Economía ultima que dos joyas inmobiliarias de la Castellana vuelvan a ser oficinas privadas

Dos joyas inmobiliarias junto al paseo de la Castellana, centro de negocios por excelencia de la capital, están muy cerca de recuperar su uso como oficinas. Hablamos de Castellana 44 y Serrano 69, dos edificios propiedad del Consorcio de Compensación de Seguros, una entidad pública adscrita al Ministerio de Economía y cuya calificación actual solo permite su uso por entes públicos.

Este organismo lleva más de una década intentando recuperar el uso original de ambos inmuebles. Un uso que el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) de 1997 cambió por el de dotacional de servicios colectivos de la Administración pública.

El PGOUM de 1997 cambió el uso de Castellana 44 y Serrano 69 de terciario a dotacional

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobaba el pasado 24 de noviembre las modificaciones incorporadas al documento de modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 para ambos inmuebles, posteriores a la aprobación inicial de dicha modificación en noviembre de 2014. Una decisión que ahora será sometida a información pública, antes de pasar por la Comunidad de Madrid y volver al Consistorio para su aprobación final.

Una decisión que, después de una década de tramitación urbanística y escollos judiciales, podría estar más cerca que nunca y tener un gran impacto, no solo en el mercado de oficinas del paseo de la Castellana, sino sobre las propias cuentas del Consorcio de Compensación de Seguros, ya que el valor de dichos inmuebles con la nueva calificación se disparará, según los expertos consultados.

De hecho, como reconocía en abril de 2016 el Consorcio al Ayuntamiento de Madrid en una carta en la que solicitaba que se agilizase la tramitación urbanística, "ambas propiedades, que forman parte de las reservas técnicas obligatorias consustanciales a la actividad del Consorcio, han sufrido con dicho cambio una pérdida de su valor patrimonial, y han visto disminuida su rentabilidad y abanico arrendaticio, en detrimento de la posibilidad de atender los supuestos legales de responsabilidad que la ley atribuye a esta Entidad Pública Empresarial".

Dos edificios de la segunda mitad del s. XX

Para conocer el origen de ambos edificios hay que remontarse a principios de la segunda mitad del siglo XX, en concreto, al Plan Parcial de Ordenación de los terrenos situados entre las calles de Juan Bravo y Eduardo Dato, aprobado por la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid el 5 de junio de 1968. Aquel plan estableció la remodelación del sector con el objetivo de solucionar la conexión de esas calles por encima del paseo de la Castellana.

Aquel Plan Parcial afectaba a 12 fincas, de las que tres, las situadas en la calle Serrano, números 65 y 69, y paseo de la Castellana, número 44, fueron aportadas por la Comisaría del Seguro Obligatorio de Viajeros, un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda, que a su vez las había adquirido mediante escrituras de compraventa a particulares.

Castellana 44 se construyó en 1974 para albergar las oficinas de este organismo: 10.226 metros cuadrados construidos, de los cuales 5.387 estaban destinados a oficinas, y una dotación de 77 plazas de aparcamiento.

Como resultado de aquel proceso urbanístico, a la Comisaría del Seguro Obligatorio del Viajero se le adjudicaron las parcelas situadas en Serrano 69 y paseo de la Castellana 44, ambas con uso característico de terciario, si bien el uso dotacional era compatible en todas sus clases y categorías. Y fue, precisamente, el uso dotacional el que se acabó asignando a estos edificios, con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) de 1997, una situación que el Consorcio de Compensación de Seguros lleva intentando revertir, sin éxito, desde 2011 mediante una modificación puntual del PGOUM del 97.

"El objeto de la presente modificación puntual consiste en el cambio de calificación urbanística de las parcelas de la calle Serrano, 69, y paseo de la Castellana, 44, que recuperan la calificación de servicios terciarios en su clase de oficinas, que ostentaban en el planeamiento antecedente al PGOUM, esto es, el APD 4-2 'Paso elevado Juan Bravo-Eduardo Dato", del Plan General de 1985, según la documentación consultada por El Confidencial.

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E. Sanz

Entiende el Consorcio de Compensación de Seguros que "el PGOUM calificó dos parcelas como dotacional de administración pública sin tener en cuenta que desde el origen ambas fincas habían estado destinadas por la planificación urbanística a uso terciario de oficinas, actuación que pudo deberse al carácter público de los usuarios y/o arrendatarios del edificio en el momento de la redacción del Plan General".

Esta recuperación del uso de oficinas, señala, "es imprescindible para el desempeño de las funciones del Consorcio, que requiere la explotación económica de su patrimonio inmobiliario, en este caso mediante el alquiler de los edificios como oficinas tanto a instituciones públicas como privadas".

Además, al no alterar las actividades de carácter terciario a las que estaban destinados los edificios originariamente, alega el Consorcio que no introduciría nuevas condiciones medioambientales. De tal manera que no sería necesario someter de nuevo el planeamiento al procedimiento de análisis ambiental por parte de la Comunidad de Madrid.

Una década luchando por recuperar el uso terciario

El Consorcio de Compensación de Seguros presentó por primera vez la solicitud para tramitar la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 el 20 de octubre de 2011. Tres años más tarde, el 30 de julio de 2014, el Ayuntamiento de Madrid, con Ana Botella al frente, aprobaba inicialmente la modificación.

La Comunidad de Madrid daba su aprobación definitiva en febrero de 2017 y, apenas dos meses más tarde, en abril de 2017, el Consistorio, con Manuela Carmena al frente, recurría el acuerdo ante el Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Madrid, al entender que el acuerdo y su motivación no se ajustaban a derecho y al entender que la aprobación definitiva de esta modificación puntual provocaba "una lesión importante en los intereses municipales".

Manuela Carmena recurrió en 2017 la aprobación definitiva por parte de la Comunidad de Madrid

Aseguraba en aquel momento el Ayuntamiento de Madrid que los motivos para el ejercicio de acciones judiciales se fundamentaban "tanto en razones formales-procedimentales como de fondo". El TSJM estimaba parcialmente el recurso interpuesto en marzo de 2018.

Ahora, cinco años después de aquel recurso, el Ayuntamiento de Madrid, esta vez con José Luis Martínez-Almeida al frente, ha vuelto a desatascar la modificación. Tras la aprobación inicial se abre ahora un mes de información pública, antes de su aprobación definitiva.