'House of Cards' en Nicaragua: Daniel Ortega y su mujer cimentan su poder en las urnas

Frank y Claire Underwood. Marido y mujer. Amados y odiados por igual. Son los personajes principales de la premiada serie ‘House of Cards’. Dos protagonistas que, en su ambición por alcanzar el poder, acaban decidiendo en pareja el futuro de Estados Unidos. Dicha trama ha encontrado símil en Nicaragua. Sólo que con una diferencia: no se trata una serie de televisión. Esta vez los personajes son de carne y hueso y salen en los libros de Historia.

El protagonista de la trama en el mundo real tiene 70 años, luchó una guerra y luce bigote. El ex comandante revolucionario y actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, renovará su cargo por tercera vez consecutiva en las elecciones de este domingo. Es su séptima candidatura a la presidencia en las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el grupo que le hizo la revolución al dictador Anastasio Somoza a finales de los 70 y con el que ya dirigió al país entre 1979 y 1990.

No estará solo. Su candidata a la vicepresidencia es Rosario Murillo, su esposa y para muchos la persona que realmente dirige los designios del segundo país más pobre de América, sólo superado por Haití. Marido y mujer en una fórmula electoral que ha causado controversia en la región.

En algunos casos la realidad supera a la ficción. En ‘House of Cards’ los Underwood no tienen hijos. Ortega y Murillo, en cambio, han alumbrado siete vástagos. No son anónimos en Nicaragua. Los descendientes de la pareja coordinan el majestuoso proyecto del canal interoceánico del país –una obra de 50.000 millones de dólares en inversión china que podría finalmente no ver la luz- son directivos de los canales de televisión familiares –el 33% de la parrilla televisiva del país está controlada por los Ortega Murillo, así como la mayoría de las radioemisoras- y hasta tienen intereses en el sector petrolero, entre otras ocupaciones.

“Nicaragua compite ahora por el primer lugar en el continente en tiranías familiares. Es imposible separar con nitidez los intereses económicos de la familia gobernante y gran parte de los intereses económicos de Nicaragua”, comenta a El Confidencial Edmundo Jarquín, ex alto cargo sandinista y ahora en la oposición por sus diferencias con lo que los disidentes del FSLN califican como el ‘orteguismo’.

Campaña por la abstención

El presidente nicaragüense lo tiene todo a su favor para reeditar su mandato, tras la exclusión judicial de las urnas del principal grupo opositor. Los líderes contrarios a Ortega formaban parte hasta ahora del Partido Liberal Independiente (PLI), con el que consiguieron el 31% de los votos y 26 de los 92 escaños en la Asamblea Nacional en las elecciones de 2011. La mayoría de ellos fueron expulsados del partido y de sus escaños a finales de julio, dejando a Ortega con control parlamentario total y absoluto.

Todo había comenzado unas pocas semanas antes. El representante legal del PLI era desde 2011 Eduardo Montealegre, uno de los líderes de la oposición. La Corte Suprema de Justicia decidió el pasado junio retirar esa representación legal a Montealegre y se la otorgó a otro político, Pedro Reyes, resolviendo así una antigua disputa legal en el partido.

Esa decisión fue calificada como un “amaño” por los líderes opositores. Denuncian el control de la judicatura por parte de Ortega. Reyes, acusado de ser un agente del presidente, expulsó a 16 diputados titulares y 12 suplentes que se negaban a aceptar su autoridad. Los parlamentarios destituidos intentaron presentarse a los comicios en otra agrupación, el Partido Acción Ciudadana, pero el máximo organismo electoral suspendió la personería jurídica de dicha entidad. Así fue como Nicaragua se quedó sin oposición.

Los líderes opositores piden ahora la abstención en las elecciones. Ortega se enfrentará en las urnas a otros cinco partidos que tienen mínimas posibilidades de victoria. Algunas encuestas otorgan al ex guerrillero hasta un 66% de intención de voto, tras una campaña casi inexistente, sin mítines ni grandes caravanas electorales. El resto de partidos no alcanzaría ni el 9% de los sufragios en solitario, según los sondeos.

“Estas elecciones serán como las que veíamos en los países europeos del ex bloque soviético, como Bulgaria y Checoslovaquia, en las que había un partido hegemónico, el Comunista, y varios partidos satélites subordinados al hegemónico”, critica Jarquín.

No habrá observadores

El Gobierno, por su parte, afirma que la pluralidad democrática está garantizada con los seis partidos que se presentan a las elecciones. Parte de la población es de la misma opinión: “A nadie se le excluyó y dos pequeños grupitos que se autoexcluyeron, o fue porque se sentían derrotados o porque con ello pretendieron deslegitimar las elecciones”, escribió el analista Fredy Franco en El Nuevo Diario.

Los comicios, por otro lado, no contarán con observación electoral independiente. Ni nacional, ni internacional: “Observadores sinvergüenzas. Aquí se acabó la observación, que vayan a observar a otros países”, dijo el presidente cuando se proclamó candidato.

“No habrá observadores porque comprobarían que en Nicaragua no hay competición política democrática”, lamenta Jarquín. Su partido, el disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), perdió su personalidad jurídica en 2008, un año después de la vuelta al poder del Ortega tras 16 años en la oposición.

El ex guerrillero fue reelegido en 2011 con el 62% de los sufragios, después de un polémico fallo del Supremo nicaragüense, que invalidó el artículo que prohíbe la reelección inmediata de presidentes en Nicaragua. Ortega se valió de su mayoría absoluta en la Asamblea para cambiar definitivamente ese punto de la Constitución en 2014. Su reelección es, ahora sí, totalmente legal.

La oposición denuncia que el ex guerrillero controla todas las instituciones del Estado. En particular, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la contraloría, el Ejército y la Policía. “Ortega ha creado un mecanismo de subordinación de todos los poderes, en primer lugar, colocando en esos cargos sólo a militantes fieles y, en segundo lugar, quedándose él con la posibilidad de elegir o destituir a cualquier alto funcionario de cualquier poder del Estado”, explica Fabián Medina, jefe de información del diario opositor La Prensa. “Si se entiende dictadura como la subordinación de todos los poderes, las leyes y el aparato represivo a la voluntad de un hombre o un grupo de personas entonces sí, Nicaragua es una dictadura”, añade el editor.

El sandinismo, ¿igual al somocismo?

Algunos analistas incluso llegan a comparar la actual situación política con la dictadura de los Somoza, desalojada del poder a finales de los 70 por los guerrilleros sandinistas: “Hay mucho del somocismo en el régimen de Ortega. La concentración de riquezas, la familia presidencial como fuente de poder y la decisión de no jugarse el poder en elecciones libres son rasgos comunes entre el orteguismo y el somocismo”, critica Medina.

Similar opinión tienen los ex altos cargos del FSLN que se distanciaron del presidente y ahora están en la oposición: “El FSLN ha dejado de ser un proyecto ideológico y se ha convertido en una maquinaria al servicio del verdadero proyecto de Ortega, que es el poder por el poder, el poder por el dinero y el dinero por el poder”, señala Jarquín. “Ha pasado de ser un revolucionario con un proyecto socialista a un tirano ‘copérnico’, que todo lo hace girar alrededor de sus intereses personales”, añade el disidente sandinista.

La pesimista visión de la oposición contrasta con la gran popularidad que mantiene Ortega entre buena parte de la población del país. El trabajo del presidente cuenta con un 64% de aprobación, según una encuesta de CID Gallup realizada a mediados de octubre. No hay más que pisar Managua para notar inmediatamente el apoyo en las calles.

Muchos de quienes apoyan a Ortega aluden a la seguridad del país como un aliciente para seguir votándole. La Policía Nacional ha conseguido contener la violencia que se vive en los Estados vecinos. Nicaragua es un oasis de tranquilidad comparada con Honduras y El Salvador, dos de los países más peligrosos del globo según todos los índices elaborados al respecto. La calle lo agradece.

El turismo es otro de los sectores que ha crecido exponencialmente con el gobierno de Ortega. Se ha visto beneficiado por los bajos precios del país, la seguridad y la mejora de la oferta en el sector. El pasado año, sin ir más lejos, los ingresos turísticos crecieron un 18,7% con respecto al año anterior.

Una economía boyante... hasta ahora

El Gobierno, además, no sólo esquivó la crisis económica mundial. Consiguió que su PIB creciese alrededor de un 5% anual desde 2010. El volumen de la economía se ha doblado desde 2006. Un excelente desarrollo, aunque el país no ha conseguido todavía alcanzar los niveles económicos previos a la Revolución de 1979.

Esa mejora económica se nota en las calles del país. También en las cifras. La pobreza en Nicaragua afectaba al 42,5% de la población en 2009. El recuento bajó al 29,6% en 2014, según cifras del Banco Mundial, aunque otras instituciones han puesto en duda esas cifras.

Ortega ha conseguido espolear el comercio, tanto interior como exterior, aliándose con la empresa privada del país. También con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de un giro radical con respecto a la política del guerrillero en los 80, cuando muchos empresarios eran vistos como el enemigo y fueron expropiados. La alianza entre el presidente y el sector privado se basa en una política de exención de impuestos. La intercambiaría, según la oposición, con el silencio empresarial en cuestiones políticas.

El ‘boom’ económico ha sido posible también por la cooperación petrolera venezolana. Nicaragua forma parte de los países del ALBA. El país habría recibido insumos por valor de algo más de 4.000 millones de dólares provenientes de Venezuela en la última década. Parte de ese dinero se ha invertido en políticas sociales.

La oposición critica, sin embargo, que la administración de ese dinero se ha hecho de forma discrecional, sin añadirse a los presupuestos estatales: “Ortega manejó aproximadamente unos 500 millones de dólares cada año, sin rendir cuentas a nadie de su uso. Esa cantidad de dinero le dio la solvencia para financiar su modelo populista y sostener en positivo los indicadores macroeconómicos. El dilema es: ¿qué hará ahora cuando no sólo ha dejado de recibir ese dinero, sino que debe pagar esa deuda?”, se pregunta el periodista Medina.

Venezuela, una futura fuente de crisis

En efecto, la crisis venezolana ha propiciado que esos créditos concesionales, recibidos favorablemente a 25 años de plazo, con dos años de gracia y un interés del 2% anual, se hayan reducido drásticamente en los últimos meses. Tal extremo podría acabar con parte de las políticas sociales del Gobierno. También con las exenciones fiscales de los empresarios, tranquilos hasta ahora con Ortega, pero con un creciente nerviosismo tras la expulsión de los diputados opositores. La inestabilidad política está reñida con los negocios.

Un sector de la oposición ve esa caída de la cooperación venezolana como una futura fuente de crisis. Ven esa posible caída de la economía como la razón de que Ortega quiera añadir escaños a su gran mayoría absoluta conseguida en 2011. Así podría manejar mejor la tormenta.

Los opositores, eso sí, son conscientes de no haber sabido convencer a los nicaragüenses de votar a su favor: “Ha faltado unidad”, señala el analista Héctor Mairena. “Los partidos políticos sin ejercicios electorales creíbles son como peces a los que se les ha dejado sin agua. Por eso la oposición luce débil. Pero el cierre de las opciones electorales anticipa, lamentablemente, otras formas de confrontación, como la desobediencia civil activa”, comenta Jarquín.

A esa forma de oposición activa se une la amenaza de sanciones provenientes de Washington hasta que no haya elecciones “libres, justas y transparentes”. No parece que Ortega vaya a tener unos primeros meses tranquilos en su renovado mandato.