“Los científicos somos el chivo expiatorio de los políticos”

Este lunes, una sentencia dictada por un tribunal italiano ha conmocionado a la comunidad científica al sentar un precedente hasta entonces inexistente en la historia del derecho, y que amenaza con cambiar para siempre las relaciones que el mundo de la política mantiene con la ciencia. Hasta ahora, estas habían consistido en que esta última pensaba y el Estado actuaba. Pero esta semana, seis científicos y un funcionario público han sido condenados a seis años de cárcel por no ser capaces de alertar a los habitantes de la región de L’Aquila del terremoto que acabaría con la vida de 308 personas el 6 de abril de 2009. Un hecho sin precedentes en la historia del derecho internacional, ya que hasta ahora la responsabilidad de este tipo de catástrofes habían recaído en las administraciones públicas, nunca en los científicos encargados de llevar a cabo las investigaciones en las que estas se basan para actuar. Sin embargo, el juez Marco Billi ha considerado que la responsabilidad es de los científicos por la mala práctica de su profesión, al infravalorar los riesgos existentes. Pero ¿son realmente ellos los responsables?

Una semana antes de la tragedia, la Comisión de Grandes Riesgos se había reunido para analizar la posible alarma que anunciaban los continuos temblores que amenazaban al centro de Italia. La conclusión a la que llegaron, tras una breve reunión de 45 minutos, es que no disponían de datos suficientes para pensar que había ningún riesgo.Apenas una semana después, más de 300 personas morirían (y 1.500 personas resultarían heridas) como consecuencia de los efectos de un terremoto de 6,3 grados en la escala Richter. Por ello mismo, los integrantes de la comisión encabezada por Franco Barbieri deberán pasar una larga temporada entre rejas, a la espera de un posible recurso, por proporcionar información “inexacta, incompleta y contradictoria”, bajo la acusación de homicidio culposo múltiple, lesiones y estragos. Una sentencia que ha sido repudiada inmediatamente por la comunidad científica, en cuanto que considera que no se puede atribuir a un error científico la responsabilidad de todas esas muertes, y que ha conducido a que el presidente de la Comisión de Grandes Riesgos, Luciano Maiani, haya dimitido porque no cree “que haya las condiciones necesarias para trabajar con tranquilidad”.

Averiguar el momento exacto en que se va a producir un terremoto es prácticamente imposibleLa pregunta obvia es: ¿se puede encarcelar a un científico por no ser capaz de predecir algo que es imposible de anticipar con absoluta seguridad? José Antonio López, director de Cultura Científica del CBSMO y conocido divulgador científico, manifiesta que “comprende y comparte la preocupación de la comunidad científica”, y espera que la decisión del juez Marco Billi, a la que define como “preocupante” y “sospechosa” no empiece a imitarse en otros países. “Si el fallo es científico, la decisión es, como poco, sorprendente”.

La defensa, que pedía la absolución de los científicos, señalaba que es imposible predecir un terremoto con total seguridad, una tesis que fue avalada por diferentes expertos. López se muestra de acuerdo en que “la sismografía es una ciencia bastante imprecisa. Sabemos que el aumento de presión que puede causar un terremoto tiene un margen de error de casi un millón de años, por lo que averiguar el momento exacto en que se va a producir un terremoto es prácticamente imposible”. Más aún si tiene lugar en una zona como la del centro de Italia, donde el riesgo sísmico es siempre alto. Esa fue la tesis de los científicos, que pensaron que no había nada especialmente alarmante y, es más, los técnicos llegaron a mantener que “es positivo que la tierra se mueva, porque significa que el terremoto se está calmando”.

Un fallo en el sistema

La sentencia no alude de manera explícita a ningún tipo de negligencia, sino a la “inexactitud” de sus informaciones, algo que entra dentro de lo esperado. “Salvo caso de negligencia manifiesta o error humano, no tiene sentido encarcelar a nadie por ello”, señala López, que piensa igual que los 5.000 geólogos y científicos que redactaron el pasado año una carta destinada al Presidente de la República, Giorgio Napolitano, en la que se señalaba que “la responsabilidad de tomar decisiones es de la administración. La ciencia, a pesar de todos los instrumentos de que dispone, no puede prever con certeza si habrá un seísmo”. Además, señalaban que la principal causa del desastre se encontraba en la construcción de los edificios, por lo que los responsables deberían ser otros. Alberto Calvo Meijide, profesor de Derecho Civil en la Universidad San Pablo CEU, señala que para hablar de negligencia, debería existir una "falta de cuidado y de abandono de las mínimas previsiones y cuidados que los peritos deben tener".

Se podría haber evacuado Lorca y que no hubiese ocurrido absolutamente nada en cinco añosMuchos otros se han mostrado críticos con la decisión. Tom Chivers señalaba en The Telegraph que los científicos ya iban a tener que cargar con la culpa de las muertes sobre sus hombros como para además, dar con sus huesos en la cárcel. Por su parte, John Vidale, sismólogo de la Universidad de Washington declaraba a LiveScience que “después de que ocurra, es muy fácil predecir un terremoto. Pero antes de ello, acertadamente, se pensó que el riesgo era bajo”. En el mismo medio, el profesor de geología de la Universidad de Oregon Chris Goldfinger señalaba que “la idea de hacer a los científicos responsables por la política pública es ridícula. Algo debe haber fallado gravemente en el sistema legal italiano”.

Calvo Meijide señala que no es capaz de recordar un caso semejante, y opina que "el reproche legal y el castigo de seis años es excesivo". Calvo matiza que "un terremoto es una catástrofe natural que tiene su traducción legal en un caso de fuerza mayor, que se puede prever en cierta medida, pero no evitar". Por lo tanto, señala que, en su opinión, "no puede darse el reproche penal en un caso de fuerza mayor e inevitable como es este", ya que se trata de la última vía a adoptar, y que en todo caso, "podría, y digo podría, haberse dado un reproche civil por no haber extremado sus conclusiones que hubiese derivado en el pago de una indemnización a los afectados" o, como mucho, "una inhabilitación, que ya habría sido bastante dura de por sí".

Cabezas de turco en Italia

Poca duda hay de que el grupo de expertos, entre los que se encontraban el presidente del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, Enzo Boschi, o el director del Eucentre (Centro Europeo para la Investigación Sísmica), Glan Michele Calvi, fracasó a la hora de analizar los datos: el problema está en si este fracaso, por mucho que causase la muerte de 300 personas, puede hacerte responsable de la tragedia. José Antonio López pone de ejemplo que, aun con los datos disponibles, el terremoto de Lorca habría sido muy difícil de prever. “Se podría haber evacuado la ciudad y que no hubiese ocurrido absolutamente nada en cinco años”, lo que también habría sido problemático porque muchos habrían acusado a los que tomasen la decisión de crear una falsa alarma. “Los últimos informes realizados tras el seísmo de Lorca señalan que sigue habiendo una falla debajo de la ciudad y que se desaconseja construir por encima”, prosigue López. “¿Si se reconstruye y a los cinco años ocurre algo semejante, a quién culpamos?” Calvo Meijide se pregunta si, en el caso de haber lanzado una falsa alarma que supone muchísimo dinero a las arcas del Estado, también habrían sido objeto de un reproche penal.

Es como los autos de fe de la Inquisición, donde se quemaban a cinco herejes para que la gente se quedase contentaEl precedente es particularmente significativo en cuanto que convierte a los científicos, que no son los que han de adoptar las decisiones definitivas, en chivos expiatorios de lo ocurrido, a pesar de que junto a los seis investigadores, un oficial del gobierno vaya a ser también encarcelado. Uno de los hijos de los fallecidos señaló en un momento del proceso judicial que su padre había muerto “por creer al Estado”: el problema está en saber en quién consiste exactamente dicho Estado. José Antonio López recuerda que “meter en la cárcel al científico es atacar al eslabón más débil de la cadena”, ya que las decisiones tienen que ser tomadas en última instancia por un superior o por los poderes políticos. “En muchos casos, los informes se obvian, y se guardan en un cajón, porque no interesan o no se les presta caso. Pero luego los científicos son los primeros en ser señalados”.

“Por mucho que en las encuestas se diga que la ciencia tiene un gran prestigio social, el científico sigue siendo considerado de manera negativa entre la sociedad”, prosigue López. “Se sigue pensando que ellos son los que están detrás de muchas catástrofes naturales, como la del Rhin”. Calvo Meijide añade que "cuando seis expertos peritos se reunen, dando por hecho su conocimiento y que sus herramientas son las adecuadas, pienso que no podían hacer más por prever lo ocurrido".

Un precedente problemático para el futuro

Las reacciones en el ámbito político italiano no se han hecho esperar. Para el presidente del Senado italiano, Renato Schifani, que ejerció como abogado antes de pertenecer al partido de centro-derecha Pueblo de la Libertad (el de Silvio Berlusconi), se trata de “una sentencia un poco extraña”, y se mostró “sorprendido” por la misma. Schifiani recordó los efectos perjudiciales que puede causar esta decisión, ya que “en un futuro, otros expertos pueden preferir mantenerse al margen que participar en este tipo de comisiones”, lo que podría acabar con sus huesos en la cárcel. José Antonio López señala que “de ahora en adelante, a ver quién es el guapo que se arriesga a realizar una predicción así sabiendo lo que se juega”. En ese mismo sentido se manifestaba Jonathan Amos de BBC News, que señalaba en un artículo que “los pronunciamientos de otros expertos serán analizados como nunca hasta la fecha, y su miedo en verse implicados en asuntos legales causados por afirmaciones suyas que son inherentemente inciertas”.

Sin embargo, algunas de las víctimas parecen haber quedado conformes con el veredicto, como es el caso de la hermana de Claudia Carosi, que señalaba que lo que la conducía no era la “sed de venganza”. Por su parte, la presidenta de la provincia en el momento del seísmo, Stefania Pezzopane, ha señalado que esta sentencia requería “valor” y que “los jueces han sido valientes. Ya era hora de que hubiese justicia para L’Aquila”. Quizá sea ese el mayor problema con el dictado del juez Billi: ya se han pagado por las muertes, pero, ¿no habrán pagado justos por pecadores? Para José Antonio López, “es como los autos de fe de la Inquisición, que quemaban a cinco herejes para que la gente se quedase contenta. Es la vendetta del linchamiento. Puede que muchos piensen que se ha hecho justicia, pero lo que debemos preguntarnos es de qué manera va a influir esta decisión cuando haya que prever otros terremotos en el futuro”. El futuro no parece halagüeño: al fin y al cabo, ¿para qué manifestar tu opinión si te puede ocurrir lo que a Barbieri y sus compañeros?