DALLAS, 22 DE NOVIEMBRE DE 1963

El 26 de octubre de 2017 sabremos la verdad sobre el asesinato de JFK

Este año concluye el plazo para que el gobierno estadounidense desclasifique los últimos -y más determinantes- documentos relacionados con la muerte del presidente Kennedy

Foto: Kennedy recibió tres disparos en un descapotable en Dallas. (Corbis)
Kennedy recibió tres disparos en un descapotable en Dallas. (Corbis)

Poco después del asesinato del presidente John F. Kennedy, un periodista preguntó al juez Earl Warren, presidente de la comisión encargada de investigar la muerte, si los registros del caso se harían públicos. “Sí, el momento llegará”, respondió, “pero puede que no mientras vivas”.

Ese momento ha llegado. El tortuoso caso que comenzó en la Plaza Dealey de Dallas el 22 de noviembre de 1963 encontrará su esperado punto final este año. El 26 de octubre, más de cinco décadas después de la fecha del asesinato, los últimos documentos federales relacionados con la muerte del presidente serán desclasificados. Para aquellos que crean que las pistas que conducen hacia la identidad del verdadero asesino (o asesinos) están escondidas en algún recóndito pie de página de los archivos del gobierno, esta puede ser su última oportunidad para encontrar las piezas determinantes del puzzle.

Los créditos finales de la película 'JFK' de Oliver Stone, estrenada en 1991, aluden (con intencionalidad) al año 2029 como el momento en el que iban a ser publicados los archivos secretos sobre el magnicidio. Debido a la fascinación revivida por el complot del encubrimiento que provocó la película, se dictó la JFK Records Act de 1992, por la que el Gobierno tiene 25 años para desclasificar los archivos relacionados, y el plazo termina este octubre. Se espera que el 27 de ese mes se publiquen los 3.000 documentos nunca vistos, junto con los 34.000 previamente desclasificados.

Desde 1992 se han creado organizaciones con el único fin de que la JFK Records Act se cumpla. La cuenta atrás entra en sus últimos compases

Los archivos, muchos de los cuales pertenecen al Comité Selecto de la Cámara de Asesinatos (establecido en 1976 para investigar las muertes del expresidente demócrata y del Dr. Luther King Jr.), prometen revelar menos acerca de los supuestos segundos tiradores y más sobre lo que el gobierno, y en particular la CIA, podrían haber sabido sobre el autor de los disparos, Lee Harvey Oswald, antes del asesinato.

¿Quién mató a Kennedy?

Entre los interrogantes más disputados encontramos: ¿Fue Oswald de verdad el asesino? ¿Actuó solo como concluyó la Comisión Warren? ¿Conocía la inteligencia estadounidense el plan del asesinato con anterioridad al mismo? ¿Evitaron los líderes estadounidenses una investigación completa para proteger sus secretos?

Robert y John Fitzgerald Kennedy fueron asesinados con apenas 5 años de diferencia.
Robert y John Fitzgerald Kennedy fueron asesinados con apenas 5 años de diferencia.

Hasta el momento, la ley ya ha ayudado a rellenar uno de los períodos más significativos del siglo XX, pues ha revelado información sobre los planes militares para invadir Cuba, la retirada de las tropas de Vietnam y la propia formación de la Comisión Warren.

Según lo que ha comunicado el Archivo Nacional de EEUU, el último lote de documentos incluye información sobre la estación de la CIA en Ciudad de México en la que Oswald se personó semanas antes de la muerte de JFK. También aportará luz al caso de Howard Hunt, uno de los oficiales de inteligencia estadounidense implicados en el escándalo Watergate, por el que fue condenado a pasar 33 meses en prisión, y también, uno de los nombres que aparece siempre en las teorías sobre el asesinato. Poco antes de morir, en 2007, Hunt afirmó que había estado implicado en un complot organizado por varios altos mandos de la CIA para matar a Kennedy, un plan al que se refirió como 'The Big Event'. Y, curiosamente, entre los documentos que la administración estadounidense tiene planeado desvelar este octubre hay al menos 332 páginas sobre él.

A su vez, las revelaciones incluyen transcripciones del duro interrogatorio de la CIA al desertor de la KGB Yuri Nosenko, quien entregó la ficha de la inteligencia soviética sobre Oswald. También se encontrará información sobre George Joannides, quien dirigió operaciones financieras con un grupo anticastrista cuyos miembros se pelearon publicamente con el tirador en las calles de Nueva Orleans en el verano de 1963.

Trump tiene la última palabra

No obstante, Martha Murphy, del Archivo Nacional, ha advertido de que los documentos por desvelar no satisfarán el ansia de los conspiradores, pues considera que lo más importante, la ficha de la CIA de Oswald, ya ha sido publicada. La mayor parte de este tesoro informativo fue considerada como “no relevante” por la Junta de Revisión de Registros de Asesinatos que, sin embargo, mantiene que “algo que era irrelevante en 1998 puede ser más tentador hoy en día”. Como mínimo, estima Murphy, los documentos proporcionarán una “hermosa instantánea de la América de la Guerra Fría y los servicios de inteligencia”.

La Records Act de 1992 concede la potestad al presidente -en este caso, Donald Trump- de retrasar la publicación de los documentos secretos

Pero para los curiosos, incluso los documentos irrelevantes son mejor que nada, sobre todo teniendo en cuenta que 'nada' es todavía una posibilidad. La Records Act de 1992 concede la potestad al presidente -en este caso, Donald Trump- de retrasar su publicación (en su totalidad o parcialmente) si considera que (1) el aplazamiento es necesario por un peligro identificable a la defensa militar, las operaciones de inteligencia, la aplicación de la ley o la conducta de las relaciones exteriores o que (2) el daño identificable es de tal gravedad que supera en interés público a la divulgación.

Las agencias gubernamentales pueden apelar directamente al presidente para que así lo haga y, por esa razón, decenas de autores, académicos y creyentes de conspiraciones y complots le han pedido a la Casa Blanca que los archivos sean 'puestos en libertad'. “El Archivo Nacional hará todo lo posible para que los documentos estén a disposición del público”, señala Murphy a la web Politico. “Hay límites a mis poderes y el presidente tiene el derecho a decidir qué es lo que debe ser retenido por un período más largo de tiempo”.

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