El Gobierno presiona a las coaliciones de PP y Vox para frenar las leyes de "concordia"

El Gobierno mueve nuevas fichas para tratar de frenar, o al menos condicionar, la tramitación de las leyes de "concordia" que los gobiernos territoriales con mayorías parlamentarias del Partido Popular y Vox están impulsando en la Comunidad Valenciana y Castilla y León para sustituir a las actuales leyes de memoria histórica o, directamente derogarla, como ha ocurrido en Aragón. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha remitido una carta a la presidenta de las Cortes Valencianas, la voxista Llanos Massó, en la que le traslada copia del informe elaborado por los tres relatores independientes de Naciones Unidas (ONU) sobre la ley que quieren sacar adelante los grupos que dan sustento al gobierno del conservador Carlos Mazón. En la misiva (pinche para leerla), Torres señala que toda "acción legislativa" tiene que estar "sujeta al cumplimiento del derecho internacional y de los compromisos adquiridos por España" e invita a Massó a remitir el texto a todos los grupos parlamentarios para que los tengan en cuenta antes de tomar decisiones sobre la ley autonómica.

La carta de Torres fue desvelada por la propia presidenta de la Cámara valenciana, que calificó de "injerencia" y "chantaje" la advertencia gubernamental. "Se está haciendo un uso partidista del Gobierno de las administraciones, se está vulnerando la separación de poderes", dijo la dirigente ultraconservadora.

El documento (pinche para leerlo) firmado por Fabian Salvioli, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz avisa de que los textos legislativos que pretenden sacar adelante las coaliciones de PP y Vox "podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales y/o locales, en materia de derechos humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos", señala el informe de los relatores.

En concreto, los expertos de la ONU en reparación de víctimas o desapariciones forzosas señalan que las leyes de "concordia" que se están tramitando vulneran el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por España el 27 de abril de 1977, el cual establece la obligación de garantizar que todas las personas dispongan de recursos para la reivindicación de sus derechos. Los relatores de la ONU recalcan que, según el párrafo 4 de la observación general 31 del Comité de Derechos Humanos, las obligaciones contenidas en el PIDCP "son vinculantes para todos los Estados y que todos los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), así como otras autoridades públicas o gubernamentales, cualquiera que sea su nivel -nacional, regional o local-, están en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado".

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Además, añade que el párrafo 18 estipula que, en virtud del artículo 2 del PIDCP, los Estados tienen la obligación de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos tipificadas como crímenes en la legislación nacional o internacional, en particular el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y otras infracciones graves, entre ellas la desaparición forzada. "No investigar y enjuiciar esas infracciones constituye de por sí un incumplimiento de las normas de los tratados de derechos humanos. La impunidad con relación a esas violaciones puede constituir un elemento importante que contribuye a la repetición de las violaciones", afirman.

Sobre el proyecto de ley valenciana, los relatores recuerdan que "disuelve todas las comisiones, los organismos y las instituciones autonómicas de carácter público" que se crearon por la norma autonómica de memoria democrática, y prevé que los procesos de memoria democrática iniciados y no concluidos al momento de la entrada en vigor de la nueva ley, serán "suprimidos de manera automática, a excepción de las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas". Sin embargo, insisten, no detalla las condiciones bajo las cuales se podrán iniciar nuevos procedimientos de este tipo. "Tomamos nota que el proyecto reconoce el derecho a acceder a toda la documentación existente sobre las víctimas, estableciendo garantías para la protección de los lugares que fueron objeto de violencia política y social durante todo este periodo".

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En su carta a la presidenta del Parlamento valenciano, el ministro Torres recuerda que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, "a través de sus relatores y grupo de trabajo", ha solicitado al Gobierno de España, que fue quien pidió ese informe, y a las autoridades legislativas "todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos".

Aviso a Azcón

La carta es un paso más en la ofensiva que el Gobierno ha iniciado contra las nuevas leyes. El Ejecutivo ya ha anunciado que prepara recursos de constitucionalidad contra los textos que suprimen las normas de memoria democrática por entender que entran en conflicto competencial con la ley estatal. Torres desvelaba este mismo martes que el Gobierno va a "invitar" al Ejecutivo de Aragón, que preside el popular Jorge Azcón, a una reunión bilateral para que revise la derogación de la ley de memoria, de forma que "vuelva al sentido común y a la defensa de los Derechos Humanos". Esa comisión bilateral es paso previo al recurso antes el Constitucional si no hay acuerdo entre las partes. Es lógico que el mecanismo de mediación se active igualmente para la Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Fuentes del Gobierno de Aragón confirmaron la recepción de la convocatoria de la comisión bilateral sobre las 15 horas de este martes e indicaron que no aceptarán la convocatoria "porque responde a las necesidades electorales del PSOE y no a los problemas reales de los aragoneses", informa Genoveva Crespo. "El 1 de abril, la portavoz del Gobierno, Mar Vaquero, ante el anuncio de esa convocatoria por parte del ministro Torres, ya dijo que el Gobierno de Aragón rechazaba esa convocatoria porque la derogación de la ley era jurídicamente impecable".