13, Rue del desahucio: la verdad sobre el edificio más mediático de Madrid

Lo ocurrido en Argumosa 11, el 'edificio símbolo' de la guerra inmobiliaria que se libra en Madrid, se puede contar de muchas maneras y todas son ciertas. Se puede narrar como una historia de acoso inmobiliario, especulación y familias desesperadas que no tienen dónde ir. Y se puede hablar de herederos que reclaman legítimamente —y con el peso de la ley— las rentas de un patrimonio que necesitan para mantener su estilo de vida. Hay una tercera manera de verlo: como la pelea de dos familias enfrentadas. A un lado del ring, los Aguado: representantes de la burguesía madrileña. Al otro lado, los Salazar: una familia gitana que lleva generaciones en las calles de Lavapiés, siempre de alquiler.

La guerra vivió su último episodio el viernes a primera hora de la mañana, cuando la abogada de los Aguado se asomó al balcón del primer piso y arrancó una pancarta gigante que decía en letras bien grandes: "Proindivisos nos quita los pisos". Acto seguido, el operario de una empresa de alarmas instaló su distintivo y los albañiles tapiaron la entrada al portal 1A. En la calle, a unos 50 metros, separados por un cordón policial, 200 personas gritaban y abucheaban.

Era la primera de las tres viviendas que se desalojaron de una sola tacada —en realidad fueron cuatro porque una de ellas es doble— por mandato judicial. Las familias de Juani, Rosi y Pepi, los Salazar, perdían finalmente su larga batalla. También Mayra, la cuarta afectada, que no consta en el auto del juez. Después de casi dos años de desafío, de esquivar una docena de órdenes de desahucio, tendrán que buscarse desde hoy otro sitio donde vivir con sus familias, que incluye a menores de edad, un bebé y una adolescente discapacitada. Argumosa 11 se queda sin sus vecinas más mediáticas. Se resquebraja el mito del edificio que resistía, el bloque convertido en bandera del conflicto de derechos que sacude los centros históricos de las grandes ciudades, en especial Madrid y Barcelona. Una maraña de emociones y propaganda, de matices jurídicos, económicos e ideológicos.

Poco hubiera imaginado el arquitecto Isidoro Aguado que esto terminaría así cuando construyó este bloque de viviendas en el año 1930. Los apartamentos disponían de fresqueras para conservar los alimentos. Y las cocinas tenían fogones de hierro, con placa para cocinar y hornillo de carbón vegetal. Lavapiés era entonces una de las barriadas más modestas de la capital, y el de la calle Argumosa 11 no era sino uno más de los múltiples proyectos inmobiliarios del señor Aguado.

El edificio y la gestión de los contratos de alquiler fueron heredados años después por Pedro Aguado, hijo de Isidoro, quien a su vez repartió la herencia a partes iguales entre sus tres hijos: Estrella, Francisco y Máximo. Ellos han gestionado sus respectivos lotes de pisos y locales comerciales desde entonces. Obtenían rentas muy bajas debido al poco atractivo del barrio, lo que compensaron invirtiendo lo mínimo en mantenimiento y mejoras.

Y de pronto llegó la gentrificación. La corriente invisible que se extiende por los barrios más degradados del centro de Madrid y Barcelona se empezó a hacer sentir en Lavapiés. Un día, Argumosa dejó de ser una calle apestada en la que nadie que puede permitírselo quiere vivir. Se abrieron bares de moda y restaurantes que atrajeron a jóvenes, bohemios y turistas acaudalados. Como tantos, los inquilinos del número 11 se encontraron con que sus modestos pisos eran ahora objeto de deseo por personas dispuestas a pagar el triple por ellos. Y los propietarios empezaron a hacer cuentas. Así comenzó esta guerra de cifras y argumentos contrapuestos, de apelaciones a derechos de toda clase, de propaganda y medias verdades.

De un lado se encuentra la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas de Madrid y otros colectivos sociales unidos en la plataforma Bloques en Lucha, convertidos en altavoz y escudos humanos para que nadie "expulse" a los inquilinos ni "especule" con los precios de las 30 viviendas del edificio. Del otro lado está el despacho de abogados LEAN en representación de la propiedad, dividida en tres grandes lotes. Un 33% pertenece a Estrella Aguado, que ya tiene 90 años, está incapacitada y se mueve en silla de ruedas. Es su hija, Estrella Esteban, quien la representa. Otro 33% es de los hermanos Pedro y Fátima, hijos de Francisco Aguado, que falleció en 2015 y les dejó la herencia. Se da la circunstancia de que Fátima sufre una grave discapacidad desde su nacimiento, por lo que es Pedro quien tutela sus activos.

El 33% final pertenece a la empresa Inversión en Proindivisos SL, que en el año 2015 compró el lote a los herederos de Máximo Aguado. El bufete LEAN representa a todos en parte porque uno de sus socios, Santiago Viciano Esteban, es primo segundo de Estrella Esteban. De hecho, Viciano fundó Inversión en Proindivisos, con la que gestiona ese lote del 33%. Luego ha ampliado el negocio hasta alcanzar 86 participaciones en viviendas en toda España en régimen de proindiviso.

"Argumosa 11 ha sido hasta la fecha una inversión ruinosa. La resistencia a marcharse de los inquilinos que dejaron de pagar sus rentas u okuparon los pisos, unido a los desperfectos que han causado en el edificio, está costando mucho dinero a la empresa. Pero quien lo está pasando peor son Estrella y Pedro, que necesitan esos ingresos para vivir. Estrella tiene 90 años, depende de su hija y necesita muchos cuidados. Pedro se está haciendo cargo de su hermana Fátima y lo está pasando muy mal para conseguir que no le falten cuidados". Este es el resumen de la situación que hace Ángela Gómez, abogada de LEAN y representante de la propiedad.

"Dicen que un fondo buitre ha comprado todo el edificio y exige 1.700 euros de alquiler. Eso es mentira", protestan los propietarios

Después de más de un año de perfil bajo, los clientes de Gómez decidieron semanas atrás que había llegado el momento de dar a conocer su versión. De intentar contrarrestar el protagonismo de Rosi, Juani, Pepi y las plataformas, el mensaje que ha copado durante meses la atención de los medios de comunicación. "Están diciendo que un fondo buitre ha comprado todo el edificio de Argumosa 11 y exige 1.700 euros de alquiler. Eso es mentira. Solo un 33% pertenece a una empresa pequeña que se dedica a los proindivisos, nada que ver con un fondo buitre. Y es mentira que quieran triplicar los precios. Llevamos años intentando negociar pero ha sido imposible. Por eso hemos tenido que recurrir a los tribunales y todas las sentencias nos son favorables, señal de que tenemos razón". Casualidad o no, su primera victoria en dos años ha llegado poco después del cambio de actitud con los medios, de que empezasen a aparecer en programas de televisión ofreciendo su punto de vista.

En un encuentro en la sede del bufete LEAN, en sus oficinas situadas entre el Museo del Prado y el Parque del Retiro, la abogada, junto a Pedro Aguado y Estrella Esteban, enumeran los intentos de subida de rentas en Argumosa. Hablan de una subida de 100 euros en un caso, de una actualización de IPC en otro… Insisten en que han tratado de subir alquileres con incrementos "razonables", en base a las modestas economías de los inquilinos, y que sólo tienen problemas con algunos arrendatarios (otros siguen pagando sin problema) que se han rebelado dejando de pagar en los últimos dos años.

"Te ingresaban un mes y dejaban de pagar. Muchos acumulan deudas de miles de euros que nosotros, hartos de la situación, nos hemos ofrecido a perdonar a cambio de que dejen el piso una vez finalizado el contrato". Los primos Pedro y Estrella piden ocultar su identidad y solicitan ser fotografiados de espaldas, subrayando que han padecido una campaña de acoso por parte de la plataforma anti desahucios. En una ocasión, empapelaron el barrio de Estrella —cerca del Retiro— con carteles con su cara en los que la responsabilizaban del sufrimiento de muchas familias y la llamaban especuladora. En otra, repitieron a operación en la Universidad de León, donde trabaja Pedro.

Acoso inmobiliario

Fernando Bardera, portavoz de Bloques en Lucha, reconoce que esas campañas existen y las justifica: "Son especuladores con vínculos que se remontan a los grandes potentados del franquismo y en absoluto dependen de estos pisos para sobrevivir. Sabemos que tienen más propiedades en Madrid y solo quieren sacar a los 'bichos' de Argumosa para especular con las viviendas". Bardera propone una "subida negociada de las rentas" para terminar con este conflicto, extremo que los propietarios rechazan debido, argumentan, a esos supuestos intentos frustrados del pasado.

"Sabemos que tienen más propiedades en Madrid y solo quieren sacar a los 'bichos' de Argumosa para especular", afirma Bloques en Lucha

"Ningún inquilino en proceso de desahucio ha dejado de pagar voluntariamente", continúa el portavoz. Son los propietarios, explica, quienes comenzaron a rechazar el abono del alquiler de forma coordinada, en una estrategia liderada por Inversión en Proindivisos para deshacerse de los antiguos y humildes inquilinos, liberar todos los pisos posibles (excepto los diez que se rigen por contrato de renta antigua y que pagan cantidades que no superan nunca los 200 euros al mes) y dar un pelotazo especulativo con nuevos contratos al alza o incluso la venta de todo el edificio a un gran inversor.

El edificio está valorado, en su estado actual, en unos tres millones de euros. Apelados por esta presunta estrategia de acoso, los propietarios suspiran. "Si hubiésemos rechazado los pagos del alquiler habríamos perdido los juicios. Es tan sencillo como eso", insiste la abogada de la propiedad. Responde Bardera: "Los inquilinos mandaban el dinero a otra cuenta y les decían que no se preocupasen. Cuando esto te ocurre, la única manera de demostrar que quieres pagar y estás pagando es irte a un juzgado con el dinero, pero entonces esto ellos no lo sabían".

Un ejemplo de lo controvertido del caso: Pedro Aguado, profesor de la Universidad de León, ha hipotecado su piso en esa ciudad, que es donde reside, para "poder pagar la plusvalía de los pisos heredados por mi hermana y yo, 40.000 euros en total". Pedro aporta un documento según el cual el banco le ha concedido 90.000 euros con su piso como aval y aún adeuda 78.000. "No tengo nada más que ese piso y la herencia de Argumosa. Fíjate si soy tan rico como dicen que tuve que irme a León a vivir, donde no tengo a nadie. Tengo un coche diésel tan viejo que no puedo entrar en Madrid. Y Argumosa no solo no me da ingresos, me cuesta dinero". Desde Bloques en Lucha, sin embargo, aportan otro papel en el que Pedro aparece como titular de hasta cuatro inmuebles. El afectado lo niega categóricamente. Pedro sí reconoce rentas mensuales por el alquiler del local comercial del edificio, el bar La Buga del Lobo, pero asegura que es insuficiente para hacerse cargo de todo, entre ello un IBI que alcanza 12.000 euros en total.

El conflicto de Argumosa 11 se centra especialmente en los siete pisos que habitan miembros de dos familias de etnia gitana, los citados Salazar y los Santiago. Los propietarios insisten en que ambas familias no solo se han negado a pagar sus propios alquileres, sino que, con la ayuda de Bloques en Lucha, han ido ocupando por la fuerza los pisos que han quedado vacíos una vez resuelto el contrato con otros inquilinos. Las dos familias y la plataforma lo niegan tajantemente. Al revés, dicen, los siete pisos han tenido sus contratos en vigor, firmados con cada propietario, y siempre han pagado el alquiler hasta que les cambiaron el número de cuenta corriente, rechazaron los ingresos y finalmente, al finalizar el contrato, les enviaron varios burofaxes advirtiendo de la demanda por impago. En definitiva, se retratan como víctimas de "acoso inmobiliario".

Juani, una de las tres desahuciadas el viernes, saca varios recibos un día antes de quedarse sin casa para demostrar que estuvo pagando mientras le aceptaron el dinero, hasta otoño de 2017. Desde LEAN vuelven a insistir en que Juani dejó de pagar porque así lo decidió, y que en todo caso su contrato ha estado todo este tiempo en vigor y podría haber abonado ese año y medio de deudas en cualquier momento. Juani replica que nunca tuvo opción. Y así, cada pequeño episodio, cada disputa, se sume en una espiral de argumentos contrapuestos que resulta imposible de contrastar. Solo hay una certeza: los propietarios quieren que los Salazar y los Santiago se vayan. Y ellos no quieren irse.

La historia de Pepi, Rosi y Juani ha sido retratada de manera conjunta, o por separado, en prácticamente todos los medios de comunicación del país. Llevan toda la vida de alquiler en Lavapiés y alrededor de 20 años en Argumosa, 11. En sus respectivos hogares no hay otros ingresos que los de las pensiones públicas (rentas de inserción, ayudas por minusvalía) e ingresos esporádicos en B, como los que consiguen vendiendo los fines de semana en mercadillos.

"Esta familia a lo largo de estos meses se ha convertido en un grupo organizado que controla siete pisos del edificio, por lo que no se trata de supuestos casos aislados de personas individuales que se encuentran en un verdadero estado de necesidad, sino que han encontrado una forma de vida en la que residen de manera gratuita en el barrio por ellos escogido y a costa de los propietarios, quienes soportan la carga", sostiene tajante Gómez. "Los que actúan como una familia son ellos, los Aguado", replican los Salazar. "Ellos sí que son un clan con intereses mafiosos".

El día antes del desalojo definitivo, las tres mujeres están inquietas. Han resistido una decena de órdenes de desahucio, siete de ellas contra Pepi, pero se rumorea que este es diferente a las demás. Y no se equivocan: es la primera vez que tres juzgados civiles, el 10, 11 y 33 de Madrid, se coordinan para emitir autos idénticos para desalojar tres viviendas de un bloque de una sola vez. "Han venido tantos periodistas que ya estoy acostumbrada a posar", bromea nerviosa Juani, en un apartamento que ocupa dos pisos y más de 130 m2. Su marido ronca en un sillón, su hija —dependiente— se sienta a su lado, su nuera ha llevado a su último niño —de apenas unas semanas— al pediatra. Su hijo entra y sale de una habitación.

"Si nos echan de aquí no tenemos adonde ir", insisten minutos después en el salón de Rosi, donde se han juntado una decena de vecinos, algunos de la familia Salazar y otros no. "A mí me quieren mandar a un albergue de esos para mendigos", se queja Pepi. "Si de verdad tuviese adonde ir, ¿crees que íbamos a pasar por esto?", lamenta Rosi. Toda su versión sobre lo ocurrido en estos meses es muy diferente a la que dan los propietarios, la familia Aguado.

No es un fondo buitre

Es fácil desmentir la afirmación de que Argumosa 11 es propiedad de un fondo buitre. El propio portavoz de Bloques en Lucha, Fernando Bardera, reconoce que Inversión en Proindivisos no es tal, y que algunos medios de comunicación han exagerado ese dato, si bien, insiste Bardera, la empresa estaría aplicando las mismas artimañas ilegales para expulsar a los inquilinos. La principal, subir un 300% el alquiler para pasar de pasar de 400 euros a 1.700 euros en algunos casos.

Bloques en Lucha aporta una tabla de precios de mercado para pisos en Lavapiés que Santiago Viciano, administrador de Proindivisos, presentó a Jorge García Castaño, concejal de Centro y Hacienda del ayuntamiento de Madrid, como propuesta para resolver el conflicto. En esa tabla se detallan los alquileres actuales de los pisos en proceso de desahucio (en ese momento nueve expedientes), rentas que oscilan entre los 250 euros por 55 m2 y 850 euros por dos pisos unidos de 130m2. Bloques en Lucha asegura que esa es la subida de alquileres oficial propuesta por Viciano, en efecto entre un 100% y un 200%.

Proindivisos responde que ese fue solo un documento orientativo para que el concejal viera lo desfasados que estaban esos alquileres respecto al mercado actual. La empresa sí reconoce haber tratado de subir un 100% los alquileres, pero por un motivo: "Si a una persona que paga 250 euros le intentas subir 100 euros, está claro que el porcentaje de subida es muy alto a pesar de que la subida real sea asumible". Bardera vuelve a insistir en que esa tabla era una propuesta de subidas. No existe más documento que ese, al que unos y otros se agarran, para validar la afirmación de que los propietarios trataron de subir un 300% las rentas.

"A mí la resistencia me parece muy bien, pero lo que no me gusta es que el edificio se haya convertido en un 'pisos a la carta' para algunas familias", se queja Juana, una vecina que tampoco paga sus 360 euros de renta pero disiente de la versión de Bloques en Lucha. Juana asegura que se dejó de pagar de forma coordinada cuando empezaron a llegar los burofaxes amenazantes de los propietarios, obviando el asunto del rechazo de los pagos.

"Estas familias [en relación a los Salazar y Santiago] toman el pelo a la plataforma. Ocupan los pisos que quedan libres, se enganchan a la luz, y todo con la ayuda de ellos. Una de ellas, Rafaela, dijo en una asamblea en La Canica que a ver si le conseguían un piso libre más bajo, que tiene las piernas muy mal, y la plataforma le dijo que ya lo verían. También ayudaron a instalarse en el edificio a unos primos de Juani que necesitaban ayuda", sostiene. Bloques en Lucha niega rotundo que ayude a nadie a okupar pisos.

"Argumosa es todo política", prosigue Juana muy enojada. "Es una forma de vida para la plataforma, para estas familias y también para el ayuntamiento, porque mientras no se resuelva el problema tienen algo de lo que hablar. Esto solo acabará cuando gobierne el PP y nos manden a mil policías a darnos de palos a todos". Esta vecina díscola también ataca con fuerza a los propietarios: "No han tocado una piedra del edificio en su vida y ahora quieren tener dinero a rabiar. Cobrando 300 euros a cada familia ya ganaban dinero. Son ricos y ni siquiera han arreglado nunca nada".

Apoyo de la ONU

El triple desalojo de este viernes generó una enorme protesta social por la gravedad del caso, que implica a menores de edad, personas mayores y una joven discapacitada que se quedan sin hogar. También incomodó el imponente dispositivo policial desplegado, que cortó la calle desde las 2 de la madrugada. Pero sobre todo provocó críticas porque un organismo de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), había requerido oficialmente que se "suspenda el desalojo" debido a que vulnera los derechos fundamentales de las familias desahuciadas. DESC exige que no se les expulse hasta que se haya puesto a su disposición una "vivienda alternativa adecuada".

Este comité emite veredictos desde Ginebra sobre casos abiertos en países miembros. Una de sus competencias es acreditar la situación de necesidad de los afectados por un desahucio, algo que han ratificado con varios vecinos del edificio, llamando a frenar los desalojos de vecinas como Pepi, Juani o Rosi. Los informes DESC son vinculantes para el estado al que apelan, en este caso España, pero no impiden que se ejecuten los autos judiciales. Bloques en Lucha y partidos políticos como Podemos consideran un absoluto despropósito que se haya vulnerado esta petición.

"No discuto su validez", reacciona la abogada de los propietarios. "Pero en todo caso es un documento vinculante para los estados, no para que los jueces ni para las personas que esperan que se haga justicia. Además, se me hace extraño que la ONU, un organismo consultivo cuyas resoluciones no son vinculantes, emita en unas pocas horas un documento supuestamente tan importante".

El caso ha llegado al propio Gobierno. Su portavoz, Isabel Celaá, lamentó que la política "no ha llegado a tiempo" para evitar la ejecución de desahucio "de cuatro familias, incluidos menores de edad y un bebé". El presidente Pedro Sánchez también publicó un tuit de condolencia.

Se han ejecutado tres desahucios de golpe, pero en Argumosa 11 todavía hay seis procedimientos de desalojo en trámite. La guerra entre los Aguado y los Salazar continúa. El próximo intento de expulsión está programado para el mes de abril.