Anticorrupción rebaja la petición de penas a los Cotino y el jefe de gabinete de Zaplana tras sus confesiones

La Fiscalía Anticorrupción ha aplicado a los hermanos Vicente y José Cotino, al que fue jefe de gabinete de Eduardo Zaplana, Juan Francisco García, y a Joaquín Barceló, el presunto testaferro del exministro de Trabajo, la atenuante de confesión "muy cualificada", conforme al artículo 21.7 del Código Penal. “La confesión efectuada y reconocimiento de hechos supone una efectiva colaboración con la Administración de Justicia", señala en su escrito de conclusiones presentado esta mañana en el juicio que se celebra en Valencia.

Las defensas de estos cuatro acusados se han adherido al escrito del fiscal y han mostrado su conformidad con las penas propuestas, que supondrán, en caso de fallo condenatorio, peticiones de prisión de menos de dos años, por lo que tienen muchas opciones de quedar en libertad si no cuentan con antecedentes penales. “Han tenido la valentía de reconocer hechos graves de delitos de corrupción”, ha dicho el fiscal Pablo Ponce en su exposición.

En concreto, Anticorrupción ha rebajado la petición de Barceló de ocho años de prisión a un año y tres meses por blanqueo de capitales y multa de cinco millones de euros, con informe favorable a la suspensión de la entrada en la cárcel en caso de impago. Por el delito de grupo criminal, le reclama una pena de cinco meses de prisión. Barceló señaló que los fondos que manejó a través de sociedades y cuentas en Luxemburgo y Andorra eran propiedad de Zaplana y tenían el origen en los pagos que efectuaron los hermanos Cotino a cambio de las adjudicaciones públicas.

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También Juan Francisco García confesó el amaño de los concursos de las ITV y la percepción de un soborno de algo más de tres millones de euros, dos de ellos a través de la sociedad luxemburguesa Fenix Investment. El fiscal ha rebajado su acusación a un año y cinco meses y 300.000 euros por blanqueo de capitales, un año y seis meses y un millón de euros de multa por cohecho y un año por falsedad en documento mercantil. García podría evitar la entrada en prisión, pues ninguno de los delitos supera los dos años y no cuenta con antecedentes penales.

Para los hermanos Cotino también se reclaman penas inferiores a dos años y multas de algo más de cuatro millones de euros.

El fiscal ha retirado también a la acusación de un delito de falsedad al propio Zaplana, pero mantiene el grueso de las penas para el resto de los delitos. Por la figura ilícita de organización criminal, reclama tres años de cárcel para el expresidente de la Generalitat Valenciana. Por el delito de blanqueo pide al tribunal que imponga una pena de cinco años de cárcel y 20 millones de euros de multa, además de la inhabilitación para el ejercicio profesional y de comercio por un tiempo de tres años. Por un cohecho continuado, el fiscal Pablo Ponce reclama a Zaplana otros seis años de cárcel y otros cuatro millones de multa. Por la falsedad continuada pide al tribunal otros tres años. En total, Anticorrupción solicita 17 años de cárcel para el que fue ejecutivo de Telefónica, dos años menos que en el arranque del juicio.

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Ponce ha trazado en su exposición de conclusiones cómo se amañaron los concursos en favor de los Cotino, que emplearon la sociedad luxemburguesa Imison Internacional para pagar sobornos tanto a García como a Zaplana a través de Barceló, que fue quien tenía poderes en las cuentas y en la sociedad que le fue traspasada. Posteriormente, el control de los fondos pasó a manos del asesor financiero uruguayo Fernando Belhot, que también declaró como testigo que tenía el encargo de Zaplana para ejercer esa labor de testaferro. El dinero se movió por cuentas y sociedades en Suiza, Panamá, Uruguay o Países Bajos y una parte importante se trasfirió a sociedades en España para realizar operaciones inmobiliarias y cubrir gastos. Una de las operaciones fue la compra de un piso en la calle Núñez de Balboa de Madrid en el que el exministro residió durante ocho años.

En su escrito de conclusiones, Anticorrupción ha retirado la acusación a la exdiputada del PP y amiga de Zaplana, Elvira Suanzes, y al empresario Pedro Romero, peluquero de Zaplana y otros dirigentes populares como el expresidente del Gobierno, José María Aznar. También propone la absolución de Ángel Salas, otro de los acusados. En los tres casos ha explicado que no considera que tras el juicio se hayan presentado pruebas suficientes que sustenten la acusación.