El pago asciende a 300.506 euros. Miriam Toñi y Desireé fueron asesinadas a finales de 1992.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que condena al Estado a indemnizar con 300.506 euros (50 millones de pesetas) a cada uno de los progenitores de las tres niñas de Alcasser (Valencia), Miriam, Toñi y Desireé, violadas y asesinadas a finales de 1992. La resolución declara la responsabilidad patrimonial del Estado en este caso al considerar que los permisos concedidos por la Administración penitenciaria a uno de los presuntos asesinos de las jóvenes, Antonio Anglés, fueron "gravemente inadecuados".

La Sala señala que Anglés, en situación de rebeldía y que no ha sido juzgado por estos hechos, cometió el crimen de las tres niñas mientras disfrutaba de permiso penitenciario, de acuerdo a las declaraciones del único condenado por los hechos, Miguel Ricart, y a lo indicado en el auto de procesamiento dictado en 1993.

La indemnización que se reconoce a cada padre es de 300.506 euros, es decir, 601.012 euros a cada una de las familias de las niñas, lo que supone una cuantía total de 1,8 millones de euros (300 millones de pesetas).