La justicia noruega da la espalda a los 8.000 marineros gallegos que reclaman su pensión

La larga lucha de 8.000 marineros gallegos por sus jubilaciones va de revés en revés en Noruega. El Gobierno del país escandinavo niega a los extrabajadores del mar la jubilación a la que se hicieron acreedores durante 40 años, y por la vía judicial las cosas no les han ido mucho mejor, con una sentencia en abril de un juzgado de primera instancia local que les denegaba su reclamación. Ahora, un recurso formulado por el Ejecutivo noruego ha empeorado las cosas, al lograr de la Corte de Apelaciones que anule la sentencia e introducir el caso en lo que los afectados consideran "un laberinto judicial sin salida". "Lo que quieren es dilatar el caso para que pase el tiempo y vayan muriendo los marineros que reclaman", denuncian desde la asociación Long Hope, que los representa.

En total son 12.000 los marineros españoles, 8.000 de ellos gallegos, los que reclaman un total de 500 millones de euros a Noruega. Es un derecho que el Estado les niega a pesar de que durante casi 40 años contribuyeron a la hacienda nacional con más de un 40% de su salario en impuestos. El camino judicial nunca pareció sencillo, aunque la sentencia de abril y la aceptación del recurso han complicado notablemente su futuro, que podría ser de otro color si el Gobierno español hubiera tomado la iniciativa de la denuncia.

Durante 40 años aportaron a la hacienda noruega más de un 40% de impuestos de su salario

Durante los años en los que prestaron sus servicios en la marina mercante noruega, todos los marineros españoles abonaron religiosamente el equivalente local al IRPF. Pero, como comprobarían después, lo hicieron "a cambio de nada", denuncia Alfonso Paz, portavoz del colectivo. "Solo pagábamos por nuestro simple derecho a trabajar", lamenta. Long Hope calcula que Noruega ha recibido de los trabajadores españoles unos 520 millones de euros durante los más de 40 años que la mano de obra española trabajó en los barcos noruegos.

La asociación que los agrupa acusa al Ejecutivo del país nórdico de dejar que los afectados "vayan muriendo", para que la demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, institución en la que tienen depositadas todas sus esperanzas, deje de tener sentido. Es su explicación a la decisión de la la Corte de Apelaciones (Borgarting Lagmannsrett), con sede en Oslo, de desestimar el recurso presentado por Long Hope contra la sentencia del 28 de abril del Tribunal de Primera Instancia de Oslo, que fue favorable a Noruega al entender los jueces que no había habido vulneración de derechos fundamentales por falta de protección social. Peo la cosa no quedó ahí, porque la corte sí ha aceptado el recurso del Gobierno al alegar que no hay resolución administrativa alguna en la que se denegase la pensión de la Seguridad Social a los afectados, lo que anuló la sentencia.

Se les deniega así a los marineros españoles la vía civil, puesto que ya no existe en la práctica una primera sentencia al respecto. Cabe la posibilidad de presentar un recurso ante el Supremo, que Long Hope formalizará antes del 31 de diciembre, último día hábil para presentarlo, con la confianza de que esa instancia revitalice la vía civil, que fue la que iniciaron, sin renunciar a la social. Los afectados no pueden recurrir al Tribunal de Estrasburgo hasta que no agoten las instancias judiciales en el país nórdico.

En definitiva, un galimatías judicial en un país lejano y con un colectivo envejecido, una mezcla que puede permitir a Oslo ganar "un tiempo valiosísimo", según el portavoz de Long Hope, Alberto Paz. "Lo que se pretende es que pase el tiempo para que vayamos muriendo las personas que quedamos, evitando así que el asunto se juzgue en el Tribunal de Estrasburgo", sostiene el colectivo en un comunicado.

Porque el tiempo no pasa en balde en el colectivo de los marineros que trabajaron para la marina mercante escandinava. En el año 2008 fallecieron 46 afectados, y desde que se inició el proceso judicial murieron otros 19, una cifra que, lamentan, por desgracia se irá incrementando año a año, ya que la situación se inició mediado el pasado siglo.

Un galimatías judicial en un país lejano y con un colectivo envejecido, una mezcla que puede permitir a Oslo ganar "un tiempo valiosísimo"

El malestar de los afectados con el Gobierno español es notable. "Se desentiende del asunto y mira para otro lado con absoluta frialdad", acusan los afectados, que recuerdan que el proceso judicial se atajaría si España fuese la que presentase directamente la demanda a Noruega en el Tribunal de Estrasburgo. "Los tiempos para la resolución de este problema de justicia social serían menores y menos costosos. ¿A qué espera España para demandar a Noruega? ¿A que estemos todos muertos para que no tenga sentido ir a Estrasburgo?", se preguntan los marineros de Long Hope.

Una especie de círculo vicioso atrapa a los afectados, ya que al no ser Noruega un país de la Unión Europea, la Comisión no puede instarle a reconocer los derechos de los trabajadores españoles, como sí hizo en el caso de los transfronterizos de Gibraltar. La firma en 1994 del Espacio Económico Europeo regularizó la situación para los marineros que se incorporaron después, pero los que se enrolaron entre 1955 y ese año, a los que no se permitía cotizar ni en Noruega ni en España, por no contar con domicilio en su país, quedaron en un limbo jurídico.

La Comisión Europea ha reconocido la injusticia social cometida durante esas cuatro décadas, entre 1955 y 1994, ya que, según la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, se incurrió en "un claro trato discriminatorio por razón de nacionalidad, al no existir residencia, respecto a los noruegos empleados en los mismos barcos". Pero como España es el único país que carece de un convenio bilateral con Noruega, la Unión Europea no puede asistirle. Los españoles son los únicos marineros europeos por lo tanto con el problema que denuncia Long Hope.

Pese a los reveses judiciales y administrativos, los 12.000 afectados no se rinden y anuncian que están dispuestos a agotar la vía judicial. Respecto a la diplomática, ya solo quedan palabras de desencanto para referirse a la falta de apoyo del Ejecutivo de Rajoy y del ministro de Exteriores Alfonso Dastis, que este enero prometió en el Senado que el Gobierno exploraría todas las vías jurídicas y diplomáticas. Transcurrido un año, los marineros no tienen noticia de gestión alguna de su departamento.