Imputados un alto cargo de Díaz Ayuso y cuatro exalcaldes del PP en el caso Púnica

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado al comisionado del Gobierno de Madrid para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, Ignacio García de Vinuesa, así como a otros cuatro exalcaldes y varios concejales del PP por los trabajos de reputación 'online' que se investigan en el marco del caso 'Púnica'.

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EFE

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dictado un auto, con fecha del pasado 3 de noviembre y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción de llamar a declarar en calidad de investigados a Vinuesa, por su etapa como alcalde de Alcobendas; a Ana María Kringe (Denia), Juan Alfonso Bataller (Castellón), Raúl López Vaquero (Coslada) y Narciso de Foxá (Majadahonda) por el pago con fondos públicos de los trabajos que habría realizado para ellos las empresas de Alejandro de Pedro.

El juez ha llamado a declarar en calidad de investigados a Vinuesa por su etapa como alcalde de Alcobendas

En este sentido, el juez también cita a declarar —aún sin fecha— como investigados en la pieza 10 del caso 'Púnica' a concejales y trabajadores de estos consistorios por su participación en la contratación de Eico y Madiva para que mejorara la reputación de los entonces alcaldes a través de diarios digitales creados 'ad hoc', blogs, gestión de redes sociales o campañas de publicidad.

Renuncia de Vinuesa

Tras conocerse la imputación, la Comunidad de Madrid, a través de su consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha aceptado la renuncia como Comisionado del Gobierno para la Atención de las Víctimas del Terrorismo de Vinuesa, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

El Ejecutivo regional ha agradecido la larga trayectoria al servicio de los ciudadanos de García de Vinuesa, así como su contribución en el apoyo y defensa de las víctimas del terrorismo en su última etapa profesional.

El exalcalde de Alcobendas, que contaba con un sueldo de 75.085 euros anuales, sustituyó en el cargo a la expresidenta de la Asociación Víctimas del Terorismo (AVT) Ángeles Pedraza tras ser nombrada gerente del organismo autónomo Madrid 112.

Como posible sustituta de Pedraza sonó el nombre de la exdiputada nacional del PP y hermana del concejal de Ermua asesinado por ETA en 1997, Marimar Blanco. Su nombre estaba entre las papeletas pero finalmente se alejó de esta opción al decantarse por seguir siendo entonces diputada del PP.