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El TC obliga a Cifuentes a devolver el 5% que Aguirre quitó en 2010 a empleados públicos
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afecta a unos 2.000 trabajadores

El TC obliga a Cifuentes a devolver el 5% que Aguirre quitó en 2010 a empleados públicos

El Constitucional da la razón a los trabajadores de Hispanagua, filial del Canal de Isabel II. UGT asegura que se debe aplicar a todos los entes públicos con forma de sociedad mercantil

Foto: Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre.
Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre.

El Tribunal Constitucional (TC) ha obligado al Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes a rascarse el bolsillo. En una reciente sentencia, declara inconstitucional y anula la bajada salarial del 5% que la Comunidad de Madrid impuso en el año 2010 a los trabajadores de empresas públicas con forma de sociedad mercantil. Desde UGT, señalan que el dictamen del TC, aunque da la razón a los empleados de un ente público en concreto, Hispanagua, es aplicable a todo el personal en la misma situación. CCOO asegura que empezará a promover reclamaciones individuales si el Ejecutivo autonómico no devuelve de oficio las cantidades adeudadas. El pasado 2 de diciembre, otro sindicato, CSIT, solicitó a uno de los organismos supuestamente afectados, Nuevo Arpegio (la empresa pública de suelo), que "inicie a la mayor brevedad posible el procedimiento de devolución de las cantidades descontadas a cada trabajador desde 2010 más los intereses que legalmente correspondan".

El fallo de la sentencia es claro: "Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad, respecto de los apartados 1 y 2 de la disposición adicional primera de la Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid 4/2010, de medidas urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para 2010". Eran los peores años de la crisis, y el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero aprobó en mayo de 2010 un histórico real decreto para bajar los salarios a los funcionarios: un 5% anual.

Foto: (EFE)

Las comunidades aplicaron el decreto estatal, y algunas fueron más allá. "Soy partidaria de que si se reducen los sueldos a los funcionarios, también se reduzca a los empleados de empresas públicas. ¿Por qué sí a los que hicieron oposiciones para entrar y no a los que entraron a dedo y tienen el empleo garantizado para toda la vida? Eso me parece enormemente injusto", señaló Esperanza Aguirre en mayo de 2010. Dicho y hecho. Ese año, el Ejecutivo madrileño decidió también aplicar la bajada salarial del 5% "al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles".

Pero una de estas sociedades mercantiles, Hispanagua, filial del Canal de Isabel II Gestión, denunció ante los tribunales esta reducción salarial. Hispanagua está participada al 100% por Canal y es una sociedad anónima. Se dedica a trabajos de obra relacionados con las infraestructuras de abastecimiento de agua, ya sea con medios propios o mediante subcontratación de otras sociedades. UGT presentó una demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que en diciembre de 2011 la desestimó. El sindicato no se dio por vencido y recurrió ante el Supremo, que decidió en septiembre de 2014 plantear una cuestión de inconstitucionalidad y remitir al asunto al TC.

"La Comunidad de Madrid decidió incluir en la rebaja salarial a los trabajadores de empresas públicas con forma de sociedad mercantil, cuando no tenía potestad para ello", señala Enrique Aguado, abogado del equipo jurídico de UGT (aunque los intereses de los trabajadores de Hispanagua han sido defendidos por las letradas Pilar Vargas y Lydia Mora). El real decreto aprobado por Zapatero ya estipulaba que "la reducción salarial no será de aplicación al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles ni al personal laboral no directivo de las entidades públicas empresariales Renfe, Adif y Aena, salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación".

Aguado defiende que la sentencia del Constitucional es aplicable también a otros trabajadores regionales en la misma situación. No solo los de Hispanagua, todos los que pertenecían a una sociedad anónima en el año 2010. "La comunidad debería aplicar de oficio la devolución del 5% que ha restado anualmente desde el año 2010 hasta ahora". En el caso de Hispanagua, por ejemplo, la reducción salarial se empezó a aplicar en la nómina de julio de 2010. CCOO cifra en menos de 2.000 los trabajadores afectados, ya que muchas de las sociedades anónimas que había en 2010 ya no existen o se han fusionado con otras. Según el último boletín estadístico de personal (octubre de 2016), Hispanagua tiene 406 trabajadores. El resto de empresas públicas suman hoy 593 trabajadores, aunque en 2010 eran muchos más.

Foto: Manifestación con motivo del Día Mundial del Trabajo Decente. (EFE)

En 2010 había unas 25 sociedades mercantiles que dependían de la Comunidad de Madrid: Hidráulica Santillana SA; Hispanagua SA; Canal de Comunicaciones Unidas SA; Mercado Puerta de Toledo SA; Parque Científico‑Tecnológico Universidad de Alcalá SA; Centro de Transportes de Coslada SA; Turmadrid SA; Tres Cantos SA; Arpegio SA; Arproma SA; Gedesma SA; Canal Extensia SA; Promomadrid SA; Sociedad Pública Turismo Madrid; Campus de la Justicia de Madrid SA; Alcalá Natura 21 SA; Canal Energía SL; Canal Energía Generación SL; Canal Energía Comercialización SL; Canal Energía Distribución SL; Canal Gas Distribución SL; Hidroser, Servicios Integrales del Agua SA; Invicam, Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid SA, y Aeropuertos de Madrid SA. Uno de los trabajadores de uno de estos entes ha calculado que le deben 14.000 euros tras la sentencia del TC.

"Muchos de estos entes ya no existen", señala Javier Díaz Toril, secretario general del sector autonómico de Madrid de CCOO. "No creo que el Gobierno regional aplique de oficio la sentencia y devuelva el dinero a los empleados afectados. Vamos a promover reclamaciones individuales en cada una de las sociedades afectadas", explica Díaz Toril. En Arpegio (ahora Nuevo Arpegio) ya lo ha hecho. El sindicato CSIT ha pedido a la dirección de la empresa pública que inicie los "procedimientos de devolución" de los 70 trabajadores en esa situación.

La paga extra de 2012, en enero

Los empleados públicos de la Comunidad de Madrid cobrarán por fin en la nómina de enero el cuarto y último pago de la paga extra de 2012 (24,59%, correspondiente a 45 días) que la Administración regional, por sentencia, debe devolver a sus trabajadores. Así lo señala el sindicato CSIF, que asegura que la Dirección de Función Pública informó que este último pago no se haría efectivo hasta enero, al carecer de disponibilidad presupuestaria. 

El pasado 31 de diciembre de 2016, se publicó el Decreto 140/2016 que regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2016 para 2017, mientras se negocian y se aprueban las nuevas cuentas regionales. En el artículo 8 de dicho decreto queda regulada la recuperación de la parte de paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012.

De esta forma, los empleados públicos percibirán en la próxima nómina del mes de enero el último plazo de la parte proporcional de la paga extraordinaria que se dejó de percibir. Aquellos empleados públicos que hayan finalizado la relación laboral o se encuentren en situación de excedencia deberán rellenar una solicitud previa al centro al que hubiera correspondido abonar la paga en diciembre de 2012. Esta devolución también incluye a todo el personal que desde esa fecha (diciembre de 2012) haya concursado a otra Administración, que haya promocionado como funcionario o estatutario, o que haya finalizado la relación de servicio.

El Tribunal Constitucional (TC) ha obligado al Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes a rascarse el bolsillo. En una reciente sentencia, declara inconstitucional y anula la bajada salarial del 5% que la Comunidad de Madrid impuso en el año 2010 a los trabajadores de empresas públicas con forma de sociedad mercantil. Desde UGT, señalan que el dictamen del TC, aunque da la razón a los empleados de un ente público en concreto, Hispanagua, es aplicable a todo el personal en la misma situación. CCOO asegura que empezará a promover reclamaciones individuales si el Ejecutivo autonómico no devuelve de oficio las cantidades adeudadas. El pasado 2 de diciembre, otro sindicato, CSIT, solicitó a uno de los organismos supuestamente afectados, Nuevo Arpegio (la empresa pública de suelo), que "inicie a la mayor brevedad posible el procedimiento de devolución de las cantidades descontadas a cada trabajador desde 2010 más los intereses que legalmente correspondan".

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