dinero de la subvención desapareció y, evidentemente, no fue utilizado en el objetivo para el que la Generalitat la había concedido. Quizá sea la hora de empezar a poner las cartas sobre la mesa”.
La dirección de La Vanguardia y el comité de empresa se vieron ayer las caras en los servicios territoriales de Trabajo para intentar llegar a un acuerdo ante el expediente de regulación de empleo (ERE) que el rotativo barcelonés ha presentado y que significa el despido de 90 de las 131 personas que pertenecen a los servicios de administración y publicidad. Para pilotar la operación, el Grupo Godó ha contratado a un experto en estas cuestiones: Rafael Ortiz, a quien en los ambientes laborales se conoce como El Enterrador o El Sepulturero.