Belén quiere morir... y podrá hacerlo pese a la maniobra de su madre para impedirlo

El 2 de noviembre, los sanitarios timbraron en el domicilio familiar de María Belén E. Alfonso, una mujer de 54 años diagnosticada de esclerosis múltiple cuando apenas contaba con 20. Los técnicos del Sergas tenían la encomienda de trasladarla desde el piso del Ensanche al Hospital Clínico de Santiago de Compostela (CHUS) donde iban a practicarle la eutanasia. Ella misma la solicitó y contaba con todos los informes preceptivos del Comité de Garantías y Evaluación del Servicio Galego de Saúde (Sergas).

Belén es una mujer consciente y capaz, pero desea liberarse de la cárcel en la que está encerrada dentro de su propio cuerpo. Quiere poner fin a años y años de dolores insoportables por una enfermedad crónica (EM) del sistema nervioso central en un estado ya muy avanzado. El covid, además, agravó su estado de salud.

Su madre, Carmen Alonso, de 79, cerró el paso a los sanitarios aconsejada por la Fundación Española de Abogados Cristianos, cuyo fin es la defensa en el ámbito jurídico de los valores del cristianismo. Esa misma mañana habían registrado un escrito solicitando medidas cautelarísimas para frenar el traslado de María Belén al CHUS. El suceso obligó a la Xunta a elevar un caso delicado a la Justicia tras este intento desesperado de la progenitora de refrenar la aplicación de una ley orgánica aprobada en marzo del 2021, y de contravenir la voluntad de morir de su hija. La otra razón que aporta Carmen es su miedo a quedarse sola.

La Fiscalía de Santiago notificó ayer a la Consellería de Sanidade del archivo de la denuncia de la madre y les autoriza a retomar el proceso para cumplir con la decisión de Belén, que elige morir dignamente para no seguir viviendo con dolor. "Prevalece la voluntad de la paciente", aseguró el consejero de Sanidad de la Xunta, Julio Comesaña, que agradeció la rápida respuesta del Ministerio Público en un proceso sensible y que fue expuesto mediáticamente por la rotunda negativa de la madre a que se llevasen a su hija en el día y fecha acordada.

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"Retomaremos el procedimiento donde se quedó, en el menor tiempo posible, y se consensuará con ella y con los profesionales", afirmó el consejero gallego. "Cuando estos procesos se inician, suele haber una inquietud por hacerlo cuanto antes y vamos a respetar esa decisión de la paciente y hacerlo como ella ha querido", terminó Comesaña, dejando entrever que la nueva fecha será próxima.

El caso levantó ampollas entre las asociaciones ultracatólicas. Estas se oponen al derecho a morir dignamente y agitaron desde Galicia un caso emocional. Pusieron a Carmen como señuelo de lo insoportable de ver morir a un hijo a pesar de su derecho a hacerlo. Desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente, Miguel Anxo García, su portavoz en Galicia, destaca que el porcentaje de población que lo solicita sigue siendo ínfimo y considera que no se activan los mecanismos necesarios para las personas enfermas que deciden acogerse a este derecho.

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21 prestaciones y 8 renuncias

Con Belén, ya son 58 las personas que han solicitado la eutanasia en Galicia desde la aprobación de la ley, de acuerdo a los datos de la estrategia PAM (Prestación de Ayuda para Morir) de la Xunta entre el 25 de junio del 2021 y el 30 de junio del 2023. De las 58, se llevaron a término 21 prestaciones médicas. Tres solicitudes fueron denegadas y otros ocho pacientes revocaron su petición. El 58,6% de los solicitantes han sido varones de 50 a 59 años y de 70 a 79. Las causas: neurológicas (50%) y oncológicas (31%). Otro dato: 26 pacientes gallegos que habían solicitado la eutanasia fallecieron antes por 'causas ajenas'. No llegaron a tiempo, o no les llegó a tiempo la muerte que habían elegido. Seis decidieron donar sus órganos para dar vida en su despedida.

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La comunidad gallega dispone de un apartado específico en la web del Sergas donde se detalla la complejidad del proceso y los muchos informes requeridos hasta llegar a un Comité de Garantías y Evaluación con 13 miembros (7 médicos especialistas, 3 juristas en bioética, dos profesionales de enfermería y una secretaria) con un funcionamiento reglado.

El informe anual del Ministerio de Sanidad sobre la aplicación de la eutanasia en 2021 cifró en 173 las solicitudes y en 75 prestaciones realizadas el primer año. Cataluña (29) marcó distancias con el resto de CCAA y sextuplicó las realizadas por Madrid (6) o Valencia (5) en el mismo ejercicio. Desde Derecho a Morir Dignamente (DMD) cifran en más de un millar las peticiones en toda España en estos dos años y en 370 las eutanasias completadas, 295 el pasado 2022.

402.761 personas en nuestro país han dejado por escrito sus deseos en el Registro Nacional de Instrucciones Previas -enero 2023- sobre los cuidados o tratamientos que desean recibir (o no) ante determinadas circunstancias médicas para afrontar la muerte y el destino de sus cuerpos.