Así mató Carmen Marín a 2.183 animales en la 'perrera de los horrores' de Torremolinos

Hoy se cumple el plazo de cinco días que el juez de lo penal de Málaga dio la semana pasada a Carmen Marín, exdirectora del Parque Animal de Torremolinos, para su ingreso voluntario en prisión. Se trata de la primera persona en España que entrará en la cárcel por una condena por maltrato animal.

Durante el tiempo que Parque Animal estuvo abierto, el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) calcula que unos 2.183 perros y gatos fueron ejecutados por Marín o sus ayudantes, frecuentemente sin control veterinario. En el registro que esta rama de la Guardia Civil realizó en 2010, encontraron congeladores con unos cincuenta perros. De acuerdo con los investigadores, el rigor mortis no era únanime entre los cadáveres: algunos de ellos pudieron haber sido introducidos con vida.

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Desde siempre, Torremolinos tiene un pequeño problema con los gatos callejeros. Durante años han campado a sus anchas por los jardines de la Casa de los Navajas o en los agujeros de las rocas del paseo marítimo, ahora entre carteles que prohiben su manutención. En enero de este año el ayuntamiento multó a una vecina con 250 euros por alimentar a una colonia de gatitos, en diminutivo.

¿Cómo pudieron esos gatos sobrevivir al Parque Animal?

"No interesaban: lo que daba dinero eran los perros", dice a Teknautas Ana Fernández, ex socia de la asociación, por la que pagaba 35 euros al año. "Y a eso hay que sumarle todas las veces que fui a llevar perros".

Marín creó en 1996 la Asociación Parque Animal para la Protección y Defensa de los Animales de Torremolinos, una coletilla que hoy produce escalofríos pero que en sus inicios fue muy popular. La protectora llenaba un hueco en la zona con gran demanda social y mucha gente les devolvía el favor ayudando a trasladar allí a perros abandonados.

"Venía gente hasta de Sevilla a entregar perros por la buena fama que tenía", explica Fernández, ahora presidenta de Acción Afectados Parque Animal, otra de las asociaciones personadas como acusación. "Y lo que hacíamos en realidad era trabajar gratis para unos asesinos".

Por cada animal entregado, la protectora cobraba cerca de 60 euros por los perros y 30 por los gatos. Y por otro lado, cobraba al ayuntamiento cada eutanasia. Además de estos conceptos, recibían subvenciones o dádivas como una caseta de obra a su nombre en el recinto ferial, también cedida por el consistorio gestionado durante esos años por Pedro Fernández Montes, del Partido Popular.

Con esta connivencia municipal actúo desde entonces Parque Animal hasta su cierre... e incluso después.

Los primeros en gritar

Muchos veterinarios pasaron por Parque Animal antes y no dijeron nada, pero uno llamado Rafa no pudo aguantar más. En 2008 grabó un vídeo de las prácticas que se realizaban en las instalaciones y lo envió al Seprona, que inició una investigación. Un día se presentó por sorpresa en la protectora y encontró lo que encontró: pentobarbital y animales congelados. No contentos con ello, volvieron tres días más tarde y comprendieron que aquella era la rutina allí.

En diciembre de 2010 multaron con 15.000 euros a la perrera y ordenaron su cierre por seis meses. Poco después el ayuntamiento de Torremolinos se hizo cargo de la asociación y ésta volvió a abrir en marzo de 2011, pero sólo durante dieciocho días. Era el fin de la 'perrera de los horrores' pero... ¿cuál fue su principio, cuándo empezaron a desviarse tan salvajemente de la civilización?

Por ejemplo, uno de los pocos casos publicados se remonta a enero de 2003, cuando un vecino de Torremolinos llamado Carmelo llevó a juicio al encargado de obra de Benalcasa 2000, una constructora hoy en fase de liquidación. Carmelo vivía, desde hacía 40 años, en una chabola que la constructora derribó estando él ausente. El vecino dijo a la jueza que, además de su vivienda, también tenía allí un corral con unos cuantos animales: un caballo que apareció en muy mal estado a los tres días y unos cuantos perros a los que nunca más volvió a ver.

Uno de los acusados declaró que, aunque no tuvo constancia directa de ello, los animales estaban en mal estado y por tanto la perrera vino y se los llevó.

Tres exterminios semanales

Nacho Paunero, director de la asociación El Refugio, lleva personado en el caso contra la 'perrera de los horrores' de Torremolinos "desde hace casi seis años, aproximadamente por las mismas fechas en que el Seprona hizo el registro de Parque Animal", explica a Teknautas.

"Por primera vez hemos conseguido desde El Refugio que una persona entre en prisión", indica, "antes siempre se libraban: por no tener antecedentes, por ser menos de dos años de cárcel... hemos conseguido muchas condenas en los últimos 20 años, tanto de maltrato como de abandono, y jamás habíamos logrado que alguien fuera a la cárcel, así que esto es impresionante".

Otros testigos, por ejemplo veterinarios que fueron a hacer prácticas a la protectora y salieron por piernas, declararon en el juicio que en Parque Animal llegaban a organizarse tres sesiones semanales de exterminio en las que Marín se hacía pasar por veterinaria e inyectaba a los animales cantidades no letales de barbitúrico.

Al no recibir una cantidad suficiente del fármaco para matarlos, estos perros y gatos se quedaban agonizando y eran introducidos en el congelador para terminar de apagar su chispa: "Era terrorífico y lo hizo miles de veces", dice el director de El Refugio.

Sacrificar a los animales por el hecho de estar abandonados, por desgracia, hoy por hoy es legal en Andalucía

"Sacrificar a los animales por el hecho de estar abandonados, por desgracia, hoy por hoy es legal en Andalucía", explica Paunero, "los únicos sitios donde está castigado es en Madrid y Cataluña".

Si Marín y su socio, Felipe Barco, también condenado, hubieran hecho los sacrificios respetando los plazos legales, quizá habrían pasado más tiempo desapercibidos, "pero no como lo hacía ella: con intrusismo profesional, falsificación de documentos, haciéndose pasar por veterinaria y pinchándoles en cualquier sitio con dosis muy por debajo de lo necesario para una eutanasia...", dice el presidente de El Refugio.

El móvil era económico

"Si va a ir a la cárcel no es por maltrato animal", dice Fernández, "sino por la falsedad documental: de los 3 años y nueve meses de condena, solamente uno es por maltrato, el resto es por suplantación de identidad en un documento legal". Según explica esta vecina, Marín falsificó en repetidas veces la firma de un veterinario al certificar para el ayuntamiento la eutanasia de los animales.

Y por otro lado está la trama económica del asunto, aquella por la cual aún Carmen Marín no ha sido juzgada pero que podría ampliar su estancia en prisión.

Los beneficios de esta macabra actividad "se han llegado a calcular en cerca de un millón de euros", indica Paunero, cuya asociación también esta personada como acusación en la querella a Marín por delitos económicos.

Desde El Refugio celebran la condena además porque "se está juzgando con el código penal antiguo, por lo que es un triunfo mayor si cabe, con el actual tendría más condena" y esperan ver pronto más casos de maltrato animal entre rejas.

Ahora mismo están pendientes de un caso en Puerto Real, Cádiz. Es parecido al de Torremolinos, pero juzgado con un código penal incluso anterior. El juez les ha absuelto pero ellos han recurrido ante la Audiencia Provincial.

"Yo le puedo asegurar que hay más sitios así, estoy convencido", dice Paunero. "pero un perro o un gato no hablan, y hay que tener pruebas para poder señalarlos y ponerlos delante de un juez... ¿cómo puedes destaparlo?".

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