Los niños británicos de cinco años aprenderán a calcular intereses

Una nueva controversia educativa recorre el Reino Unido. Un grupo de 226 miembros del Parlamento pretende llevar a la cámara una propuesta para introducir en la educación primaria la enseñanza de nociones financieras y económicas. El grupo, formado por representantes de todos los colores políticos, pretende que los niños británicos a partir de cinco años aprendan a calcular los intereses de una tarjeta de crédito o los de un contrato con una compañía telefónica dentro de los contenidos curriculares de la asignatura de matemáticas.

Justin Tomlinson, del Partido Conservador y líder del grupo, asegura que es una medida necesaria y la pone en continuidad con las pobres perspectivas de futuro a las que invita la situación financiera: “Las personas de mi edad pueden perderse por no saber de dinero… Pero si la siguiente generación toma una mala decisión, se volverá contra ella y la hundirá”.

Más de 20 países han introducido medidas similares

Con Reino Unido ya serían más de 20 los países que han introducido medidas similares en sus sistemas de educación primaria, entre ellos Brasil, Japón o Estados Unidos. Pese su alcance internacional, el debate aún alcanza escaso desarrollo en España y levanta pocas pasiones en la iniciativa política, aunque en el ámbito de la pedagogía o de las finanzas empiezan a oírse las primeras voces de defensores convencidos y firmes detractores.

"Una demanda puramente ideológica”

José Luis López, presidente de FAPA Giner de los Ríos, se muestra contrario a la medida: “En el currículum de primaria no deben figurar este tipo de contenidos”, asegura. “No es algo con lo que las administraciones particulares puedan implementar los contenidos reglados”, advierte, aunque “en algunos colegios españoles se esté intentando introducir de tapadillo”.

Para el experto, enseñar este tipo de nociones a edad tan temprana “no da respuesta a las necesidades pedagógicas de los niños”, sino que pretende satisfacer "una demanda puramente ideológica”. “Es evidente –comenta– que los ciudadanos deben aprender conocimientos financieros y de economía básicos, pero hay que analizar si la educación primaria es el momento para ello”. Sobre todo, añade, cuando “en educación secundaria o universitaria se imparten asignaturas de economía”.

Lo importante es analizar si es algo que deba impartirse a niños pequeños

El experto también llama la atención sobre los contenidos particulares: “¿Hablamos de educación financiera o hablamos de enseñar a los niños nociones básicas sobre cómo se monta una empresa?”, se pregunta. Y sitúa el verdadero foco de debate no en la conveniencia de que los ciudadanos aprendan este tipo de contenidos, que juzga “totalmente necesaria”: “Lo importante –explica– es pensar si es algo que se deba impartir en los centros de educación primaria, a niños pequeños, en horario lectivo y a expensas de la impartición de otros contenidos”.  

Para López, la educación financiera a edades tan tempranas “parte del sesgo ideológico” y “responde a una intención adoctrinadora” por parte de “instituciones públicas y privadas que no tienen nada que ver con el mundo de la educación”.

"beneficia a todos los individuos"

Lo cierto es que en España sí existen agentes públicos y privados que patrocinan la sensibilización hacia la cultura financiera, cuando no su implantación de la educación reglada, y no lo hacen precisamente de forma enmascarada.

La educación financiera “beneficia a todos los individuos"

El Plan de Educación Financiera 2008-2012 puesto en marcha por el Banco de España y la CNMV –Comisión Nacional del Mercado de Valores–, por ejemplo, incide en que la educación financiera “beneficia a los individuos en todas las etapas de su vida, independientemente de su nivel de renta”. Según estas instituciones, el fomento de la cultura financiera entre la ciudadanía encuentra su justificación en razones como “la complejidad de los productos financieros y de los mercados de capitales”, entre otros, y entra en continuidad con las recomendaciones en la misma dirección emitidas por la Unión Europea o la OCDE –Organization for Economic Co-operation and Development–.

En el ámbito privado encontramos la Red Española de Educación Financiera, un proyecto de la CECA –Confederación Española de Cajas de Ahorro– que, en palabras de Inés García-Pintos, su jefa de Responsabilidad Social e Innovación, pretende “fomentar que la educación financiera esté en la agenda de instituciones y agentes sociales”.

En lo referido a su aplicación a la educación primaria, García-Pintos explica a El Confidencial que “a veces se le niega a los niños unos conocimientos necesarios para la vida: qué es una cuenta corriente, qué es ahorrar, por qué es bueno ahorrar; en la práctica, eso puede ser tan importante como la composición química de la pirita”. La web de la Red Española de Educación Financiera cuenta con un apartado específico dedicado al Ahorro infantil,  en el que reseñan análisis y estudios relacionados con la pedagogía de lo financiero y medidas como un taller para padres o Agent Piggy, una plataforma web para que los niños aprendan sobre economía y finanzas.

A los escépticos que ponen en duda la legitimidad del proyecto, García-Pintos responde que el suyo es “un enfoque integral” y que su papel en el fenómeno nada tiene que ver con el lobbismo: “Las entidades bancarias y de crédito somos las que mejor conocemos la operativa financiera”, justifica. “No vendemos ningún producto, ni mucho menos los nuestros: creemos que la responsabilidad social de los agentes bancarios tiene que traducirse en medidas reales como éstas”.

Añade que la Red que representa “está a favor de que este tipo de enseñanzas se incluyan en el currículum académico de la educación primaria”, aunque declina hacer valoraciones sobre el marco legal específico: “Eso corresponde a las instituciones”.

Una complicada situación legal

A efectos legales y de implantación en el currículum de educación primaria, la educación financiera encontraría su asidero en los llamados temas transversales, coloquialmente denominados cajas rojas, que no refieren a los contenidos educativos específicos, sino al sentido y la intención última que persigue la adquisición de esos contenidos.

Las asignaturas de educación primaria en España son Conocimiento del medio, Educación artística, Educación Física, Lengua –castellana y cooficial, si la hubiera– y Literatura, Lengua extranjera y Matemáticas; los temas transversales, recogidos por los sucesivos Reales Decretos en materia de educación, han sido tradicionalmente educación moral y cívica, educación para la paz, igualdad, educación ambiental, educación para la salud, sexualidad, seguridad vial y por último, educación para el consumo.

Se trata de una situación legal poco resolutiva

Es en este último criterio, la educación para el consumo, donde las nociones financieras y económicas encuentran mayor acomodo. Según Francisco Manuel de la Cruz, en su estudio de 2009 Los temas transversales en la educación primaria, la educación para el consumo pretende “favorecer la resolución de problemas relacionados con el consumo” y “desarrollar en el alumnado capacidades relativas a su propia condición de consumidor, de sus derechos y deberes y del funcionamiento de la propia sociedad de consumo”.

Para la aplicación de las materias transversales, el vigente Real Decreto que regula los contenidos de educación primaria –el 1513/2006, de 7 de diciembre– se remite expresamente a la Ley 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, que en su artículo 121 delega la aplicación de las materias transversales a los centros educativos con la siguiente fórmula: “El proyecto educativo del centro […] incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas”.

En la práctica, esta competencia de los centros para “fijar y aprobar […] el tratamiento transversal en las áreas […] de la educación en valores” supone un resquicio legal al que podrían asirse algunos centros para ofertar un programa de educación financiera, aunque sólo si las instituciones educativas centrales –el Ministerio de Educación– no emitiesen un criterio contrario. Una situación legal poco resolutiva, en suma, que no hace sino acrecentar el debate sobre si la educación financiera es una medida necesaria o un valor susceptible al juicio que, por lo tanto, debe enseñarse fuera de la escuela.