las medidas del nuevo borrador

El Gobierno incompatibiliza la pobreza con el autoconsumo energético en el proyecto de ley

Los usuarios con tarifas como el bono social o el precio voluntario del pequeño consumidor, que usan los hogares con menos recursos, no podrán utilizar kits de autoconsumo, según el nuevo borrador

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El Gobierno incompatibiliza la pobreza con el autoconsumo energético en el proyecto de ley

"Será la puntilla definitiva para el autoconsumo en España"; "un texto tan destructivo que, aunque solo llegase a estar en vigor unos meses, podría suponer la práctica extinción de este sector en nuestro país". Estas son solo dos de las opiniones que hemos escuchado desde que el viernes el ministerio de Industria hizo público el nuevo borrador del real decreto sobre autoconsumo. Si el anterior, de julio de 2013, ya levantaba críticas, este ha desatado la tormenta. 

El polémico impuesto al sol, el peaje de respaldo que despertó airadas protestas, desaparece para volver convertido en dos cargos asociados a los costes del sistema eléctrico, uno fijo y otro variable. "Los consumidores que tengan kits de autoconsumo pagarán un cargo variable por kW mayor que los que consumen toda su electricidad de la red eléctrica. Es una medida totalmente disuasoria", protesta Daniel Pérez, abogado de Holtrop y de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. 

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Desde el ministerio han querido aclarar a Teknautas el porqué de esos cargos: "Solo es de aplicación en las instalaciones conectadas a la red, no en las aisladas. No se puede evadir el pago de peajes si se utiliza la red cuando no hay sol o viento, no hay que dar ventaja a los que autoconsumen frente a los que no lo hacen". Hay que señalar que las instalaciones aisladas son una minoría, solo factibles en circunstancias muy concretas. En la práctica, casi la totalidad de las instalaciones de autoconsumo se verán afectadas por estos cargos, que contribuirán a que siga siendo poco rentable en nuestro país a pesar de la abundancia de fuentes de energía renovable a nuestro alcance.

Incompatible con el bono social

Pero no es eso lo único que preocupa e indigna a los profesionales. Algunas de las medidas incluidas en este borrador ahondan en ese carácter disuasorio. Según se lee en el artículo 8.2, "El titular de un punto de suministro o instalación acogido a esta modalidad de suministro con autoconsumo no podrá tener contratado el suministro con un comercializador de referencia ni tendrá derecho a ninguna modalidad regulada de suministro". 

'El mensaje que transmite esta medida es que si te puedes instalar un kit de autoconsumo, tan pobre no serás'

Eso incluye tanto al al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, que sustituye a la anterior Tarifa de Último Recurso, como al bono social. El PVPC es el sistema de fijación del precio de la electricidad determinado por la administración y que se aplica a los consumidores con menos de 10 kW de potencia contratada, y que supone un ahorro frente a otras modalidades. Unos 16 millones de consumidores en España están acogidos a esta modalidad. El bono social busca proteger a los consumidores con menos recursos: supone un 25% de descuento sobre el PVPC y puede acogerse a él quien tenga menos de 3kW de potencia contratada, sea pensionista, familias numerosas o familias con todos sus miembros en paro.

"El mensaje que transmite esta medida es que si te puedes instalar un kit de autoconsumo, tan pobre no serás. No tiene en cuenta, por ejemplo, que hay asociaciones que ayudan con el importe de estos kits, porque es una forma de que esas familias puedan abastecerse de electricidad aunque sus recursos sean limitados", explica Pérez. Es decir, que quedan excluidos muchos hogares para los que el autoconsumo podría suponer un importante aumento en su calidad de vida.

"No hay en el texto ninguna justificación ni explicación a esta medida. Solo nos queda pensar que se trata de conservar todo el negocio posible para las grandes eléctricas, a las que interesa reducir el número de contratos con bono social", concluye.

Todo lo que no está en la ley está prohibido

El borrador incluye otras medidas que, desde el punto de vista administrativo, también parecen pensadas para hacer desistir a quien se incline por el autoconsumo. Por ejemplo, elimina la posibilidad de que las comunidades autónomas opten por la tramitación simplificada de instalaciones con inyección cero (que no vierten de energía a la red en ningún momento). 

"El nuevo texto obliga a solicitar un estudio de la distribuidora para asegurar que el sistema tiene capacidad para acoger la instalación, aunque no haya ninguna necesidad técnica", comenta Pérez. Un estudio, añade, que puede costar unos 400 euros y prologar  el trámite de unos días a 2 o 3 meses. 

Incluye otra medida que Pérez considera directamente contraria al derecho, y es la disposición de que todas las intalaciones que no están descritas en el texto estarán prohibidas y podrán acarrear una sanción muy grave. "Normalmente es al revés: se prohíben cosas específicas y todo lo demás está permitido. Esta redacción del texto cierra las puertas a la innovación. Es inútil esforzarse en crear instalaciones más eficaces o más duraderas, ya que de partida estarán prohibidas". 

'Esta redacción cierra las puertas a la innovación. Es inútil esforzarse en crear instalaciones más eficaces o más duraderas, ya que de partida estarán prohibidas'

Por último, Pérez señala que el real decreto afectará no solo a las nuevas instalaciones, sino también a las que ya están funcionando: todas las instalaciones ya legalizadas que en un plazo transitorio no se ajusten a la norma, pasarán a ser ilegales. Además, se considerará una infracción muy grave el no adaptarse, que podría llevar a sanciones económicas de hasta 60 millones de euros.

Dudas sobre su aprobación definitiva

La presentación de este nuevo borrador el pasado viernes ha pillado al sector de autoconsumo de improvisto, ya que era habitual oír entre los profesionales del sector que el decreto, cuyo anterior borrador estuvo dos años esperando su tramitación, no llegaría a aprobarse durante la legislatura. Se trata de una norma impopular que ha encontrado oposición por parte del sector de las fotovoltaicas, de organizaciones de consumidores, de ecologistas e incluso de instituciones europeas y expertos internacionales.

Muchos de esos opositores se han propuesto presentar batalla para evitar que este nuevo texto llegue a aprobarse, o al menos que tarde lo más posible en hacerlo. Para ello la plataforma a la que Pérez representa, así como otras asociaciones y los demás partidos políticos a excepción del PP, quieren promover una campaña para que, durante el periodo de consulta pública de dos semanas al que está siendo sometido el borrador, se presenten todas las alegaciones posibles. Trabajan en una web en la que las asociaciones y ciudadanos puedan participar en el proceso de forma sencilla.

Las instalaciones de autoconsumo en España estarán sujetas a cargos si están conectadas a la red general. Además, no recibirán contraprestación económica (balance neto) por la energía que viertan a la red.
Las instalaciones de autoconsumo en España estarán sujetas a cargos si están conectadas a la red general. Además, no recibirán contraprestación económica (balance neto) por la energía que viertan a la red.

En caso de que se llegue a aprobar, como aseguran desde el ministerio que ocurrirá durante esta legislatura, tomarán medidas ante los tribunales, ya que consideran que algunas de las normas incluidas son claramente ilegales, contrarias al derecho español y sobre todo al derecho europeo. 

Pérez está seguro de que las directivas europeas están de parte del autoconsumo, pero teme que una aprobación, aunque sea solo temporal, tenga un efecto devastador sobre el autoconsumo. "Están tratando de meter miedo a la gente para que no lo haga. La mayoría se queda con la idea de que el autoconsumo tiene impuestos o está prohibido, y ni lo intenta". 

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