Visto para sentencia el juicio de Zaplana: "Ha sido un honor ser político aunque me haya traído aquí"

Visto para sentencia el juicio del caso Erial. El proceso que ha sentado en el banquillo de los acusados a Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat valenciana y exministro de Trabajo y portavoz en el Gobierno de José María Aznar, se ha cerrado este jueves con los informes de conclusiones de los abogados y una última intervención de los acusados en el que el también antiguo ejecutivo de Telefónica ha vuelto a defender su inocencia y ha lanzado un alegato de tintes políticos defendiendo su labor en su etapa al frente de instituciones. "Fue un honor dirigir equipos de personas que entregaron lo mejor de sí mismos en esa etapa y un privilegio dedicarme a la vida política, una actividad digna donde las haya, aunque su ejercicio nos haya traído aquí. Pero que yo esté aquí no tiene culpa la política", ha firmado de forma críptica y algo contradictoria.

Zaplana, que fue advertido por el presidente del tribunal, Pedro Castellano, de que su reflexión personal tenía poco que ver con el contenido de la causa, insistió en que no cometió ninguna ilegalidad al frente de la Generalitat y que "no he tenido nunca dinero en el extranjero", afirmó. "Se ha querido trasladar una imagen y una idea de mí de un grupo criminal que usa y abusa de sus relaciones personales. Una imagen de una persona que se dedica a esconder su actividad y parte de su vida de una forma casi paranoica. Siempre he sido un buen amigo de mis amigos, y cuando he podido hacer un favor lo he hecho siempre sin ningún tipo de contraprestación", añadía antes de recordar sus nueve meses en la prisión de Picassent y defendiendo la trasparencia de su patrimonio.

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El tribunal debe decidir ahora si Zaplana formaba parte de una trama de cobro de comisiones en el extranjero a cambio de adjudicaciones de estaciones de ITV y parques eólicos licitadas por la Generalitat durante su etapa como presidente autonómico, y del posterior blanqueo de capitales usando testaferros y sociedades interpuestas. Cuatro de los acusados, personas clave en ese entramado han reconocido los hechos y han llegado a acuerdos de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. Uno de ellos es el que aquellos años era su jefe de gabinete, Juan Francisco García, que recibió más de tres millones de la familia Cotino (los hermanos Vicente y José también se han declarado culpables), gran parte de ellos a través de Luxemburgo.

Tras el discurso de Zaplana, García ha aprovechado su último turno de palabra para reiterarse en su confesión de que, no solamente cobró de los Cotino por el amaño de los concursos, sino que además el propio Zaplana estaba el corriente de ello. "Todo lo que declaré es absolutamente verdad. No son interpretaciones, no son aseveraciones de hechos que no haya conocido o en los que no haya participado directamente. He reconocido mi responsabilidad como medio de reparar el daño causado, como parte de la Justicia restaurativa", asestaba García, replicando directamente al abogado de Zaplana, Daniel Campos, que ayer puso en duda su versión de los hechos. "No tiene sentido pensar que yo había hecho una operación de este tipo sin conocimiento de él. Era mi superior jerárquico", insistió, tras explicar que en aquellos años hubiera sido imposible pactar un amaño con los Cotino sin que Zaplana se enterase.

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El que fue después presidente del club de baloncesto Estudiantes, reveló además que nunca negoció de forma "clandestina" con Anticorrupción la conformidad, sino que cuando arrancó esas conversaciones a través de su abogado informó personalmente al propio Zaplana en una reunión mantenida en casa de la hija del exministro y "en presencia de otro de los acusados". "Como amigo suyo le recomendé que él podría hacer lo mismo. No voy a citar su contestación. Añadí que debía pensar en él, en su familia y en una serie de personas como Mitsouko (Henríquez, secretaria de Zaplana) o Saturnino (Suanzes), porque su suerte iba a estar ligada a la suerte de Eduardo Zaplana. Él dijo que no", desvelaba García.

En la fase de la vista oral, el presunto testaferro del exministro, Joaquín Barceló, también ha reconocido los hechos y ha señalado a Zaplana como propietario último de una parte importante de los fondos movidos entre Luxemburgo, Andorra o Suiza y en inversiones inmobiliarias en España.

Anticorrupción, que ha rebajado las peticiones de penas para los conformados, reclama para Zaplana 14 años de prisión y una multa de 24 millones de euros. Su suerte está ahora ligada a la decisión de un tribunal compuesto tres magistrados, dos mujeres y un hombre.