Caso Almendralejo: ¿qué opciones tienen las niñas si los autores son menores de 14 años?

"Es una barbaridad. Se lo han hecho a mi hija y a decenas de niñas más". Con estas palabras resumió Miriam Al Adib el escándalo que actualmente tiene conmocionados a los vecinos de Almendralejo, un pequeño municipio de Badajoz de alrededor de 30.000 habitantes. Su hija es una de las menores de entre 11 y 17 años que aparecen en las imágenes de niñas desnudas que se han difundido a través de WhatsApp en los últimos días. Las fotografías, sin embargo, no son reales, sino que han sido creadas por la aplicación de inteligencia artificial ClothOff. Hasta el momento, 18 menores han presentado denuncias, pero todo apunta a que el número se incrementará en los próximos días, ya que las afectadas podrían superar la treintena.

Desde el pasado lunes, la Policía Nacional investiga el caso y, según ha adelantado El País, ya ha identificado a 11 autores de las fotografías, todos ellos entre 12 y 13 años, por lo que son inimputables. "Solo los mayores de 14 años pueden ser considerados penalmente responsables por la comisión de delitos, como así lo establece la ley de responsabilidad penal del menor", explica Javier Urra, exfiscal de menores y primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid. Ahora bien, esto no significa que las víctimas no tengan otras vías para pedir responsabilidad.

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"Desde el ámbito civil, pueden ejercitar acciones", subraya Urra. En la misma línea se pronuncia Javier Moreno, socio del bufete Dikei Abogados, que indica que las menores afectadas por las imágenes falsas podrían pedir una indemnización por una vulneración a su derecho a la integridad moral y a la propia imagen. "Aunque el cuerpo no sea suyo, la cara sí lo es. Su imagen aparece vinculada a un cuerpo desnudo que no es el suyo", indica. Estos derechos vienen recogidos en los artículos 15 y 18 de la Constitución española. Las afectadas, por tanto, pueden acudir a los tribunales y exigir una compensación para reparar el daño causado por la creación y difusión de esas fotografías falsas.

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Ahora bien, ¿a cuánto podría ascender la indemnización? Se trata de un interrogante complejo de resolver, como señala Luis Ruiz-Rivas, socio en el mismo despacho. "La ley no establece cuantías determinadas, sino que lo decide el juez en cada caso", detalla. Para calcularlo, se tienen en cuenta varios factores que pueden elevar la cifra, como el grado de difusión que tengan las imágenes, el tiempo que estén en circulación, si ha habido intentos de extorsión o chantaje, el impacto en el entorno de la víctima o el contexto en el que sucede el hecho. "No es lo mismo que esto ocurra en una gran ciudad, donde es más fácil pasar desapercibido, que en una localidad pequeña donde todo el mundo se conoce, como parece ser el caso de Almendralejo. Ahí el daño es mayor", recuerda el letrado.

Asimismo, Moreno apunta a otro elemento relevante en este caso concreto, y es que todas las afectadas son menores de edad. "Eso va a tenerse muy en consideración, nuestra normativa prevé una protección especial sobre los menores y su desarrollo", detalla. Por el contrario, el abogado considera que el hecho de que el cuerpo no sea realmente el de las afectadas, sino que es una creación artificial, podría ser considerado una atenuante.

En todo caso, ambos socios estiman que la cuantía final de la compensación podría oscilar entre los 4.000 y 20.000 euros. "Por afectada", matizan. Una cantidad que, además, deberán abonar los padres, ya que son ellos los que deben responder por las infracciones cometidas por sus hijos menores de edad.

Sanciones de la AEPD

Además de la vía civil, María M. Pardo de Vera, abogada en Helas Consultores, recuerda que las menores afectadas también pueden interponer una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos por infracción de la normativa de privacidad. De hecho, el propio organismo anunció este miércoles que iba a iniciar de oficio actuaciones previas de investigación en el caso de las menores de Almendralejo.

En caso de determinarse que existe una infracción, la multa podría ascender hasta los 10.000 euros. "Es el máximo que ha fijado hasta ahora la agencia en sanciones a particulares. Al fin y al cabo, las cuantías que prevé el Reglamento General de Protección de Datos están pensadas para empresas, aunque sí es cierto que la protección de los menores es una de sus prioridades. Es muy firme a la hora de perseguir este tipo de conductas", matiza la letrada.

Opinión

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Buen ejemplo de ello fue la resolución que dictó la entidad en 2022, cuando sancionó a un chico de 16 años por extorsionar a una niña de 13 años para que le enviara imágenes íntimas a través de Instagram y WhatsApp. Según se recoge en el texto, en un primer momento, la menor le envió contenido sensible voluntariamente, pero después el infractor la obligó a mandarle más fotografías y vídeos bajo la amenaza de que publicaría en redes sociales lo que ya tenía.

La AEPD multó al menor con 5.000 euros, que debieron abonar sus padres, ya que, como ocurre con las infracciones cometidas en la vía civil, los progenitores también deben responder económicamente de las sanciones administrativas. "En temas de infracciones que acarrean una sanción económica, responden los padres, a no ser que pueda sufragarlo el menor porque tiene la capacidad económica o está emancipado", aclara Eduard Blasi, abogado y vicepresidente tercero de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP).

Ahora bien, más allá de cómo se resuelva este conflicto concreto, Javier Urra considera que la vía más eficiente para poner fin a este tipo de prácticas no reside en un endurecimiento de las penas o las sanciones económicas para los responsables. "Tenemos un problema con los jóvenes hoy en día, hay un rebrote machista de dominio. Hace falta formar en educación sexual en sentido amplio. No solo en cómo hay que ponerse en preservativo, sino en el respeto", zanja.